DERECHOS Y HUMANOS. Desaparecidos: para Marcos Peña 30.000 es un número “simbólico”

Ayer se presentó en la Cámara Baja el jefe de Gabinete Marcos Peña para dar un informe sobre el curso del Gobierno a partir de las preguntas de los bloques.

Consultado por una diputada sobre si él desconocía, como el Presidente, el número de desaparecidos, Peña tuvo que admitir que “la cifra de 30 mil es una bandera que trasciende nuestro país”. Pero agregó que “la única lista oficial es la que difundió la Conadep, que es inferior”.

Eso sí, enseguida Peña sostuvo que no cree “que la discusión sobre el número implique poner en duda el Nunca Más y la política de Memoria, Verdad y Justicia. Ratificamos la política de Estado que dictadura y terrorismo de Estado no tenemos que tener nunca más en la Argentina”, dijo el jefe de Gabinete.

La diputada Nacional por el PTS-FIT Myriam Bregman también lo interrogó y, entre otras cosas, le recordó que en breve se cumplen diez años de la desaparición de Jorge Julio López. En ese sentido le preguntó a Peña si el Gobierno está dispuesto a entregar “todos los archivos que poseen la SIDE y los organismos del Estado sobre Julio López”.

Ambigüedad y límites

Las idas y vueltas de las explicaciones de Peña significan un reconocimiento a la lucha contra la impunidad y al extendido repudio que existe en nuestro país ante los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar.

En ese sentido el jefe de Gabinete acusó recibo de las últimas declaraciones de Mauricio Macri, quien ante las preguntas de una periodista extranjera sostuvo con total procacidad que no tenía “ni idea” de cuántos personas fueron desaparecidas por el terrorismo de Estado, ese al que él denominó “guerra sucia”.

El repudió a esas declaraciones fue inmediato y contundente y obligó a parte del gobierno de Cambiemos a tratar de explicar que el Presidente no había querido decir lo que dijo y afirmar que están a favor de que continúen los juicios contra los genocidas.

Es que las declaraciones de Macri fueron mucho más allá de lo que la relación de fuerzas les permite. Hablar de “guerra sucia” (definición surgida desde las entrañas del Proceso de Reorganización Nacional) es reivindicar la Doctrina de Seguridad Nacional que otorgó a las Fuerzas Armadas el poder para aniquilar a la “subversión”. Sostener ese concepto y blandirlo públicamente no sólo es justificar el terror represivo sino ocultar el terrorismo de Estado y el plan sistemático de exterminio. Un plan cuyo objetivo central fueron la clase obrera, la juventud y los sectores populares para aplastar el ascenso revolucionario de los 70.

Aunque a veces ambiguas, las declaraciones oficiales están acompañadas por políticas activas: recibieron a familiares de los genocidas; cerraron áreas estatales dedicadas a los derechos humanos; otorgaron mayor autonomía a las Fuerzas Armadas; se retiraron como querellantes en juicios de lesa humanidad; se escudan, bajo el eufemismo de “división de poderes”, para no apelar la decisión de un tribunal a otorgar la prisión domiciliaria a genocidas; impiden que se juzgue a los empresarios responsables del golpe y un largo etcétera. Todo esto demuestra que cuando Macri dice “guerra sucia” está queriendo decir guerra sucia. No hay doble discurso.

Se pueden sumar más datos para concluir que lo que se busca es más impunidad. Cuando el exministro de Cultura porteño Darío Lopérfido sostuvo que la cifra de 30.000 desaparecidos es una cifra que inventaron los familiares para cobrar subsidios desde el Estado; o cuando desde la tribuna mitrista La Nación exigen terminar con los juicios contra genocidas, llamándolos actos de “venganza” y después se les otorga las prisiones domiciliarias a represores como Etchecolatz. Más los desfiles con genocidas en Tucumán; la cena de Camaradería donde el Presidente les propuso a las Fuerzas Armadas tener un rol activo en la lucha contra el narcotráfico, no es difícil definir que el Gobierno, junto a sectores de la Justicia, buscan la impunidad y la reconciliación con los militares.

Abran los archivos

Cuando en 2014 se abrieron los archivos de la dictadura “hallados” en el Edificio Cóndor, pertenecientes a la Fuerza Aérea, se pudo conocer que la familia del jefe de Gabinete Marcos Peña estaba implicada en una causa de lesa humanidad. Los Braun eran parte del paquete accionario de la empresa aérea Austral, que fue estatizada por la dictadura en 1980 para exonerar a sus dueños de una deuda. La operación incluyó, según investiga la justicia, el secuestro y tortura de Eduardo Saiegh, principal acreedor de la línea aérea.

Si se abrieran los archivos de la dictadura no sólo se conocerían más casos como éste, sino que además se conocería cuál es la cifra de desaparecidos y represores involucrados y quiénes se apropiaron de los bebés nacidos, mucho de ellos, en cautiverio, que aún hoy desconocen su identidad.

La cifra de 30.000 desaparecidos no es arbitraria. Fue la conclusión de los organismos de derechos humanos basados en datos que se continuaron recogiendo después del informe de la Conadep. La propia Embajada de Estados Unidos envió informes al Departamento de Estado que en el año 1978 los jefes de la dictadura argentina informaron que las víctimas llegaban a 22.000. Esta cifra solo alcanzada en los dos primeros años del golpe.

Las movilizaciones en la ciudad de La Plata para repudiar el intento de otorgar prisión domiciliaria al Etchecolatz, las expectativas que está generando en la población cordobesa la lectura de la sentencia a 43 represores que actuaron en los Centros de Detención La Perla y Campo La Ribera, donde profesores y maestros están proponiendo a sus alumnos que asistan a los tribunales a escuchar el dictamen del tribunal, explican en parte por qué Macri y sus socios del gobierno no pueden hablar contra la lucha por juicio y castigo a los culpables.