La lucha de los trabajadores de las empresas agroindustriales de Ica, a la que se sumó la huelga de los obreros en el norte, no solo ha logrado la derogatoria de la ley de Promoción Agraria, sino que ha permitido ver, con más claridad, la naturaleza de la crisis económica, de la clase dominante y del conjunto del régimen y sus instituciones.
Martes 8 de diciembre de 2020
En la conciencia de las masas, como resultado de su propia experiencia, se ha hecho evidente que, en nuestro país, el gobierno del estado “no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”. A lo largo de la historia del país, esa ha sido la política de los diferentes gobernantes. Las leyes que emanan del poder legislativo no hacen sino expresar la voluntad de la clase dominante. El poder ejecutivo las hace cumplir, el sistema judicial administra la justicia bajo el principio de “nos guste o no las leyes se han hecho para ser cumplidas”. Y, para ello, cuentan con las fuerzas represivas que no dudan en reprimir a los que luchan a costa incluso de quitarles la vida, como ocurrió con Jorge Yener Muñoz en la última lucha de los obreros del campo.
¿A quién beneficiaba la ley de promoción agraria? Al capitalista dueño de las empresas agroindustriales a quienes se les asegura exoneraciones tributarias, libertad para acumular ganancias y facilidades legales para explotar al trabajador. Mientras que, a los obreros se les condena a 12 horas de trabajo, con salarios miserables de 39 soles, sin reconocerles derechos a la salud, vacaciones, sindicalización, etc.
No importan los nombres de los gobernantes o de sus partidos. Todos sirven a los grandes empresarios agrupados en la CONFIEP, a los denominados “empresarios emergentes” o a los capitalistas extranjeros. Para ellos siempre juegan los denominados demócratas, socialdemócratas o nacionalistas, además de opinologas como Rosa María Palacios.
La huelga de los obreros de la agroindustria nos enseña también a los millones de trabajadores empujados a la pobreza extrema, el hambre y la muerte, que para vencer no hay otra salida que forjar la más amplia unidad de clase, constituir los comités de lucha, y luchar. Solo así podremos tirar abajo leyes como la ley de promoción agraria que, como ya vimos, sirven a este sistema en el cual los medios de producción de la riqueza y bienestar, son propiedad privada de un puñado de millonarios capitalistas.
Vivimos una situación marcada por la descomposición acelerada del sistema. La clase dominante sabe que va al abismo sin encontrar salida a las convulsiones sociales que la amenazan.
Sin embargo, a pesar de esta realidad que muestra el proceso de la lucha de clases, en nuestro país hay organizaciones políticas que dicen representar los intereses de los trabajadores y el pueblo, como las que dirigen la señora Verónika Mendoza, el exsacerdote Marco Arana o Vladimir Cerrón, las cuales, con sus matices, se han propuesto “rescatar la democracia, la institucionalidad a través de un nuevo curso basado en un nuevo pacto social y un nuevo modelo de desarrollo con justicia social por la salud, la vida y por el trabajo y la alimentación”, como si esto fuera posible en el marco del capitalismo.
Cuando se viven periodos de descomposición capitalista, como los que empezamos a vivir ahora, las propuestas de los sectores reformistas como los que hemos señalado, solo se orientan a salvar el sistema y a sabotear la posibilidad de cambios profundos. A ellos se suman la burocracia sindical (que milita en el partido de doña Verónica), la misma que, cuando la lucha se agudiza, guarda silencio, limitándose a sacar algún comunicado o a marchar detrás de los acontecimientos portando su banderola para la foto.
Estos sectores solo les traerán frustraciones y traiciones a los trabajadores y al pueblo en su conjunto. Los cambios reales no vendrán de ellos sino de la mano de la lucha y la auto organización obrera y pulular, como nos enseñaron nuestros compañeros trabajadores agrarios. Para que esto pueda darse, es importante unificar las luchas y exigir a las centrales sindicales, a los frentes de defensa y demás organizaciones populares, que convoquen a una asamblea nacional obrera y popular que apruebe un plan de lucha nacional para evitar que las consecuencias terribles de esta crisis económica se sigan descargando sobre las espaldas del pueblo trabajador.
