La empresa que construyó la costanera derrumbada de San Lorenzo es una de las mimadas por el gobierno provincial. Al igual que con Caputo y Baez, el socialismo también tiene empresarios que ganan millones por su cercanía al poder.
Jueves 14 de abril de 2016
El gobernador Miguel Lifschitz anunció la reconstrucción del muelle y barranca del Paseo Libertad que se derrumbó el lunes por la noche. Así lo ratificó el ministro de Infraestructura y Transporte José Garibay, quien recorrió en la mañana de ayer la zona del derrumbe y dispuso una evaluación por parte de personal técnico de la provincia para desentrañar las causas del desmoronamiento de más de 30 metros de este paseo de la costanera sanlorencina.
El funcionario estimó que entre las posibles causas de la caída de un segmento del muelle y los metros de barranca habrían obedecido a "socavamiento a causa de la crecida del Paraná y el oleaje de los barcos". Resulta curioso que una obra de esta característica no prevea que los efectos del río puedan socavar sus bases. Duras sospechas recaen sobre la planificación de la obra, ejecutada por la constructora Obring S.A, empresa que forma parte del Grupo RJG, que se dedica a la inversión inmobiliaria y agropecuaria en la región.
La contratista responsable de la ejecución de la obra del Paseo de la Libertad parece ser una de las más mimadas por el socialismo, que en los últimos años se le ha adjudicado cuantiosas licitaciones para obra pública y privada en la provincia de Santa Fe.
Extraños desvíos de fondo: Aliviador III
Obring S.A es una constructora vial que tiene su origen en el año 1968 en la Provincia de Chubut. En ese entonces operaba bajo la denominación de Ecovial SRL y se dedicaba a la construcción de carreteras y puentes en la región patagónica. En el año 1974 traslada su sede a la provincia de Santa Fe, y a partir de 1978, comienza a operar bajo el nombre de Obring S.A. continuando con la construcción vial y de infraestructura, a la que se agregaron importantes obras hidráulicas, obras de saneamiento obras electromecánicas y de arquitectura.
Durante la última década el gobierno provincial de Santa Fe y el municipio de Rosario le han adjudicado una gran cantidad de obras. Lo llamativo, además del número, es la tardanza en la concreción de muchas de esas obras y el encarecimiento de los costos para su realización. De esta manera existen denuncias que apuntan a retrasos en las gestiones de Binner y Bonfatti de importantes obras que esta empresa tenía a cargo.
Uno de los casos más llamativo es de la construcción del Aliviador III, un conducto de agua destinado a evitar las inundaciones en el barrio Ludueña de Rosario. La obra fue anunciada en diciembre del 2010 y tenía un precio estimado de 60 millones de pesos. Sin embargo no es hasta un año después que se firman los contratos y su precio había ascendido a 88 millones de pesos. No obstante hubo que esperar otro año para que se iniciara, luego de dos inundaciones que afectaran a la zona y para ese entonces el costo de la misma era de más de 100 millones de pesos.
Lo curioso del caso es que la fecha de finalización de la misma estaba prevista para julio de 2015. Paradójicamente, en estos días, se dio a conocer que el Aliviador III ya estaba en funciones, aunque no acabada. Su costo final ascendió misteriosamente a 220 millones de pesos, es decir un 366% más de su presupuesto original.
En el medio de todo ello se hizo público que se habían desviado 30 millones de pesos de obras destinadas al desagüe Larrea de Santa Fe a la construcción del Aliviador III. Lo contradictorio de la situación es que estos fondos se desviaron mientras el Aliviador III ya estaba en funciones. El gobierno provincial todavía no dio explicaciones de esta irregularidad.
Torres de lujo sí. Subsidios también
En diciembre del 2010 el gobierno de Bonfatti analizaba renegociar el contrato de concesión de la autopista Santa Fe-Rosario. La concesión estaba y se encuentra a manos del grupo Arssa, formada por un conjunto de empresas; Obring S.A es una de ellas. El caso es que Arssa tenía la obligación de repavimentar 160 km del corredor de ambas manos pero sólo hizo 70. Ante los hechos la gestión provincial prefirió omitir este incumplimiento.
Al momento de iniciarse nuevas obras de la autopista, concretamente bajadas a las localidades de Bermudez y Puerto General San Martín, Arssa, como concesionaria, tenía que hacerse cargo de ello. Pero, como es recurrente, el Estado Nacional realizó un desembolso de 50 millones de pesos. Ese mismo año se aumentaba la tarifa de los peajes en un 40%. ¿Cómo se explica que una empresa que además de incumplir con la repavimentación, requisito mínimo para garantizar la seguridad de los conductores, y aumentar las tarifas impulsivamente también reciba estas “ayudas”?
Pero la historia no termina allí. En estos momentos se baraja la posibilidad de que sea el Estado provincial quien, a través de subsidios, se haga cargo del resto de la obra de repavimentación. La empresa alega que la estructura y la situación financiera es desfavorable para que realice las inversiones necesarias. Nada nuevo bajo el sol.
Lo más ilógico de la situación es que luego de haber solicitado subsidios estatales, Obring S.A se embarca en la construcción de un complejo de torres de lujo en Rosario. El proyecto es conocido como Costavía. Consta de tres torres lujosas, con helipuerto incluido, en pleno corazón del barrio de Pichincha.
El lujoso proyecto de torres Costavía
Pero no solo es la empresa mimada del gobierno provincial. También la Municipalidad de Rosario adoptó a Obring S.A como su concesionaria privilegiada. Entre el 2008 y el 2013 solo en la ciudad de Rosario se le fueron adjudicadas seis obras de magnitud por un monto total que supera los 117.823.435 millones de pesos. Recientemente se le fue adjudicado el Plan Abre que consiste en la construcción y remodelación de calles y viviendas de barrios de la ciudad. Aunque haya presentado el presupuesto más bajo, los costos estipulados por Obring S.A superan por algunos millones el precio inicial presupuestado.
Despidos, suspensiones e inseguridad laboral
Mientras Obring S.A se beneficiaba de ser una de las empresas predilectas de la gestión socialista en noviembre de 2011 uno de sus empleados, Edgardo Pérez, moría al ser aplastado por una pared de tierra en el Parque Náutico Recreativo Ludueña. Santa Fe es una de las provincias donde las cifras de accidentes de trabajo son más elevadas, consecuencia en buena parte de la negligencia de las constructoras y del Ministerio de Trabajo por la seguridad de los trabajadores.
El director de Obring S.A, Franco Gagliardo, además es el titular de la Cámara de la construcción de Rosario. La propia entidad reconoce más de 2.000 despidos en el rubro. La UOCRA habla de muchísimos más. Lo cierto es que las ganancias millonarias que acumulan este tipo de empresas poco se condicen con la situación de emergencia que alegan para despedir y suspender.
La calidad de la obra pública en Santa Fe dista mucho de los abultados presupuestos que se manejan desde el Estado provincial y las empresas beneficiadas. El derrumbe de la costanera de San Lorenzo es simplemente la muestra más reciente. No hay que ser ingeniero para darse cuenta que un paseo sobre la vera de un río como mínimo tiene que resistir a la erosión de la tierra provocada por el río, aunque parezca un jeroglífico para algunos funcionarios políticos. La subejecución del presupuesto destinado a este rubro es la otra cara del mismo problema. Sin embargo las empresas como Obring S.A, beneficiadas por cuantiosas ganancias, hacen sus negocios con el Estado mientras las necesidades básicas de miles de santafesinos siguen irresueltas.
