Se estima que el desvío de fondos suma un total de 13.7 millones de pesos, el responsable es el presidente municipal Armando Cabada y a la presidenta municipal del DIF Alejandra Carrillo.
Jueves 19 de diciembre de 2019
El pasado 12 de diciembre, se ventilaron en un diario electrónico local, una serie de señalamientos al presidente municipal de Ciudad Juárez. Desde dicho diario se pide a la administración de Armando Cabada se explique el desvío de 13.7 millones de pesos del presupuesto del DIF municipal para el financiamiento de las fiestas de los tres últimos Gritos de Independencia, donde se despilfarran grandes recursos en grupos musicales y espectáculos cultural y estéticamente ramplones que en nada contribuyen al desarrollo de una cultura de nuestra ciudad.
La negativa de la presidenta del DIF municipal, Alejandra Carrilo de Cabada (esposa del presidente municipal), y del administrador de la Ciudad, Rodolfo Martínez, a transparentar estos gastos ha generado reacciones desde distintos sectores. Si bien es cierto que los señalamientos se dan en el marco de la definición de candidaturas a la Gobernatura de Chihuahua; lo cierto es que la actual administración ha destinado recursos públicos a actividades que encajan en la autopromoción y constituyen un atraco a la ciudadanía que espera se resuelvan problemas de pavimentación, seguridad social e incluso de alumbrado público sin la pretendida privatización del servicio en la presente administración.
Son millones de pesos desviados en detrimento de las necesidades de las personas vulnerables de la ciudad, mientras la ciudad está inundada de baches, las luminarias de las colonias son deficientes y las que funcionan son apagadas intencionalmente para propiciar el respaldo al negocio de luminarias financiadas con deuda inflada.
La responsabilidad por estos desvíos denunciados abarcaría de igual manera a los integrantes de la Comisión de Hacienda, la panista Amparo Beltrán y los independientes Mónica Patricia Ríos y Carlos Ponce Torres, este último coordinador de la fracción edilicia del gobierno “independiente”.
Si bien estas acciones tienen implicaciones jurídicas es muy probable que ni siquiera se investiguen y que la práctica de utilizar los recursos públicos en actos superfluos alejados, no solo del marco legal, sino del más mínimo sentido del desarrollo cultural y social de los fronterizos.
Estamos en presencia del uso discrecional de los recursos públicos, que en tiempos de la 4T se siguen tolerando, estamos en presencia de la misma forma de construirse candidaturas a costa de los recursos públicos que generamos los contribuyentes. Lo mismo ocurre Con Maru Campus en la Capital de Chihuahua e inclusos con los previsibles precandidatos de la 4T que desde el Senado o desde sus puestos gubernamentales van construyendo sus plataformas electorales con los recursos que necesita las poblaciones del Estado Grande.
