El fiscal Marijuan denunció penalmente a 52 de las 55 universidades nacionales. El manejo discrecional de fondos por parte de autoridades y funcionarios y el debate sobre el presupuesto educativo.
Jueves 17 de noviembre de 2016
Luego de un año que empezó con reclamos y masivas movilizaciones por estudiantes secundarios, terciarios y universitarios en reclamo del boleto educativo y contra el ajuste presupuestario a las universidades por parte del gobierno de Cambiemos, esta semana el Poder Judicial puso sobre la mesa un cuestionamiento al manejo del presupuesto que envía el Estado a cada universidad nacional del país.
La investigación, iniciada a principio de año por el fiscal Guillermo Marijuan sobre el destino de fondos para financiar universidades públicas bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, comenzó apuntando principalmente a las universidades del conurbano bonaerense que respondían al peronismo o fueron creadas directamente durante su gestión. Los informes en portales de noticias y programas televisivos, incluso apuntaban sobre los convenios de las llamadas “universidades K”. La Universidad de Tres de Febrero fue el primer blanco de las importantes denuncias que ahora se generalizan sobre la posibilidad de malversación de fondos públicos, tanto por parte de las autoridades universitarias como por parte de funcionarios del Estado Nacional.
La noticia tomó un salto importante cuando este lunes, el fiscal Marijuan denunció penalmente a 52 de las 55 universidades nacionales del país por “malversación de caudales”. Las mismas serán investigadas para determinar la utilización del financiamiento estatal que les fuera designado en los últimos años. Según la agencia oficial Telam, la investigación preliminar de Marijuan comenzó a raíz de notas periodísticas que daban cuenta de la supuesta distribución de 747 millones de pesos entre noviembre y diciembre de 2015 a través de resoluciones de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación que conducía Alberto Sileoni. Sólo quedaron exentas tres universidades nacionales en el país.
La investigación, que comenzó como una batalla más de Cambiemos y grupos mediáticos hegemónicos por cuestionar la herencia recibida del kirchnerismo (que acumula causas de corrupción), empieza a transformarse en un ataque al conjunto de las universidades y pone en cuestión los fondos que financian la educación pública universitaria, tomando uno de los aspectos más neoliberales que se mantuvieron y adaptaron estos años como es la responsabilidad de los negociados que mantienen los funcionarios y autoridades con la educación pública.
En el día de ayer, Página12 destacó el rechazo de los rectores frente a esta denuncia: los radicales, porque ven que se “generaliza” una denuncia que venía estando sólo circunscripta a las universidades dirigidas por el peronismo, y los opositores al gobierno de Cambiemos, por considerar que es una operación política para quitarle financiamiento a las universidades.
Lo que ningún rector o decano dice es que, con modalidades más o menos similares, tanto las denominadas “universidades K” como las dirigidas por Cambiemos (PRO, UCR, reformistas) han aprovechado sus posiciones de poder para hacer cuantiosos negocios: con fines de enriquecimiento personal, como mostró el escándalo del decano de la Facultad Económicas de la UBA y los fondos del Hospital de Clínicas; para favorecer a sus agrupaciones políticas, como denunció la Procelac a la decana de Derecho de la UBA; o directamente para beneficiar a empresas multinacionales mediante distintos convenios y casos de precarización laboral. Al mismo tiempo, se da a conocer un nuevo convenio entre el Estado y la UBA sobre el traspaso del Hospital de Clínicas a la esfera estatal.
El cuestionamiento del fiscal Marijuan puede facilitarle la tarea al actual gobierno nacional para continuar la rebaja presupuestaria, cuestión por la cual se mostró una de las movilizaciones opositoras al gobierno más concurridas del año defendiendo la educación pública. Sin embargo, si esto es posible es gracias al rol que han jugado autoridades y funcionarios de las universidades públicas, que son parte cómplice tanto de acordar las rebajas presupuestarias como protagonistas de los negocios mafiosos con las instituciones educativas. Frente a las deficiencias en infraestructura, salario y condiciones que hacen a la permanencia y calidad de la educación universitaria, se demuestra que no sólo el presupuesto es insuficiente, sino que es necesario atacar el problema de quiénes y para qué lo manejan.
El conflicto educativo nacional, en mayo de este año, y los procesos de organización en cada colegio y facultad muestran en lo inmediato que los únicos interesados en defender la educación pública y de calidad son los estudiantes, docentes y trabajadores, frente a la posibilidad de que esta termine siendo una variable más de ajuste a los trabajadores y la juventud por parte del Gobierno. Pero también evidencian, más profundamente, que ellos son los únicos que tienen la fuerza para poner en cuestión los privilegios y negocios de las castas radicales y peronistas que manejan la universidad de forma antidemocrática, contra los intereses de la mayoría estudiantil y trabajadora.
