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Red Internacional
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Calama. Derecho a la vivienda: Violento intento de desalojo en campamento de Calama a cerca de 200 familias

El martes Carabineros y PDI intentaron brutalmente desalojar un campamento de casi 200 familias en la ciudad de Calama, donde la orden efectiva estaba individualizada a 9 personas, las cuales no habitaban en ese lugar, por lo que no pudo concretarse por los vacíos legales.

Jueves 11 de noviembre de 2021

El martes Carabineros y PDI intentaron brutalmente desalojar un campamento de casi 200 familias en la ciudad de Calama, donde la orden efectiva estaba individualizada a 9 personas, las cuales no habitaban en ese lugar, por lo que no pudo concretarse por los vacíos legales.

Por esto, ayer 10 de noviembre, se realizó una asamblea, con el objetivo de dar a conocer la situación legal e institucional del caso, donde la mayoría que asistió fue gente de los mismos campamentos y algunos de sus representantes, pero también se hicieron presentes Paola Debia, abogada y candidata a senadora por el Partido de la Gente, Fabiola Moreno, candidata a Core independiente por el Partido Radical, y Marcelo Encina, abogado y candidato a Core por el Partido Radical.

El ánimo de los abogados y candidatos, era contener a la gente, buscando mantener la calma en la situación, donde Paola Debia (PDG) y Marcelo Encina (PR) daban como única solución parcial la vía legal o que se fueran a un terreno no ocupado pero que sea de bienes nacionales donde el estado deberá hacerse cargo luego de otro millón de trámites, y que realmente no asegurará viviendas. Tomando poco en cuenta, que las mismas personas que viven en esos campamentos construyeron sus casas con esfuerzo, limpiaron el espacio, lo adecuaron a sus necesidades y en algunos casos incluso construyeron para sus animales de granja, todo esto porque ni el estado ni el municipio se hacen cargo de asegurar viviendas dignas para todas las familias que se ven obligadas a vivir en la vulnerabilidad.

Por otra parte, Marcelo Encina (PR) dió su apoyo dentro de la “legalidad”, es decir que la solución que ve es poder alargar la fecha del desalojo para que las familias tengan tiempo de buscar otro lugar donde vivir o buscar negociar de manera colectiva pero individualizada según el lote a tramitar y su dueño, sin tomar en cuenta que son familias vulnerables, que no por gusto viven en un campamento, sino por necesidad.

Pero cómo poder confiar en la opinión de Encina y en creer que entiende la situación de estas cientos de familias, cuando su misma vida se parece más a la de los supuestos dueños de estos terrenos, que lucran con la necesidad. Marcelo Encina fue parte de los gobiernos de la concertación dentro de estos 30 años y Seremi de Justicia en el último gobierno de Michelle Bachelet. Cuenta con un prontuario que incluye denuncias laborales de ex empleados de su empresa <<Servicios Jurídicos Marcelo Ricardo Encina Muñoz y/o Esperanza del Norte E.I.R.L.»., por el no pago de remuneraciones, descuentos ilegales y uso inadecuados de fondos, cuando era Seremi de justicia, destinados a la defensa penal de quienes no cuentan con recursos para acceder a abogad@s particulares.

El déficit de viviendas en la región de Antofagasta es brutal, cerca de 31.000 soluciones habitacionales deben construirse para terminar con este déficit. Miles de familias no tienen el derecho a una vivienda digna, donde la mayoría tiene que endeudarse mes a mes con arriendos carísimos o como muchas otras no tienen otra opción que vivir en campamentos, muchas veces sin acceso a agua potable ni electricidad.

Ante esta crisis, se requiere un plan de obras públicas y de construcción de viviendas sociales, gestionado por los sindicatos de la construcción, junto a los comités de vivienda y allegados, junto a profesionales que se pongan a disposición de las necesidades del pueblo trabajador.

Porque plata hay, esto debe ser financiado mediante impuestos a las inmobiliarias, que sólo se llenan los bolsillos a costa del endeudamiento y esfuerzo de la población, pero también con impuestos extraordinarios a las mineras, que en la ciudad de Calama las grandes trasnacionales se llevan millonarias riquezas para beneficio propio y no para solucionar las necesidades de la gente. Con esto se podrían asegurar viviendas dignas y de calidad para solventar las necesidades de la población.