Tribuna Abierta. Demandas laborales: revictimización, daño moral y patrimonial a los trabajadores

Con los recortes y despidos injustificados en las dependencias del Estado, a nivel local y federal, que se dieron como consecuencia de la Austeridad Republicana del gobierno de la 4T, diversos trabajadores y trabajadoras recurrieron a demandas legales donde denunciaron la violación a los derechos humanos y laborales. Sin embargo, la resolución de los conflictos suelen durar en promedio 4 años o muchos más y, lejos de acceder a la justicia, coloca a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad, por los gastos y el desgaste moral que tienen que absorber.

Dentro del Plan de Austeridad Republicana de la administración actual, se contemplan 50 puntos primordiales a ser ejecutados, entre ellos el recorte de 70% del personal de confianza en la Administración Pública Federal (APF), el cual inició el mes de enero del 2019, sumando más personas a la tasa de desocupación, la cual fue de 3.3 % en enero de 2018, 3.5 % en enero de 2019 y para enero de 2020 fue de 3.7 %. [1]

Haber realizado los recortes sin leyes o reglamentos que controlaran dichas acciones, concluyeron en abusos de autoridad y en una oleada de recursos interpuestos por los trabajadores al servicio del Estado no sólo de confianza sino de base y de servicio profesional de carrera ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA). Lo anterior, no sólo por despidos injustificados sin indemnización conforme a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, sino por atropellos y autoritarismo ante otras instancias por no ser contemplados dentro de los juicios laborales. Los daños morales y patrimoniales a las y los trabajadores despedidos de forma injustificada evidenciaron la violación de los derechos fundamentales.

Por otro lado, los largos procesos laborales ante el TFCA en Ciudad de México —instancia encargada de resolver dichas controversias, que es parte de la APF y no del Poder Judicial— deben ser financiados por los despedidos con sus propios recursos, lo que resulta en una agravante, ya que, si bien es una garantía individual que los servidores públicos reciban justicia expedita, [2] el Estado retrasa en tiempo la emisión de las resoluciones, afectando de manera directa a los desempleados, que sin ningún tipo de indemnización tienen que solventar gastos de largos juicios —que afectan su patrimonio, economía, nivel de vida y también su salud— además son revictimizados por ser “burócratas”, lo que complica su inserción laboral, al no contar con cartas de recomendación o algún tipo de documento que avale su desempeño y experiencia.

Hasta 2008 un análisis estadístico señala que la duración en promedio para emitir un laudo por alguna de las Salas del TFCA era de entre tres y cuatro años aproximadamente. [3] Así pues, los trabajadores despedidos injustificadamente se enfrentan a una problemática social variada: desde la falta de oportunidades laborales debido a la edad, la estigmatización al provenir de la burocracia, [4] la falta de un reconocimiento de su antigüedad y experiencia fuera de la APF, opciones limitadas de reinserción laboral y juicios laborales que pueden parecer eternos, aunado a todo lo anterior, la crisis económica causada por la actual pandemia, agudiza el desempleo lo que perjudica directamente el ingreso económico de la población en general.

La duración de los procesos por despido injustificado coloca a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad que empeora con el paso del tiempo, entre más tarda la emisión de un laudo, más se perjudica al trabajador; peor aún, si dicho laudo no es favorable a las demandas del trabajador da lugar a la necesidad de interponer recursos para apelar dicha resolución, de manera que, no sólo estamos hablando de 4 años (lo que en promedio duraba un proceso laboral cuando el laudo era unánime), sino que podrían durar más de 6 años si se interponen amparos. Por ende, buscar un laudo favorable para el trabajador —ya sea para la reinstalación o el pago económico por los años de servicio— puede implicar un proceso que podría durar 10 años o más y en algunos casos el tiempo que tarda la resolución de un juicio, puede incluso rebasar la esperanza de vida del trabajador.

La espera de largos periodos de tiempo no garantiza la obtención de un beneficio, ya que aquellos procesos que ya se encontraban interpuestos ante el TFCA están condenados a esperar más años del promedio, debido en primer lugar a la contingencia que atraviesa el país debido a la pandemia de Covid-19 y la constante suspensión de plazos y términos para los diferentes procesos, en segundo lugar, por los expedientes rezagados antes de la emergencia sanitaria.

Si bien la reforma al Sistema de Justicia Laboral busca dar resoluciones en tiempos más breves, sólo aplica a los nuevos juicios y ello tampoco asegura obtener un laudo favorable para el trabajador, lo que implicaría llevar los casos ante tribunales especializados sin que se pueda asegurar que esto resulte en el pago al trabajador de lo que por derecho le corresponde, derivando en procesos que seguirán durando años para ser concluidos, todo lo anterior se suma a las carencias, fallas y numerosas áreas de oportunidad del sistema de justicia en México, el cual no cuenta con herramientas digitales que sean funcionales y que reduzcan los tiempos de los procesos, en resumen, los trabajadores y las trabajadoras siguen siendo los más perjudicados en un sistema de justicia cuyos métodos y recursos están situados en el siglo pasado, lo que dista mucho de ser una justicia pronta y expedita en algún ámbito del derecho.

Ante esta situación, se hace necesaria la organización de las y los trabajadores que presione políticamente para conseguir lo que por ley nos corresponde. Si quieres recibir orientación, acércate a las redes del Movimiento Nacional contra la Precarización Laboral y los Despidos.