Texto extraído del libro "Historias desconocidas de Chile (I)", donde se reseña el permanente discurso y práctica de nuestra derecha, en contra de un efectivo sistema democrático.
Miércoles 25 de enero de 2023
La derecha chilena ha mostrado siempre, lamentablemente, un pensamiento y una acción antidemocrática. Por cierto que el haber sido sostén de la dictadura de Pinochet, y el tratar hasta hoy de preservar su obra refundacional, constituye la expresión más visible de su vocación antidemocrática. Sin embargo, su histórica lucha contra el sufragio universal efectivo –negándolo o neutralizándolo a través del cohecho y del acarreo del inquilinaje; o del sistema electoral binominal- nos revela su actitud permanente en ese sentido.
A este respecto, es fundamental tener presente la clara actitud de su principal periódico –El Mercurio- cuando se debatió la Constitución de 1925. Así, en un editorial de junio de ese año, planteaba: “Los constituyentes del 33 (1833) estuvieron, con su admirable sentido práctico, muy lejos de adoptar el sufragio universal, y la reforma que lo acogió en nombre de teorías igualitarias, fue en contra de la realidad de los hechos. Es inconcebible que los casi analfabetos, que apenas saben dibujar su firma y leer malamente, y la gran masa de individuos que venden su voto al mejor postor, porque carecen de dignidad y de verdadero interés por la causa pública, tengan los mismos derechos electorales que los ciudadanos preparados, honestos y llenos de patriótico interés por la buena marcha del país. El repugnante mal del cohecho es la consecuencia lógica del error de haber dado amplia capacidad electoral a elementos que no lo merecen. Y si fuera posible suprimir completamente el cohecho, se producirían otros males no menos graves: la gran mayoría de los electores, que es la que actualmente vende el voto, o se abstendría de votar, o, lo que sería peor, procuraría elegir para que gobernasen al país a individuos que fueran a satisfacer sus odios y sus aspiraciones de arrebatar a viva fuerza el capital acumulado en que se mueven las industrias y negocios. Y por ese camino habría el peligro de que se llegara al soviet”.
Más adelante agregaba: “Hay, pues, que buscar el medio de contrabalancear la influencia de la masa analfabeta e inculta, que vende actualmente su voto, mediante otra mayor influencia de los elementos conscientes, de los que por tener mayor preparación y mayores intereses, tienen también que preocuparse más de la buena marcha de la República. Lógicamente debemos llegar por este camino a la conclusión de que lo que se necesita en Chile es el voto plural. El profesor, el profesional, el jefe de negocios importantes, el que contribuye a la riqueza pública, pagando gruesas contribuciones, el jefe de talleres, los padres de familias numerosas que dan también al país la riqueza del factor hombre, etc., deben tener un mayor número de votos que el resto de los ciudadanos (…) Como no es posible, según lo insinuábamos, volver al primitivo sistema de la Constitución de 1833, o sea, la restricción del sufragio, porque heriría derechos ya adquiridos no queda otro arbitrio que el del voto plural, cuyas ventajas hemos insinuado” (El Mercurio; 8-6-1925).
A esas mismas conclusiones llegaron los dos grandes partidos de derecha de la época: el Conservador y el Liberal. Así, el primero postuló en su Convención de 1929, “el perfeccionamiento del sufragio universal por medio del voto plural, basado en la familia, la instrucción y la propiedad” (Memoria de la Convención General del Partido Conservador del año 1929; Imprenta Rapid, Santiago, 1930; p. 75). Y el Programa del Partido Liberal de 1931 señalaba lo mismo con mayores eufemismos. De este modo, proponía “reformar la Ley Electoral en términos que los electores tengan la capacidad suficiente para ejercitar sus derechos ciudadanos; que el voto corresponda a esa capacidad; e impulsar la legislación a fin de que todo individuo pueda alcanzar la máxima capacidad en esta materia” (Quinta Convención, celebrada en Santiago los días 25, 26 y 27 de diciembre de 1931; Imprenta El Imparcial, Santiago, 1932; p. 126).
En realidad, el Partido Conservador había planteado posiciones todavía más antidemocráticas, al promover “la constitución de un Senado, con facultades políticas restringidas que, por su forma de elección, capacidad y especialización de sus miembros, garantice una mayor estabilidad de los principios básicos en que descansa la organización social, política y económica de la República”; “y la elección de Presidente de la República por una Asamblea Nacional, compuesta de los miembros del Congreso y de las Asambleas Provinciales” (Ibid.; p. 75).
