El Congreso de los Diputados aprobó en la Comisión de “justicia” una iniciativa del PDeCAT para desalojar rápidamente a quienes ocupen ilegalmente un inmueble.
Guillermo Ferrari Barcelona | @LLegui1968
Viernes 27 de abril de 2018
La propuesta del Partit Demòcrata Català tira para adelante en el Congreso de Diputados gracias al apoyo del PP, Ciudadanos y el PNV. La derecha de siempre se ha unido para agilizar el plazo de lanzamiento. Como siempre, las reformas relativas a la vivienda van en detrimento de la parte más débil, del más necesitado. Sólo se resuelve el problema al dueño de la vivienda para que éste pueda seguir cobrando el alquiler. Han votado en contra el PSOE, Unidos Podemos, Compromís y Esquerra Republicana de Catalunya.
El texto votado destaca que “la okupación [sic!!!] ilegal no puede ser una forma establecida y tolerada de acceso a la posesión de una vivienda”. Sólo se habla de que la okupación sea ilegal, pero no se habla de los motivos de dicha ocupación. No importa si hay familias enteras que vivan en la calle. Pero, no hay que preocuparse porque “simultáneamente, los poderes públicos deben garantizar la protección al derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión social”. Aunque no hay medida alguna contemplada para hacerlo realidad.
El argumento que hace la derecha, para que la gente pueda encontrar algo “positivo” en la misma, es que esta reforma sirve para combatir a las mafias que lucran cobrando al ofrecer la ocupación de pisos vacíos ilegalmente. De ésta manera, se podría desalojar como máximo en dos meses a quienes estuvieran ocupando un piso ilegalmente. Reduciendo los plazos actuales de dos años. La ley deja fuera a las entidades financieras, promotoras y fondos buitre.
Sin embargo y como no podía ser de otra forma, la iniciativa del PDeCAT no contempla qué hacer ante familias que ocupan por necesidad puesto que no tienen otro lugar donde ir. Y, menos aún, a los jóvenes que ocupan inmuebles para realizar actividades sociales y culturales, puesto que no tienen otros lugares que puedan gestionar ellos mismos. La derecha (catalana, vasca y española) se une para golpear al más débil.
Todo en contra de los inquilinos
Esta medida está precedida por sendas iniciativas del PSOE, durante la legislatura de Zapatero, y del PP, cuando tenía mayoría absoluta, para reducir los plazos de desahucios. Carme Chacón redujo a 15 días el plazo de lanzamiento, luego del período de negociación entre las partes. Y, el PP gracias a la iniciativa de Ana Pastor lo reducía a tan solo 10 días.
La realidad es que la Vivienda de Protección Oficial (VPO) en el Estado español está en mínimos de los mínimos. Caballito de batalla del PSOE cuando acababa el Gobierno Aznar, apenas se reflejó en unos miles de mini pisos de 30m2. También forma parte del discurso de Podemos y los ayuntamientos del cambio en Madrid y Barcelona pero la ejecución está muy por debajo de sus planes.
El PP puso en acción el Fondo Social de Viviendas para que las entidades bancarias pongan a disposición parte de su stock vacío de viviendas. Tan solo han cedido 9.900 viviendas de un estock de 383.000 y con unas condiciones que les favorecen claramente. Y, por supuesto han cedido las que no podían vender o alquilar, las peores.
En 2018 tan solo se constituyeron 5.375 pisos de VPO, muy por debajo de los 68.000 pisos de 2008. El Estado española tan solo tiene el 2% de la oferta de vivienda en régimen de protección oficial, muy por debajo de la media europea que arriba al 20%. Siempre gana la banca y pierde el inquilino.
Hay una solución eficaz: expropiar a los expropiadores
La banca se ha lucrado en los años de “vacas gordas” y lo sigue haciendo durante la crisis. También ha recibido un rescate superior a los 60.000 millones de euros. Como si esto fuera poco, mientras hay miles y miles de familias sin hogar o con el cinturón apretado para pagar todo, la banca dispone de casi 400.000 viviendas vacías.
Lo más probable es que no haya que construir viviendas nuevas. Se podría constituir un parque de viviendas de alquileres casi inmediatamente expropiando las viviendas de la banca y los fondos buitres sin indemnización alguna. Con dicha expropiación aumentaríamos al menos en 80 veces el parque actual de VPO. Tan solo habrá que rehabilitarlas para el uso cotidiano y cederlas a los inquilinos por un alquiler social que equilibre costes e ingresos familiares.
Y, como parte de ello será necesario un plan de obras públicas para que los servicios públicos de las barriadas populares puedan mejorarse notablemente. Esto es escuelas, hospitales y CAPs, ampliar las urgencias, mantención de plazas públicas, transporte urbano, etc. Para costear dicho plan será necesario aumentar los impuestos a la banca y las grandes fortunas. Y, para evitar la corrupción, nada mejor que ese plan se organice y ejecute bajo control de los trabajadores y los vecinos.
Sin medidas radicales y realistas de éste tipo, será imposible resolver el problema de la vivienda entre los trabajadores y el pueblo pobre. Porque todo lo que nos falta, nos lo quitó la banca, los empresarios del Ibex35 y las grandes fortunas. Queda claro que la derecha nunca morderá la mano de quien les da de comer. También lo es que el PSOE nada tiene de “obrero”. Y, lamentablemente los ayuntamientos del cambio, lo hacen igual. Necesitamos una izquierda anticapitalista y de los trabajadores.
