Mientras avanza un rápido aumento de los contagios, aumenta la sobrecarga en el personal de salud y un sistema público atravesado por el ajuste, sin un plan integral por parte de los gobiernos.
Lunes 8 de abril de 2024 00:00
Con un promedio de 600 casos nuevos por día, la curva de contagios de dengue continúa creciendo en Tucumán. Este incremento de casos –según los datos epidemiológicos, en Tucumán cada dos minutos se diagnostica un caso de dengue– se traduce desde hace semanas con guardias de hospitales y centros asistenciales repletas de consultas, sobrecargando a sus trabajadores y con un sistema de salud al borde del colapso. Esta semana se superaron los 20.000 casos, sin embargo se estima que esa cifra debería multiplicarse por tres ante el subregistro por la falta de testeos. A su vez, el Ministerio de Salud provincial informó de cinco víctimas fatales por el agravamiento de sus cuadros, tres de ellas son docentes, conmoviendo al sector.
Las proyecciones oficiales estiman que aún faltan dos semanas más para alcanzar el pico de la epidemia, esperando luego un descenso de los contagios. Sin embargo, no se descarta que el mosquito Aedes aegypti circule hasta junio o julio, como ocurrió el año pasado. Con esas proyecciones, es posible que se superen los 40.000 casos, cifra récord durante 2023.
A diferencia del año pasado, esta vez los contagios no se concentran solamente en el Gran San Miguel sino que también hay puntos críticos en la provincia. Por ejemplo, en Yerba Buena los casos pasaron de 70 cada 10.000 habitantes a 200 esta semana, mientras que en Cruz Alta, se pasaron de 55 casos cada 10.000 habitantes a 191 ahora. En localidades como Aguilares el 50% de la población tuvo dengue, ya que desde el rebrote de fines enero el hospital reporta entre 7.000 a 8.000 casos por mes. Las cifras de ausentismo escolar son otro indicador de la situación: según la ministra Susana Montaldo, actualmente hay un 15% de ausentismo a nivel provincial por los casos de dengue, cifra que sería del 30% en el sur provincial.
Este importante crecimiento de casos llevó a un notable incremento de las filas que duran horas para consultas en las guardias, con la demanda de mayor personal (que a su vez también sufre los contagios) y recursos que tensionan a un sistema de salud en tiempos de ajuste.
Responsabilidades compartidas
La epidemia de dengue que afecta al país tiene enfrente a un Gobierno nacional que mientras avanza con el ajuste no toma ninguna medida, incluso reafirmando su negativa a la vacunación gratuita. Luego de un silencio de semanas, el Ministerio de Salud de la Nación emitió un comunicado vergonzoso culpando a los medios y al Gobierno anterior por la suba de los casos. Mientras tanto, los empresarios especulan con la producción y comercialización de los repelentes, un elemento básico al cual cientos de miles de personas no pueden acceder a los montos absurdos que se cobran.
La política brutal de ajuste de Milei alcanza a la salud pública pero en ese rumbo no está solo. Osvaldo Jaldo es uno de los gobernadores que también aplica la “motosierra”, con consecuencias en el desfinanciamiento de la salud pública que impide tener una política integral de prevención en los meses previos al verano y también poder hacer frente ante los brotes como el actual. Solo en medio de esta epidemia, el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, se muestra encabezando operativos de fumigación en zonas puntuales, cuando los reclamos por aguas servidas, baldíos y cacharreos son una constante. Lo mismo ocurre con la fabricación de repelente de citronela por parte de la Farmacia Oficial, que no da abasto con la demanda. A su vez, tampoco hay ningún plan de vacunación.
Las responsabilidades compartidas entre el Gobierno de Milei y el de Jaldo llegan incluso a la omisión de cualquier crítica a la Nación por su inacción ante esta crisis sanitaria.
Un plan de emergencia
En este marco crítico, el Frente de Izquierda Unidad planteó la necesidad de declarar la Emergencia sanitaria. Por eso Alejandro Vilca, diputado nacional por Jujuy, volvió a ingresar en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que ya había impulsado durante la epidemia de 2023 y fue ninguneado por el Gobierno del Frente de Todos.
El proyecto propone, entre otras cuestiones, que se garantice bajo estricta prescripción médica, la gratuidad de la vacunación para la población mayor a 4 años en hospitales, establecimientos asistenciales y postas sanitarias. Asimismo plantea que se garanticen medicamentos, insumos, equipamientos de los centros sanitarios y que se provea masivamente de agua potable y repelente a todos los barrios e instituciones de referencia.
La salud no puede ser un negocio, es un derecho fundamental. Son las y los trabajadores y los sectores populares quienes deben exigir estas medidas mínimas contra el dengue, por una verdadera solución, en favor de la vida y la salud de las mayorías.
