La carta firmada por 15 convencionales pertenecientes a Renovación Nacional y Evópoli, busca ser un lavado de imagen de una parte de la derecha que busca desmarcarse de los sectores más conservadores y reaccionarios que se encuentran presentes en el pacto Vamos por Chile. Sin embargo, ambos se han negado históricamente a las demandas planteadas por los pueblos originarios, a nivel de autodeterminación y recuperación de tierras ancestrales, como principales puntos de conflicto.
Miércoles 18 de agosto de 2021
FOTO: ATON
Cuando se trata de enarbolar discursos y declaraciones buscando quedar bien con la población, la derecha no escatima en las palabras que utiliza, intentando desmarcarse de los sectores más pútridos y conservadores del pacto Vamos pro Chile.
Así quedó demostrado este martes en la última sesión de la Convención Constitucional, en que un total de 15 constitucionales pertenecientes a Evópoli y Renovación Nacional (RN), por medio de una carta, en la que manifiestan una suerte de “Mea Culpa” en lo que refiere a materia de derechos de los pueblos originarios, en la que señalan una “deuda histórica” con ellos. Una carta que no contó con la firma de las y los constituyentes UDI, entre ellos Marcela Cubillos, Arturo Zúñiga, Constanza Hube, e incluso sin contar con la presencia de la irascible Teresa Marinovic, perteneciente al Partido Republicano de José Antonio Kast.
"Reconocemos que, ya sea como Estado, como sociedad o como personas, se han cometido errores e injusticias, siendo una de ellas la poca comprensión que hemos tenido de las realidades y perspectivas propias de los pueblos originarios. Chile tiene una ‘deuda histórica’ y nos comprometemos a contribuir a su solución", declaró Bernardo Larraín Matte, encargado de leer la carta emanada desde RN y Evópoli, de acuerdo al medio El Mostrador, agregando:
"El desafío que tenemos por delante, entonces, es monumental. Por primera vez tendremos una nueva Constitución que será construida con la activa participación de los pueblos originarios a través de sus representantes. Tenemos una gran oportunidad para hacernos cargo de nuestra historia y construir un futuro en el cual todos seamos parte".
Además manifestaron su intención de "aportar en la construcción de aquellos consensos que nos permitan instalar, en la futura Constitución, una nueva forma de relacionamiento entre el Estado, los pueblos originarios y la sociedad en su conjunto. Tenemos asimismo la convicción que la defensa de los valores y principios de una sociedad libre es perfectamente compatible con el pleno reconocimiento de los pueblos originarios, de sus derechos y de su especificidad cultural".
Los nombres de las y los firmantes corresponde a: Raúl Celis; Ruggero Cozzi; Bernardo de la Maza; Álvaro Jofré; Harry Jürgensen; Patricia Labra; Hernán Larraín Matte; Cristian Monckeberg; Geoconda Navarrete; Manuel Jose Ossandón; Bárbara Rebolledo; Luciano Silva; Paulina Veloso y Roberto Vega.
La hipocresía crónica de la derecha
Sin embargo, más allá de toda la palabrería, y las buenas intenciones que buscan mostrar al interior de ciertos sectores de derecha, esa carta no resulta más que papel mojado, cuando los gobiernos de la Concertación, y sobre todo de la derecha, se han encargado históricamente de tener una política de represión sistemática y militarización, particularmente hacia el pueblo mapuche, en La Araucanía.
Una política que jamás se ha cuestionado por ningún sector de derecha, y que incluso se ha promovido fehacientemente llegando a consecuencias fatales, como la muerte de Camilo Catrillanca, o el reciente caso del weichafe Pablo Marchant en la toma del fundo Santa Ana, perteneciente a la forestal Mininco. Esto sin mencionar, los presos políticos mapuches que se encuentra privados de su libertad, expresión de la violencia con la que ha actuado el Estado al servicio de los empresarios, en desmedro de los derechos de distintas comunidades sobre sus terrenos ancestrales.
Y si bien aparentemente podemos visualizar una línea divisoria por parte de la derecha en este punto, está claro que el día de mañana, ambos seguirán promoviendo una política, persecutoria y castigadora, contra quienes se organizan por su derecho a la autodeterminación como pueblo nación mapuche.
Ni de la mano de la derecha, ni de la ex Concertación, que históricamente se han encargado de reprimir al pueblo mapuche, y encarcelar a sus protestantes, darán una salida a las demandas del pueblo mapuche sobre su autodeterminación, cuando existen intereses empresariales, en particular provenientes de forestales, de por medio. Sólo la organización del pueblo mapuche, junto a la clase trabajadora, pobladores, estudiantes y otros sectores en lucha puede imponer sus demandas, frente a una Convención Constitucional que se ha posicionado desde el simbolismo, pero para efectos concretos, sigue disponiendo de los mismos poderes jurídicos y legales, para resolver tan la prisión política de los pioneros de la revuelta, como el encarcelamiento e impunidad que pesa sobre el pueblo mapuche en sus derechos.
