El Gobierno Municipal de Ahora Madrid ha incumplido, entre otros, dos de los ejes centrales de sus promesas electorales, como es la finalización de los desahucios y la disponibilidad de vivienda social para la población más vulnerable. Por el contrario, el propio Ayuntamiento de Madrid durante el mandato de Carmena ha sido un agente desahuciador más, procediendo durante su mandato al desalojo de familias que ocupaban pisos municipales.
Juan Carlos Arias @as_juancarlos
Martes 5 de marzo de 2019
Las cifras de este verdadero drama social resultan dramáticas en la Comunidad de Madrid. En 2018 hubo 6.435 desahucios, más de 17 al día (el 80% por impago de alquiler, es decir, con afectación a la población más vulnerable), mientras que los desalojos por impago de alquiler se han incrementado en un 3,1% en 2018. La Comunidad de Madrid es la segunda a escala nacional por el número de lanzamientos.
Pero en la ciudad de Madrid la situación no es menos trágica. Los desahucios aumentaron un 0,8 en el último trimestre de 2018 respecto al mismo período del año anterior. Siendo 261 los de ejecución hipotecaria y nada menos que 1.281 los debidos a impagos de alquiler.
El Ayuntamiento de Manuela Carmena y Ahora Madrid, durante sus ya prácticamente cuatro años de mandato, ni ha sabido ni ha querido paliar esas situaciones de necesidad social extrema entre la población trabajadora. Algo que podría haber intentado ofreciendo, al menos, una alternativa habitacional para todos lo que se vieran en esas circunstancias, tal y como aseguraron que harían durante la campaña electoral. Al contrario, el Gobierno de Carmena en Madrid ha sido un agente desahuciador más.
La política de Carmena ante la crisis de la vivienda: entre la impotencia y la pleitesía con los bancos y especuladores
Ante la falta de vivienda social municipal, lo único que intentó Carmena desde el principio de su mandato en el Ayuntamiento fue negociar “por la buenas” con los bancos, como grandes acaparadores de vivienda, en reuniones absolutamente secretas. Es decir, a espaldas del movimiento social y vecinal, y dejando al margen a organizaciones como la PAH, que venía luchando contra los desahucios y contra el negocio especulativo sobre la vivienda de los bancos rescatados por todos.
El Ayuntamiento de Ahora Madrid en manos de Carmena fue puesto al servicio de los mayores responsables de la situación que se trataba de paliar, para mendigar ante los poderes financieros la disposición de vivienda social con el menor coste para el Ayuntamiento y sin “pisar ningún callo” que molestase al poder financiero.
En el fondo lo que se hizo fue salvar la imagen de las grandes entidades financieras, haciendo creer que colaboraban en la solución de un grave problema social que los propios bancos habían creado, mediante una supuesta cesión voluntaria de viviendas completamente ilusoria. Carmena finalizó su serie de encuentros con los bancos sin lograr prácticamente nada, más allá de alguna cesión simbólica y con coste para el Ayuntamiento.
Tampoco pudo revertir la venta ilegal y por debajo de precio de mercado de miles de viviendas públicas a fondos buitre que hizo el Ayuntamiento de Madrid bajo mandato Ana Botella, que puso en la calle a muchas familias que no pudieron afrontar el aumento de los alquileres.
Por todo ello, el Ayuntamiento se vio prácticamente sin viviendas que ofrecer a los miles de familias desahuciadas y a toda la población necesitada de vivienda pública con la crisis, jóvenes, familias monoparentales, personas en situación de exclusión social, población inmigrante, etc. Colectivos que no disponen de capacidad para poder agenciarse una vivienda con sus propios recursos en un mercado inmobiliario infernal y especulativo al máximo.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Carmena disminuía la deuda municipal heredada del PP de Botella a ritmo de record, para mayor gloria de los propios bancos y acreedores financieros, y obtenía año tras año sucesivos superávits, alcanzando cifras superiores a los 1.000 millones de euros. Aún más, se respetaban las políticas de contención del gasto y del déficit del Gobierno del PP de Rajoy y Montoro y de la UE, mientras necesidades tan básicas como la vivienda continuaban sin resolverse.
De este modo llegamos al final del mandato de Manuela Carmena y Ahora Madrid encontrándonos con que tan solo se ha realizado una adjudicación de viviendas inicial, al principio del mandato, de 3.179 viviendas, a las que hay que añadir otras 288 que adjudicó a principios de febrero de este año para, en este último caso, nada menos que 30.000 demandantes. Es decir que, durante todo su mandato, para un problema tan esencial y candente como éste, Manuela Carmena ha ofrecido una alternativa permanente de vivienda a tan solo 3.467 familias, mientras la demanda y la espera para obtener una vivienda han alcanzado las 30.000 peticiones. Es decir, sólo un 11% de las solicitudes de demanda de vivienda.
El fracaso de la política de vivienda y contra los desahucios del Ayuntamiento de Madrid ha sido enorme. Y esto es así porque el Gobierno municipal de Manuela Carmena, sostenido por Podemos, hizo lo opuesto a lo que era necesario hacer: expropiar las viviendas vacías en manos de los bancos, en muchos casos bajo su propiedad gracias a la disposición de recursos públicos a través del rescate bancario, y muchas de ellas bajo la propiedad directa de la SAREB, el banco malo sostenido con recursos públicos.
Una nueva demostración de la inviabilidad de cualquier política social transformadora si no se atacan los grandes intereses económicos y financieros de la ciudad. Garantizar el derecho a una vivienda digna para el conjunto de las clases populares, evitando al mismo tiempo la gentrificación y la especulación inmobiliaria, sólo es posible si se expropia a los grandes propietarios inmobiliarios y se impone el control de precios, para obtener un parque público de viviendas de alquiler en favor de las clases populares.
Para ello, sin embargo, hace falta aquello de lo que el neorreformismo, convencido de su capacidad de democratizar las podridas instituciones de la democracia capitalista tomando el té con los bancos y grandes capitalistas, reniega por principio: impulsar la lucha de clases.
Juan Carlos Arias
Nació en Madrid en 1960. Es trabajador público desde hace más de 30 años y delegado sindical por UGT de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Es columnista habitual de Izquierda Diario en las secciones de Política y Economía. milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.