Pero como el voto plural no logró ser aprobado en la Constitución de 1925; no quedaba, de acuerdo a la lógica de esos partidos –y particularmente de El Mercurio de junio de 1925-, “otro arbitrio” que seguir desarrollando el cohecho. Es lo que durante décadas reconoció explícitamente el connotado dirigente conservador y profesor de Derecho Constitucional, José María Cifuentes Gómez, al “enseñarles” a sus alumnos de la Universidad Católica que “el cohecho era un correctivo al funesto sufragio universal” (Rafael Agustín Gumucio.- Apuntes de medio siglo; Cesoc, 1994; p. 120).
Sin embargo, es notable constatar cómo, a lo largo de los años, los más connotados dirigentes de la derecha chilena continuaron atacando fervientemente la esencia del sufragio universal; de que todas las personas tenían los mismos derechos fundamentales, incluyendo, los derechos políticos. Así por ejemplo, el presidente del Partido Conservador y candidato a la Presidencia de la República en 1932, Héctor Rodríguez de la Sotta, afirmó que “de lo dicho se desprende claramente cuán absurdo es el sufragio universal, la mayor imbecilidad que han inventado los hombres, según la enérgica expresión de un autor. Los pensadores católicos de la época lo condenaron abiertamente, y predijeron los inmensos daños que él acarrearía a la humanidad, especialmente el Conde de Maistre, en páginas inmortales, de una verdadera visión profética. Debemos, pues, reaccionar franca y valientemente contra la gran superchería del sufragio universal, y, contra el sufragio universal singular, luchar por el sufragio restringido y plural, restringido a los capaces y en la medida de su capacidad. Influyen en los destinos de los pueblos, los que son capaces de discernir entre los verdaderos y los falsos intereses del bien común; e influyen más los que son más capaces. He aquí la única sana, racional y verdadera democracia” (Crisis política, económica y moral; Discurso pronunciado al inaugurar la Convención del Partido Conservador el 24 de septiembre de 1932, Imprenta de la Dirección General de Prisiones, Santiago, 1932; pp. 10-1).
A su vez, Agustín Edwards Mac Clure, planteó que “en Chile el sufragio universal es una superchería (…) es este sistema el que nos llevó a la derrota electoral de Santiago; es este sistema el que permitió que llegase al Senado de la República un ciudadano que ha hecho de la subversión un sibaritismo (Marmaduke Grove), en vez de abrirle las puertas de la Alta Cámara a uno de los hombres más eminentes que tiene el Partido Liberal (Absalón Valencia) (…) El país forzosamente tendrá que amoldarse al sistema corporativo en la generación de los poderes públicos (…) ¿Hay alguien que no mire con temor las próximas elecciones municipales por medio del sufragio universal? (…)
¿En qué manos van a caer los intereses municipales?” (El Mercurio; 8-5- 1934).
Por otro lado, el senador conservador Horacio Walker afirmó en 1933 que “este sistema del sufragio universal no es más, a mi juicio, que el triunfo de la incompetencia erigida como medio de generación de los Poderes Públicos (…) Aminoraría en parte los defectos de la universalidad el establecimiento del voto plural, en vez del voto singular” (Boletín de Sesiones del Senado; 10- 10-1933). Y el senador conservador Rafael Luis Gumucio escribió en 1934 que “el sufragio universal se presenta ya como un fracaso aun para los que tenemos las más arraigadas ideas democráticas: formado en su mayoría por incapaces, lleva también incapaces a los poderes públicos (…) Y los únicos verdaderamente capaces de las funciones democráticas de elegir y gobernar son los que tienen el derecho que forma la filosofía católica; los que tienen el concepto de deber que forma la moral católica, y los que tienen el concepto de justicia y caridad que forma la sociología católica” (El deber político; Splendor, Santiago, 1934; p. 23).
Incluso, el propio “padre” de la Constitución de 1925, Arturo Alessandri Palma, en su discurso de incorporación como miembro académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, el 8 de julio de 1943, señaló que “es triste confesar que sobre la base del sufragio popular, en donde actúan tantos factores, es bien difícil la selección (de los más preparados y eficientes para servir en buena forma los intereses públicos), razón por la cual muchos piden con energía el reemplazo del
sufragio universal por otro sistema. Reconozco la conveniencia de tal reforma (…) Debe existir una sola Cámara de elección popular, que vote ideas generales, las cuales serán entregadas a organismos técnicos, para que ellos formulen en definitiva las leyes que, dada la complejidad de la vida moderna, deben ser la resultante armónica de principios coordinados científicamente. Es imposible que asambleas formadas por elementos heterogéneos, de inteligencia y cultura diversas, puedan armonizar sus pensamientos en esos preceptos armónicos y coordinados que necesitan reunir las leyes para asegurar su eficacia y ser realmente factores de orden y bienestar común”.
