El debate acerca de las becas y la inclusión suele cruzar las elecciones y es parte de la campaña de Nuevo Derecho y Franja Morada. La gratuidad y permanencia no las garantiza el Estado y las dificultan las autoridades. ¿Qué pasa y qué se debe hacer?
Martes 11 de septiembre de 2018 17:16
Con suba de dólar, tarifazos de todo tipo, ajuste en curso, acuerdo con el FMI, y fuga de capitales permanente, el rector, los decanos y las autoridades superiores de toda la universidad cobran sueldos abultados que superan los cientos de miles de pesos mensuales, mientras los estudiantes ven amenazados sus estudios por los aumentos en el transporte, fotocopias, alquileres y comida.
En el día de hoy, Rogelio Frigerio, el ministro del interior, se reunirán con 22 de los 24 gobernadores provinciales. El Presupuesto 2019 se presentaría el viernes 14 al Congreso.
Universidad pública, gratuita y de calidad
En la Universidad de Buenos Aires por más que por ahora se mantenga el carácter público de las carreras de grado, no ocurre así con los cursos de posgrado, que son arancelados y se vuelven inaccesibles.
Por otro lado, el Ciclo Básico Común, es un filtro para todos aquellos que quieran ingresar, por sus ritmos, exigencias, y los recursos que se precisan para mantenerse en ella. La mayoría de los estudiantes que arrancan a estudiar tienen laburos precarizados, en estudios jurídicos, y pasantías fraudulentas que organizan las autoridades de la facultad, en call centers o en comercios lo cual se les complica a la hora de cumplir con la carga horaria obligatoria que muchas veces impone la universidad.
La conducción del Centro de Estudiantes (CEDyCS) en la Facultad de Derecho de la UBA, hace campaña electoral con las becas que otorgan de apuntes. Se trata de 500 fotocopias en una fotocopiadora de la facultad. Monto que además difícilmente pueda cubrir el material necesario para una sola de las materias de un cuatrimestre.
La educación superior es un derecho, y tiene que dejar de ser un lujo, o un privilegio. Hay una generación nueva de estudiantes que viene de distintos barrios de la Provincia de Buenos Aires, cuyas familias y amigos siempre soñaron con que pudieran recibirse en la UBA, y a quienes les es muy costoso permanecer en ella porque el transporte es muy caro y la SUBE se acaba rápido, porque el sueldo no alcanza, y porque en la casa muchas veces las cosas se complican, por el despido de algún familiar. El esfuerzo que muchos hacen para poder seguir estudiando no se tiene por qué usar para provecho electoral. La solución tiene que exigirse al Estado y las autoridades; la problemática no debe ser usada por una lista para conseguir rédito político.
Se tienen que discutir proyectos de universidad, de sociedad y el centro de estudiantes debiera ser el espacio abierto y democrático para canalizar los reclamos. Las becas estan bien, pero no tienen que ser un gancho político que solo importe en los días electorales, son un derecho.
Las campañas que desarrollan Nuevo Derecho y Franja Morada, toman las necesidades que tienen los estudiantes que enfrentan dificultades para poder ir a cursar, y para terminar la carrera. Ellos se encargan de gestionar con estos estudiantes los pedidos de las discretas becas de la universidad, y las de fotocopias emitidas por ellos mismos.
En el contexto brutal de ajuste a 3 años del macrismo en el gobierno, con el acuerdo con el FMI de por medio y a dos semanas de la votación del presupuesto 2019, una campaña así busca sacar provecho electoral con las necesidades de los estudiantes. Reteniendo un sector de los estudiantes que teme a perder el poco apoyo que encuentra en el centro y la universidad, al que se le niega una solución sólida y de fondo. ¿Una conquista de los estudiantes? No, no es un derecho conquistado, sino una campaña que intenta atar los derechos de los estudiantes, a los intereses de la UCR y el Partido Socialista, que son parte de la coalición del gobierno nacional, y la dirección de la universidad.
Que el Estado garantice las becas, no sólo haría que el acceso y la permanencia en la universidad sean una realidad, sino que permitiría que los centros de estudiantes pudieran ser realmente lo que son: herramientas políticas de los estudiantes, organizaciones de lucha, para que puedan organizarse, pelear por sus derechos, defender la educación pública sin ataduras, debatir sobre los grandes hechos de la realidad, y apoyar reclamos de otros sectores, como las demandas de las mujeres y las luchas de los trabajadores.
Arranquémosle a Macri el derecho para estudiar en la Universidad por los miles que hoy no pueden acceder y para que los que están no tengan que abandonarla.
La Izquierda en Derecho platea la necesidad de un Centro de Estudiantes independiente de las autoridades y de los partidos de los empresarios. La Izquierda en derecho propone que "entren a la universidad los que menos tienen, y los que más trabajan, es nuestro desafío; que el movimiento estudiantil se convierta en un punto de apoyo para los trabajadores, y para los sectores populares que quieran enfrentar al macrismo, a los gobernadores y al acuerdo de saqueo con el FMI. Sólo es posible luchar y pelear por esta perspectiva, con un centro independiente y con voluntad de enfrentar a este Gobierno y sus embates".
