Se trata de María Laura Díaz, médica residente de 4to año, que hace dos meses denunció maltrato físico y verbal por parte de médicos de terapia intensiva. A pesar de la denuncia en distintos organismos, la respuesta de las autoridades fue no renovarle el contrato laboral.
Martes 6 de octubre de 2020 11:16
Foto Página 12
A comienzos de agosto, María Laura Díaz, de 34 años, médica residente del Hospital Tornú de 4to año, denunció haber sufrido una situación de violencia física y verbal por parte de un médico de planta de la Unidad de Terapia Intensiva, y que fue avalado por la autoridad de dicha Unidad.
A partir de este hecho, realizó la denuncia correspondiente en distintos organismos y también se movilizaron con sus compañeros y compañeras de la Asamblea de Residentes y Concurrentes del hospital, como hicieron el jueves 24 de septiembre, para continuar denunciando estos hechos de violencia y agresiones que vienen sufriendo los residentes y concurrentes, y principalmente para reclamar que se tomen medidas frente a la agresión hacia María Laura.
Sin embargo, las autoridades del hospital no sólo no le dieron respuestas sino que no le renovaron el contrato, que vencía a fines de septiembre, y desde el 1 de octubre se encuentra sin trabajo.
“Mi contrato terminó el miércoles (30 de septiembre). Fui electa como jefa de residentes por votación en diciembre del año pasado. El director ya firmó los papeles de todos los jefes de residentes de los demás servicios, pero los nuestros no. Todo indica que no voy a tener trabajo en el este hospital ni en ningún otro del sistema público de CABA”, denunció en una entrevista realizada por Adriana Carrasco en Página 12 la médica.
Y a La Izquierda Diario agregó: “Estamos fuera del hospital desde ayer (1 de octubre). Nos dividieron a los residentes en diferentes hospitales, ni siquiera con fines formativos. Nos dejaron afuera de nuestro hospital, fuera de nuestro servicio. Y a los que tenemos guardias fijas en el Tornú, el director presentó una nota junto a la jefa del servicio, prohibiendo que se hagan guardias allí”.
Las residentes y concurrentes, principalmente las mujeres, vienen denunciando que son blanco de agresiones, maltratos físicos y verbales por parte de médicos de planta y autoridades hospitalarias. También denunciaron en un comunicado que esto forma parte de “un proceso de abandono más general de las responsabilidades formativas por parte del personal a cargo de la residencia de Terapia Intensiva”, que parecen considerarlos como mano de obra precarizada. En el marco de estas denuncias, desde las autoridades del hospital están evaluando cerrar la Unidad de Terapia Intensiva, situación muy grave principalmente en momentos donde más se necesita por la pandemia del Covid-19.
La denuncia correspondiente fue realizada en distintos organismos: en la Fiscalía Contravencional (Denuncia 656599), la oficina contra la violencia laboral del Ministerio de Trabajo, el INADI, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y las autoridades del Hospital Tornú y de la Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Salud porteño. Recibió el apoyo de la filial de Asociación de Médicos Municipales del Tornú, el Comité de Prevención de las Violencias del Hospital y asociaciones profesionales del Servicio Social, Psicología y las Ciencias Sociales.
María Laura Díaz, destacó los hechos de violencia y discriminación que sufren los residentes y concurrentes en los hospitales: “El ámbito municipal, entre los médicos, es bastante violento con el aspecto físico. Y esa violencia es jerárquica, de arriba hacia abajo. En tiempos de Covid, usamos el ambo quirúrgico y son muy comunes los comentarios ‘a vos te queda muy ajustado’. También hay mucha xenofobia, es muy común escuchar ‘son todos bolivianos’. Lo dicen por detrás, no se lo dicen en la cara a los médicos extranjeros. También ocurre cuando ingresa un paciente trans, el trato suele ser discriminatorio. Durante mi carrera no vi eso, no es algo que ocurra en la facultad o entre los residentes”.
Ya el 5 de abril del año pasado, Samanta Malaherre, instrumentadora quirúrgica del Hospital Udaondo, había logrado que la Justicia obligue a dos cirujanos a realizar un curso de la Subsecretaría de Derechos Humanos, luego de que la hostigaran al grito de “torta”, impidiéndole trabajar.
La Asamblea de Residentes y Concurrentes exige que se investiguen los hechos de violencia denunciados por María Laura Díaz y la aplicación de las sanciones correspondientes a los responsables, a la vez que cese toda forma de hostigamiento laboral sobre los residentes de la UTI.
Mariana Casas, médica residente compañera de María Laura, añadió en un comunicado: “Es increíble que en el país donde faltan intensivistas se pretenda despedir a una compañera por denunciar un hecho de violencia. Solicitamos la urgente intervención del Ministerio de Salud a cargo de Fernán Quiroz para frenar este despido ilegal, que viola la normativa vigente que regula el sistema de residencias de CABA. Los sancionados deben ser los agresores, no las víctimas”.
Es necesario rodear de la más amplia solidaridad y apoyo a María Laura Díaz, y a todas las residentes y concurrentes que reciben maltratos, realizan la denuncia y se las persigue por ello.
