En la capital de la región de Coquimbo, La Serena, se ha venido gestando un conflicto socioambiental basado en la defensa del humedal de la desembocadura del Río Elqui. Vecinas y vecinos han sostenido una lucha contra el avance de retroexcavadoras empeñadas en destruir el ecosistema presente en el sector.
Martes 31 de agosto de 2021
La explosiva expansión inmobiliaria ha llegado a límites intolerables. Se aprueba un proyecto tras otro, sin regulación, imponiendo la lógica privada al bienestar común con la defensa en la “legalidad” y “sustentabilidad” de diversas construcciones que varían entre condominios, edificios y casas en espacios de alto valor ambiental, como los humedales. Este desarrollo inmobiliario ha contado con garantías de parte de cada municipio que, ante la presentación de todos los antecedentes necesarios, no manifiestan oposición aún conociendo las consecuencias más nefastas que estos traerán.
En este escenario, surge la denuncia ciudadana como método de oposición al avance de estas constructoras. Hay varios casos a lo largo del país, llegando actualmente a la zona norte donde los humedales son escasos y de una relevancia aún mayor para la fauna animal que migra estacionalmente. En la capital de la región de Coquimbo, La Serena, se ha venido gestando un conflicto socioambiental basado en la defensa del humedal de la desembocadura del Río Elqui. Vecinas y vecinos han sostenido una lucha contra el avance de retroexcavadoras empeñadas en destruir el ecosistema presente en el sector. Y es que ni siquiera tiene sentido la construcción de edificaciones para residencia en dichos lugares, por el contrario, es un potencial peligro.
Se conocen los humedales como un ecosistema con múltiples propósitos ambientales, siendo uno de ellos, el de contener las crecidas de agua e inundaciones por marejadas, tsunamis o precipitaciones. Si se destruyen o remueven, el desequilibrio que generan lleva consigo el avance de dichos fenómenos naturales sin control que termina haciendo inviable en el tiempo cualquier tipo de proyecto inmobiliario, por muy vanguardista que sea.
¿Entonces por qué el empeño de las grandes inmobiliarias de seguir construyendo en estos espacios?
Es bastante paradójico. Pero debido a la continua destrucción de los espacios naturales, los proyectos de viviendas emplazadas en sectores con alta vegetación y agua son especialmente cotizados, atrayendo a las especulaciones empresariales que promueven la idea de “habitar y vivir de manera sustentable y armoniosa” con el medio ambiente, sin preocuparse de la sostenibilidad en el tiempo de este sueño fabricado.
Con la alta expectativa de ganancias por la plusvalía de este tipo de suelos, las inmobiliarias solo deben cumplir criterios legales mínimos y ambiguos, una vez que los pasan, dejan a su suerte a residentes por las consecuencias venideras que no forman parte de la responsabilidad de los ejecutores del proyecto.
La nueva ‘Ley de Humedales Urbanos’ y su reglamento para las constructoras, tiene como gran propuesta la incorporación de dichos proyectos a la calificación del Servicio de Evaluación Ambiental, que como mucho, podrá registrar los impactos y compararlos con la línea base para luego criticar el actuar irresponsable o no de las inmobiliarias. Pero existe una legítima desconfianza en el Sistema de Evaluación Ambiental, tanto frente a quienes toman las decisiones de dar luz verde a los proyectos o ante investigaciones sesgadas, como ha sucedido con la corrupta ley de pesca o más recientemente el proyecto minero-portuario Dominga.
Por ello, ahora es tan importante la organización y el fortalecimiento de la educación ambiental en las comunidades aledañas a dichos proyectos, ya que solo su oposición puede movilizar recursos judiciales y legales que presionen al aparato estatal a intervenir por la protección de estos espacios esenciales para la conservación y equilibrio ecosistémico medioambiental, amenazado por los intereses empresariales.
En la ciudad de La Serena se gesta una resistencia activa contra este tipo de proyectos, y el municipio ha propuesto que se califique la desembocadura del Río Elqui como ‘Humedal Urbano’ para su protección. Sin embargo, ante la debilidad legal y la nula compensación de los daños provocados por la empresa (exigible por ley), la reivindicación debiera escalar a una oposición social transversal de las comunidades para paralizar totalmente y, mediante los Tribunales Ambientales presentes en la zona, demandar una prohibición de seguir alterando el humedal y exigir el resarcimiento de cualquier daño generado para la preservación ecológica del lugar.
