A 45 años de la noche del apagón, en Pateando el Tablero indagamos sobre los avances en los juicios respecto del reconocimiento y visibilización de los delitos sexuales como delitos de lesa humanidad.
Viernes 23 de julio de 2021 10:09
En la medianoche del 20 de julio de 1976 empezarían los apagones en el pueblo de Libertador General San Martín, Calilegua y alrededores, donde se cortó el suministro eléctrico para empezar el operativo que desplegó la dictadura cívico-militar en conjunto con la empresa Ledesma que se extendió hasta el día 27. El despliegue de las fuerzas policíales, gendarmería, militares, con capataces y camionetas que puso la misma empresa para facilitar la localización, terminó con la detención y secuestro de 400 personas, entre ellas trabajadores, activistas sindicales, militantes, docentes, mujeres y estudiantes, de los cuales 33 aún permanecen desaparecidos.
Las y los detenidos fueron trasladados en vehículos de la empresa Ledesma y del Ejército a la Comisaría N° 24 y a la delegación de Gendarmería, que funcionaba dentro del Ingenio azucarero. En esta base de la gendarmería se concentró a los secuestrados de distintas localidades para la posterior derivación a la Comisaría N° 9 de San Pedro o al Regimiento de Infantería de Montaña 20, entre otras dependencias transitorias, posteriormente todos fueron llevados a la localidad de Guerrero donde funcionaba un centro clandestino de detención.
El dominio de la empresa Ledesma sobre el pueblo de Libertador en ese momento era casi absoluto, al punto de no distinguir claramente un límite estatal, la empresa controlaba las viviendas, las escuelas, los hospitales, los caminos, los servicios públicos. Por eso las detenciones fueron parte de un plan sistemático de vigilancia y señalamiento por parte de la empresa, quien facilitó datos, legajos y la información para llevar adelante las detenciones, que como es sabido, no empezaron en el año 76, si no que empezaron desde el año 1974.
Después de la efervescencia social con los levantamientos populares, estudiantiles y el ascenso obrero que se estaban dando desde 1969, incluso lo que se replicó en Jujuy y se conoce como el Aguilarazo, la histórica huelga de los obreros de Mina el Aguilar en 1973, el estado y sus fuerzas con la complicidad empresarial y eclesiástica elaboran un plan de aniquilamiento y disciplinamiento de la clase obrera.
A lo que me quería referir hoy es a los delitos sexuales cometidos durante el golpe de estado, donde hubo un particular ensañamiento con las mujeres, es decir las violaciones sistemáticas fueron un mecanismo de extorsión, sometimiento y disciplinamiento, parte de ese plan sistemático general.
Pasaron muchos años hasta que se logró dimensionar de alguna manera, en base a investigaciones, relatos y testimonios de las secuestradas y detenidas, porque específicamente este procedimiento, no se podía generalizar como un método más dentro de torturas y tormentos o como hechos eventuales de particulares, por lo que la justicia los consideraba prescriptos. Contemplar la especificidad del procedimiento, implicaba verlo desde una perspectiva de género, las violaciones fueron métodos extorsivos direccionados particularmente hacia las mujeres, por eso, a partir de los testimonios, relatos y denuncias se exigió que los delitos sexuales sean caratulados como delitos de lesa humanidad, es decir como un “ataque generalizado o sistemático”.
Esto recién sucede en el año 2010, el primer fallo que estableció a la violación como un delito de lesa humanidad, y, por lo tanto, imprescriptible, fue dictado aquel año por el Tribunal Oral Federal de Santa Fé.
Ahora, ¿por qué es importante el reconocimiento y la visibilización de estas prácticas como un delito de lesa humanidad? y no como una eventualidad de algunos particulares, sean policías, gendarmes etc. Porque es importante comprender que el horror y las vejaciones, físicas y psíquicas que se perpetraron estrictamente sobre las mujeres, que consistían en, la desnudez forzada, la exhibición de esa desnudez, tocamientos, requisas invasivas,aborto forzado, embarazos forzados, violación a solas o en grupo, mutilaciones, esclavitud sexual, o las amenazas de cometer esos actos, fueron parte de una acción simultánea por parte del estado, practicas cometidas por actores sociales del estado.
Aquí, en Jujuy, por lo manifestado por referentes de DDHH, se dice que no hay mujer que haya pasado por la seccional 9° de San Pedro que no haya sufrido ese tipo de delitos,en la megacausa de Jujuy la abogada María José Castillo, querellante por HIJOS y también en la causa Avelino Bazán comentó en una entrevista para un portal que “en el quinto juicio, pedimos un cambio de calificación para que se condenara por delitos sexuales en la causa San Pedro, porque una de las víctimas había sufrido esa clase de delitos en reiteradas oportunidades. Estaban los imputados ahí sentados y no habían sido procesados por esos hechos, y todo por un sesgo ideológico de la Cámara de Apelaciones de Salta, que impidió que se juzgara en esa causa los delitos sexuales. Ahora, en el sexto juicio, hay dos imputados que llegan por esos delitos”.
La importancia, agrego, implica considerar la participación y la complicidad que se extiende a todos aquellos que tomaron parte, es decir a un aparato centralizado de poder y sus cómplices, quienes quisieron disciplinar a fuerza y horror a las mujeres que se organizaban, a las que se consideraba peligrosas y doblemente revulsivas para la época, ¿por qué? porque todas esas mujeres, con su organización y militancia, en el terreno ideológico y la intervención política, ponían en cuestión los mandatos sociales, los roles y funciones asignados de manera “natural” a las mujeres, las violaciones perpetradas eran un mensaje de disciplinamiento para todas las mujeres. Algo que no pudieron lograr, porque el devenir de la historia, desde las abuelas y madres, hasta el grito de ni una menos o la marea verde, muestra que las mujeres son la expresión de una lucha sin descanso, de una fuerza que no se puede doblegar.
La violencia de género perpetrada por el mismo aparato centralizado de poder que es el estado, no hace más que poner de manifiesto la santa alianza entre el capitalismo y el patriarcado, por eso hoy, el mejor homenaje que le podemos hacer a toda esa generación que se organizaba para cambiar la sociedad de raíz, es seguir levantando las banderas socialistas y revolucionarias, y la denuncia amplificada de juicio y castigo, denunciando la impunidad que les brindan los gobiernos y cárcel efectiva a los cómplices empresariales cómo Blaquier.
