Lo hizo la Comisión Provincial por la Memoria que preside Adolfo Pérez Esquivel. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Kicillof ya tiene en mano todas las denuncias. Es quien tiene a su cargo el SPB.
Viernes 20 de noviembre de 2020 12:44
La Comisión Provincial por la Memoria presentó un informe ante el Ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, en el que describe las consecuencias de la brutal represión del Servicio Penitenciario Bonaerense durante los días 31 de octubre y 1ero de noviembre y pide que se investigue y sancione a los penitenciarios responsables.
En el informe presentado este miércoles, el organismo señala: "Durante esos días, la CPM presentó 1.580 habeas corpus individuales y 21 acciones de carácter colectivo y decenas de denuncias penales para que se investiguen y sancionen las torturas perpetradas durante la protestas y también los días posteriores: heridas en zonas vitales con postas de goma disparadas a quemarropa, aislamiento extremo, falta de comida o entrega de comida podrida, traslados compulsivos sin orden judicial en medio de la noche, sin pertenencias y desnudos, la quema y destrucción de aulas universitarias, nula atención médica de heridos, entre otras represalias. También se reclamó al poder judicial la resolución de morigeraciones y la compensación por penas ilícitas. Se estima que más de 1.500 personas sufrieron diferentes tipos de torturas.
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"Antes, durante y después de las protestas en cárceles bonaerenses ocurridas el pasado 31 de octubre y 1º de noviembre, la actuación del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fue violenta e ilegal: provocaron un conflicto al anunciar y luego prohibir las visitas familiares, frente a las protestas reprimieron y luego tomaron represalias. La responsabilidad en toda la cadena de hechos es evidente y el saldo brutal: se estima que más de 1.500 personas fueron torturadas, centenares de personas trasladadas o heridas, algunas con lesiones que serán permanentes. La magnitud, escala y violencia de la actuación penitenciaria no tiene antecedentes recientes. Esto mismo ya había sido denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) a las pocas horas de ocurrido los hechos y tras su intervención directa: esos dos días, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la CPM se constituyó en las unidades penitenciarias 1, 9, 10, 24, 31, 37, 40, 45 y 48. Durante esas inspecciones de carácter urgente se entrevistaron personas detenidas, se reclamó la presencia de jueces penales y presenció procedimientos penitenciarios, como los recuentos de detenidos durante la madrugada, donde se relevaron heridos y torturados".
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Las cifras de detenidos torturados, trasladados y heridos, dan cuenta de una represión sin precedentes, tal como detalla el informe, que además asegura que los datos recabados son un subregistro, por la comunicación con las víctimas o por hechos informados por la justicia. "La CPM pudo constatar con precisión 426 lesiones sufridas por 338 personas durante la represión penitenciaria. El 70% sufrió lesiones por impactos de balas de goma, el 19% por golpes de puño o patadas, y un 9% por el uso de elementos contundentes o cortantes. Muchos relatos dan cuenta del uso de estos elementos -denominados «facas»- por parte de funcionarios penitenciarios para encubrir sus agresiones y hacerlas pasar por lesiones producidas por peleas entre presos. Según el registro de las heridas: 113 de las 338, es decir más del 30% de las personas heridas, padeció lesiones en el rostro y la cabeza. Y de ellas, la mayoría fueron lesiones producidas por el impacto de balas de goma aun cuando, como ya se dijo, los protocolos de actuación prohíben expresamente disparar a la cabeza o zonas vitales del cuerpo".
Traslados ilegales, presos desaparecidos
En el informe se detalla como el Servicio Penitenciario en forma ilegal, trasladó a más de 700 presos sin dar a conocer su destino, permaneciendo desaparecidos por varios días. El organismo señala: "Luego de ocurridos los hechos, las represalias incluyeron traslados gravosos en los que sacaban a las personas “capeadas”, es decir sin aviso previo, sin sus pertenencias, durante la noche y en muchos casos desnudas o descalzas. Muchos de estos casos, sin que se cumpliera con la autorización previa del juez. Entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre, se produjeron más de 700 traslados. Estos traslados imprimieron, además, un castigo adicional: por la demora en la entrega de esta información por parte del servicio penitenciario, decenas de familiares estuvieron días sin saber dónde estaban sus seres queridos, generando más padecimiento y angustia".
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Reprimen a quemarropa y niegan atención médica
De acuerdo a lo denunciado, las cientos de personas heridas tampoco recibieron atención médica. La CPM explica que los heridos más graves se derivaron a hospitales públicos, pero que a los restantes prácticamente no se les dio respuesta, las personas detenidas debieron curarse con agua y jabón o azúcar en el mejor de los casos. "La prueba de la decisión penitenciaria de no brindar asistencia médica se constató en la unidad 48 que no contaba con sanidad para atender las personas; por solicitud del Ministerio de Justicia, se instaló durante un día un hospital público móvil del Ministerio de Salud provincial para asistir a los heridos y enfermos, pero el SPB decidió no llevar a nadie". Cabe preguntarse como es posible que el Servicio Penitenciario haga lo que le venga en gana sin que los responsables de las cárceles, en este caso el Ministro de Justicia bonaerense Julio Alak, tome ninguna medida al respecto.
Pasadas semanas de la brutal represión ninguna autoridad del Gobierno de Axel Kicillof ha tomado medidas serias para castigar a los penitenciarios responsables, y menos aún para que los problemas estructurales como el hacinamiento y las torturas sistemáticas que sufren las personas privadas de su libertad terminen de una vez.
No se puede dejar de mencionar la responsabilidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, a cargo de Matias Moreno, que lejos de condenar la represión del SPB, se limitó a sacar un comunicado en el que se refiere a lo ocurrido como "hechos de violencia".
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Tal como dice la CPM: "La gravedad de esta represión sin precedentes fue la máxima expresión de una realidad cotidiana en todos los lugares de encierro: la práctica sistemática de la tortura. Lo más grave de los hechos del 31 de octubre y el 1º de noviembre es que las condiciones que motivaron la protesta continúan: las demoras en resolver pedidos y la negativa recurrente a liberar personas, que por ley deben acceder a morigeraciones o libertades, deben revertirse. Descomprimir el sistema carcelario es una responsabilidad primaria del poder judicial. También el poder ejecutivo tiene herramientas legales para actuar y descomprimir el hacinamiento y sobrepoblación en lugares de encierro".
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