Además, Alessandri agregó que “el Senado, tal como lo propuse en la Comisión Revisora de la Constitución, debe ser formado en sus dos tercios por representantes de las fuerzas vivas de la nación, tales como la Universidad, la instrucción en sus tres grados, las fuerzas armadas, las profesiones liberales, los representantes de la industria agrícola, minera y fabril, los representantes del comercio, las sociedades obreras mutualistas, legales, etc. La tercera parte de los senadores, como elemento coordinador, podría ser elegida directamente por todo el país, para formar así una corporación ajena a toda consideración política, destinada sólo a contemplar los intereses fundamentales de la nación, en todos los órdenes y actividades” (Recuerdos de Gobierno; Tomo III, Edit. Nascimento, 1967; pp. 430-1).
Varios años más tarde, en 1955, el senador liberal Raúl Marín Balmaceda reiteraba: “¿Qué es el sufragio universal? Una urna en la que sufraga una inmensa mayoría de ignorantes; y se pretende obtener de ella un buen gobierno y buenas leyes. Es obvio que esto es un absurdo. Dijo Disraelí, como antes Perogrullo: ‘Jamás la ignorancia ha resuelto problema alguno’. También lo dijo James Bryce –profesor de la Universidad de Oxford-, (…) miembro del
Gabinete de Gladstone. ‘Democracia ignorante: democracia falsificada’. Y pregunto, ¿y qué democracia, constituida a base de sufragio universal, no es democracia ignorante, y, por tanto, falsificada? Y de ahí que Paul Valery, el talentoso académico francés, haya definido al sufragio universal como ‘un
sistema que exige a las multitudes opinar y decidir sobre lo que no entienden’ ” (¡No demagogia!; Edit. Universitaria, 1955; pp. 122-3).
Y el connotado diputado conservador, Jorge Iván Hübner Gallo, escribió en 1959: “Del mismo modo, creemos que no hay nada más contrario al sentimiento conservador tradicionalista que la marea inorgánica de las masas, desbordadas por los demagogos en un afán incontrolado de poder. Frente al dominio del mayor número, la derecha ha opuesto siempre el mando de los mejores. Los gobiernos más perfectos no son, en efecto, aquellos que representan a la más alta cantidad de votantes, sino los que realizan en mejor forma al Bien Común, para lo cual se requieren superiores condiciones de espíritu cívico, competencia y selección (…) Sólo un régimen de gobierno autoritario, probo, impersonal y eficiente, que no represente a los más sino a los mejores, puede infundir verdadero respeto a las masas e implantar en la vida social los principios del orden, la jerarquía y la disciplina, que son indispensables para el logro del Bien Común y del progreso nacional” (Los católicos en la política; Edit. Zig-Zag, 1959; pp. 95-6).
Esta permanente actitud antidemocrática de la derecha se expresaría con todo vigor en 1958, cuando conservadores y liberales se opusieron cerrada, aunque infructuosamente, al establecimiento de la cédula única electoral promovida finalmente por el conjunto de los partidos de centro y de izquierda que conformaron el Bloque de Saneamiento Democrático. El cohecho y el acarreo de los inquilinos -cual “ganado electoral”- podía hacerse en la medida que cada partido producía su propia cédula electoral, que permitía que los apoderados de los partidos de derecha pudiesen verificar el apoyo del cohechado o del inquilino. Al mismo tiempo, liberales y conservadores se opusieron –también infructuosamente- a la derogación de la “Ley maldita” que en 1948 había ilegalizado al Partido Comunista y excluido a sus militantes de la calidad de ciudadanos.
También se expresaría con el proyecto de reforma constitucional enviado por
el presidente Jorge Alessandri en julio de 1964, el cual no fue aprobado. En él
se planteaba que el Senado se integrara por 30 representantes electos (63.8%) y 17 “institucionales” (36.2%); lo que habría desnaturalizado completamente la representación de la voluntad popular.
Es decir, todo lo anterior nos ilustra que siempre la derecha chilena ha tenido un desprecio a las instituciones democráticas que reflejen efectivamente la voluntad popular.