Una nueva visita ha preparado la derecha al Tribunal Constitucional. Esta vez el oficialismo ha solicitado el indulto a los genocidas que se encuentran hospedados en el penal de Punta Peuco a raíz de la pandemia del COVID-19.
Miércoles 1ro de abril de 2020
Que cumplan las penas en sus casas por temor a que se contagien de COVID-19. Esa es la solicitud que ha ingresado el abogado Maximiliano Murath, acusando inconstitucionalidad por igualdad ante la ley y protección de la vida.
Esto se produce posterior al rechazo que realizó el día de ayer la Cámara de Diputados al proyecto que permitía el cumplir penas en arresto domiciliario para mujeres embarazadas o con hijos menores de dos años, así como adultos mayores, que la misma derecha boicoteo por no incluir el proyecto a aquellos condenados por crímenes de lesa humanidad.
Pero ¿quiénes son los rostros que buscan liberar a estos genocidas de la dictadura aprovechando la crisis del COVID-19? Usted ya podría hacerse una idea de quiénes son, pero aquí lo detallamos: Jacqueline Van Rysselberghe (presidenta de la UDI), Juan Antonio Castro (RN), José García (RN), Alejandro García Huidobro (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI), Ena Von Baer (UDI), Víctor Pérez (UDI), Francisco Chahuán (RN), Rodrigo Galilea (RN) y Kenneth Pugh (Independiente) y Carmen Gloria Aravena (Independiente). Ellos son quienes han acudido al TC (conocida popularmente como la Tercera Cámara de la derecha).
El abogado de la derecha, Maximiliano Murath, explicó que esto tiene como objetivo: “proteger a vida y la integridad física de todos los adultos mayores que están cumpliendo condena sin importar la cárcel que se encuentren y el delito que hayan cometido, porque ellos son hoy los grupos más complejo para enfrentar esta pandemia".
No podría ser más irónico. Apelando a la vida para dejar en libertad a un grupo de genocidas.
Por otra parte, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) han solicitado que Sebastián Piñera decrete indultos presidenciales para evitar la propagación del COVID-19 en las cárceles del país. Sin embargo, han reparado en que la situación es muy distinta en lo que se refiere a los criminales recluidos en Punta Pueco.
“Hay delitos que son de especial gravedad que no pueden ser indultados. El principal aliado para frenar el avance del coronavirus es la distancia social. No puede ser que porque no se pusieron de acuerdo (en el Congreso) por beneficiar a 100 o 150 personas (de Punta Peuco), 1.500 personas que podrían salir hayan sido perjudicadas”, expresó Sergio Micco, director del INDH.
No se puede permitir ningún indulto para los asesinos de la dictadura. El pueblo chileno que despertó durante el estallido social también ha exigido juicio y castigo a cada uno de ellos, así como acabar con cada una de las herencias de la dictadura, la cual ellos cimentaron a costa de persecusiones, torturas, violaciones, campos de concentración y asesinatos.
