Crimen De Estado. Desaparición forzada: el caso Maldonado vuelve a la Corte Suprema

Este lunes Verónica Heredia, la abogada de la familia de Santiago Maldonado, presentó un “recurso extraordinario federal” ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí, a través de una pormenorizada fundamentación, rechaza las conclusiones a las que llegó el 12 de diciembre la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal y exige que la investigación sobre los hechos que acabaron con la vida del joven artesano en 2017 no descarte la hipótesis de desaparición forzada.

Como se recordará, el jueves 12 la Cámara de Casación falló en el mismo sentido que lo había hecho en septiembre la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, rechazando el sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazú (el único imputado hasta el momento) y ordenando que la causa continúe abierta y se amplíen las medidas de prueba. Pero en el mismo acto (por dos votos a uno) rechazó que se investigue la hipótesis de desaparición forzada de persona.

Investigación abierta

En el escrito que presentó ante la Corte, la abogada destaca que en esa resolución de la Sala IV de la Cámara, los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky rechazaron que se investigue por desaparición forzada con argumentos disímiles y hasta contradictorios, mientras que el juez Gustavo Hornos dijo que esa hipótesis no debe ser descartada. Por eso exige, para que se respete el derecho elemental de la familia Maldonado a la verdad y la justicia, que la Corte defina.

Como reproduce Heredia en su escrito, en su voto de minoría el juez Hornos afirmó que “así las cosas, se advierte con meridiana claridad que la investigación en torno a las circunstancias que rodearon el deceso de Santiago Andrés Maldonado se encuentra abierta y, en esa medida, la conclusión de que la hipótesis de desaparición forzada ha quedado ‘definitivamente descartada’ (…) no sólo resulta evidentemente prematura, sino que constituye una errónea interpretación de la normativa aplicable que debe ser enfáticamente corregida”. Eso es, precisamente, lo que sostiene la querella.

Hornos también dijo que “la desaparición física de una persona en circunstancias en las que se llevaba adelante un procedimiento en el que intervenían fuerzas de seguridad exige por parte de las autoridades del Estado el compromiso categórico de actuar con diligencia inclaudicable, de poner a disposición de las partes todos los recursos que resulten razonablemente necesarios a fin de esclarecer los hechos y, eventualmente, establecer responsabilidades, procurando ejercer la máxima prudencia antes de emitir pronunciamientos que puedan menoscabar los derechos de los afectados”. Eso es, precisamente, lo que nunca hizo el Estado, a través de sus tres poderes.

Preguntas

La letrada patrocinante de la familia Maldonado, además, expone en el escrito varios elementos que la Corte debería considerar. Ente ellos, que la misma Cámara de Comodoro Rivadavia que dijo que no puede investigarse por desaparición forzada pide que se realicen nuevas medidas probatorias, como pericias que determinen fehacientemente “la data de la muerte de Santiago Maldonado” y qué, cómo y cuándo se produjeron las lesiones en la cabeza de Santiago (que según la autopsia eran de un “depredador”).

“¿Se puede descartar su desaparición forzada antes de conocer el resultado de esta prueba?”, le pregunta Heredia a la Corte en relación a que aún no se determinó la data de muerte. Obviamente ella responde que no. Y agrega que “las evidentes contradicciones en el informe de autopsia requieren la ampliación en las respuestas sin las cuales no hay certeza de las razones de la muerte de Santiago”.

Además, remarca que la pericia de la doctora Leticia Polilauskas (incorporada a los estudios complementarios de la autopsia) dijo “que el cuerpo de Santiago encontrado flotando en el río Chubut el 17 de octubre de 2017 no pudo estar más de 20 o 30 días en el agua”. En ese sentido se pregunta si se puede descartar la desaparición forzada de Santiago si Prefectura Naval Argentina dependiente del Ministerio de Seguridad hace tres rastrillajes con resultados negativos en el mismo lugar en el que luego se encuentra su cuerpo”. La respuesta, obviamente, también es negativa.

También recuerda que, a pesar de que personalmente le pidieron el 24 de noviembre de 2017 al juez Lleral “que realice pericias sobre los elementos encontrados junto al cuerpo de Santiago”, éste no lo hizo “a excepción sobre el DNI de Santiago luego de que se rompe la cadena de custodia al entregárselo a Sergio cuando retira el cuerpo de la Morgue”. Por eso se pregunta si se puede descartar la desaparición forzada de Santiago si desconocemos si los elementos encontrados junto a su cuerpo estuvieron siempre con él. “No”, se responde nuevamente.

Por si fuera poco, Heredia recuerda que “nunca se hizo la reconstrucción de los hechos a pesar de habérselo solicitado personalmente al juez Dr Lleral el 18 de octubre de 2017. ¿Puede descartarse la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago si nunca se hizo la reconstrucción de los hechos? No”, concluye.

El escrito, por otro lado, cuestiona que los tres jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal no se hayan pronunciado sobre algo que la querella pidió expresamente: indagar a fondo sobre la declaración pública de Elizabeth Loncopam, miembro de la comunidad mapuche reprimida aquel 1° de agosto de 2017, quien en entrevistas periodísticas afirmó que estuvo allí, corrió escapando de los gendarmes, escuchó “a un gendarme enfurecido con un tono norteño” y a otro gritando “¡Acá está! ¡Quedate quieto! ¡Gendarmería!” y luego escuchó “una voz como cansada que responde: ‘¡Ya está, ya está!’”.

De Bullrich a Frederic

En otro punto del texto presentado, la familia Maldonado le pide a la Corte que se “convoque a un grupo de expertos independientes a fin de garantizar una investigación independiente, imparcial, pronta y efectiva de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago”, en función de “la imperiosa necesidad de realizar una investigación independiente e imparcial del Poder Ejecutivo Nacional que hasta la fecha ha intervenido directamente en los hechos.

Si bien esta última referencia se enfoca directamente en lo realizado por Patricia Bullrich y sus secuaces, el pedido trasciende a la gestión de Cambiemos. “Desde los primeros días de la desaparición de Santiago, el Ministerio de Seguridad tuvo injerencia directa en las actuaciones judiciales y en las versiones mediáticas”, afirma la querella.

En tal sentido, remarca que en el caso “el rol del Ministerio de Seguridad fue y es clave”, ya que con Bullrich se intentó “desvincular el accionar de Gendarmería Nacional de la desaparición y muerte de Santiago” y con la actual gestión de Sabina Frederic, “la responsabiliza (a Gendarmería), pero con limitaciones”.

En referencia al caso Maldonado, la actual ministra de Seguridad afirmó hace una semana en radio Metro, entrevistada por María O’ Donnell, que “desaparición (forzada) aparentemente no hubo por las pericias que se hicieron y lo que sabemos del proceso judicial. Ahora está la caratula en abandono de persona”. Darle crédito a las “pericias que se hicieron” y al “proceso judicial” (es decir a todo lo realizado por los jueces Guido Otranto y Gustavo Lleral y por la fiscal Silvina Ávila) no es algo que, justamente, apunte a descubrir toda la verdad y alcanzar una verdadera justicia. Y eso es lo que plantea la familia Maldonado.

Un último elemento que Heredia le recuerda a la Corte es que desde el 22 de abril el Máximo Tribunal tiene en su poder el reclamo “contra la intervención y escuchas telefónicas ordenadas por el juez a cargo de la causa hasta el 22/09/2017, Guido Sebastián Otranto, quién a petición de la representante del Ministerio Público Fiscal, Silvina Alejandra Avila, intervino el teléfono particular de Sergio Aníbal Maldonado en el habeas corpus a favor de su hermano”. Un reclamo que aún la Corte no respondió.