Este viernes al alba 20 lecheras con 200 antidisturbios de la UIP de la Policía Nacional han desalojado un bloque de edificios en Alcobendas que llevaba ocupado casi 14 años y en el que residían unas 300 personas de las cuales 182 eran menores. El desalojo se ha realizado sin previo aviso, en ausencia de comisión judicial, por la fuerza y mediante un brutal dispositivo.
Viernes 2 de junio de 2023
Los vecinos denuncian que han sido desalojados sin aviso. Recibieron un aviso de desalojo hace unos días pero no recibieron aviso de fecha y de hora.
Uno de los abogados de las familias desahuciadas declaraba ante la agencia de comunicación EFE que el desalojo se ha producido muy temprano, sin que apareciese la comisión judicial si quiera y la policía ha generado mucha tensión agrediendo a alguno de los vecinos.
Algunos de los presentes denuncian la violencia con la que ha irrumpido la policía. Han irrumpido unos 200 antidisturbios con mazas tirando las puertas abajo y sacando por la fuerza a más de 60 familias que han sido sacadas con lo puesto sin mediación ni viso previo. La propia desproporción del dispositivo buscaba por un lado aterrorizar a los vecinos al tiempo que lanzar el mensaje en los medios de comunicación de que estos podían ser peligrosos.
Por su parte, activistas de Stop Desahucios Alcobendas, denuncian la campaña que se venía haciendo estos días en medios de comunicación de la comunidad de Madrid contra los vecinos de estos edificios en la que se trata de hablar de una situación de no es real tratando de difundir una imagen de los vecinos de estos bloques como delincuentes, personas incívicas y vinculadas a organizaciones criminales. Todo ello en sintonía con la campaña que viene desarrollando la derecha, la ultraderecha y los medios de comunicación estatales estos últimos meses y muy en especial en el contexto de la campaña electoral centrada en criminalizar la ocupación.
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La derecha viene desatando todo un discurso de criminalización hacia los movimientos sociales y hacia la ocupación muy especialmente estas semanas de campaña electoral del 28M. Esta campaña se apoya en bulos que deforman el fenómeno de la ocupación tanto en su alcance como en su contenido. Todo un intento de criminalización hacia el colectivo okupa y contra la acción de ocupar frente a la imposibilidad de acceder a una vivienda digna para muchas familias trabajadoras.
Pero la derecha y la extrema derecha no son los únicos que protegen la propiedad privada de bancos y fondos buitre y actúan contra las personas que ocupan ante la imposibilidad de pagar un alquiler.
De hecho en este caso parece que la orden de desalojo no viene de un juez, o al menos no se ha presentado ninguna comitiva judicial, sino tan solo los agentes de la UIP nacional. Una actuación dirigida por la Delegación del Gobierno –responsable de la actuación de los antidisturbios– que ha dado orden de esta actuación y organizado el dispositivo con los 200 antidisturbios.
La práctica política del Gobierno progresista ha permitido que se mantuviesen los desahucios incluso en los momentos más dramáticos de crisis social durante la pandemia, a pesar del llamado “escudo social”. Tampoco la propia Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno Progresista no pone freno a los desahucios. También hemos podido en plena campaña electoral declaraciones como las de Rita Maestre, candidata a la alcaldía de Madrid por Más Madrid, en las que decía lo siguiente: lo siguiente: “creo que la okupación es ilegal, genera problemas de convivencia y las fuerzas de seguridad deben actuar”.
Si aquellos que se proponen como alternativa a la derecha y la extrema derecha hacen una criminalización tan abierta de la ocupación, qué no harán los nazis de Desokupa legitimizados por un discurso reaccionario avalado y propagado por el progresismo.
