Durante el desastre medioambiental que se vivió por la erupción del volcán Hunga Tonga-Hunga Ha´apai en Tonga, Perú sufrió el peor desastre ecológico ocurrido en Lima, teniendo como responsable a la transnacional REPSOL, que al día de hoy mantiene en emergencia ambiental al País.
Domingo 23 de enero de 2022
El sábado 15 de febrero ocurrió un derrame de petróleo en las playas Bahía Blanca y Costa Azul, distrito de Ventanilla (centro del país), Perú. Luego de que un buque de Repsol que abastecía a la refinería La Pampilla fuera golpeado por las olas provocadas por la erupción del volcán Hunga Tonga-Hunga Ha´apai en Tonga.
Mientras sucedía la erupción del volcán y posterior tsunami, distintos países ya habían decretado alertas tempranas de tsunami o bien estaban analizando las posibles consecuencias en sus costas, lo que no realizó el gobierno de Perú, ni las autoridades ni la empresa petrolera Repsol, que tomó la decisión que el buque tanque que transportaba petróleo siniestrado en el mar de Ventanilla siguiera sus operaciones, lo cual significaba poner en riesgo a sus trabajadorxs y posibles daños medioambientales provocados por el aumento del oleaje. Además, cabe mencionar que la Marina de guerra del país tuvo responsabilidad en el derrame petrolífero ya que no declaró la emergencia que ameritaba este suceso, lo cual tuvo como consecuencia la muerte de 2 personas que se encontraban en las costas del país y que terminó en el derrame de petróleo.
Luego de esto, Repsol señaló en un comunicado, que se había producido un "derrame limitado debido a la violencia del oleaje que ocurrió en plena faena de descarga", también inicialmente habían minimizado este hecho reportando que el derrame del petróleo solo equivalía a 0,16 barriles y que el área afectada era de solo dos metros y medios cuadrados, lo cual era algo irrisorio ya que un barril de petróleo equivale a 160 litros.
Mientras la situación durante los primeros días seguía en aumento, los vecinos de la zona comentaban que “Las aves no podían volar. En este lado de Ventanilla están los nidos de todas las aves guaneras. Ellos se zambullen en el mar, pero al momento de salir, ya no pudieron” al mismo tiempo mencionando que a ellxs también les estaba afectando físicamente por las irritaciones en sus ojos que cada vez se sentían más fuertes.
Luego de cuatro días, el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, tras reunirse con representantes de la empresa, informó que se calcula que se han derramado 6.000 barriles de crudo en el mar del Callao, con lo cual se ha afectado de manera directa los ecosistemas naturales de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Islotes de Pescadores y la Zona Reservada Ancón y zonas aledañas.
Se hizo de conocimiento público que la empresa Repsol, responsable directa de este desastre ambiental, no tiene un plan de contingencia y de remediación de daños ambientales y de siniestros como los ocurridos en Ventanilla que, como lo vemos ahora, terminan afectando el medio ambiente, así como la vida y las actividades económicas de los pobladores de las zonas aledañas. A pesar de no contar con estos protocolos básicos ante cualquier emergencia de esta índole, esta empresa transnacional siguió operando sin que las instituciones del Estado ni los funcionarios públicos afines a este gobierno observen su accionar o la sancionen.
La Ley peruana que le da impunidad a REPSOL
La Ley General de Hidrocarburos, Ley 26.221 fue emitida durante el gobierno de Alejandro Toledo en colaboración con el ex Ministro de Economía y Finanzas y ex Presidente Pedro Pablo Kuczynsk, una ley adaptada al esquema neoliberal.
Puntos importantes para conocer sobre la ley:
La molestia de las comunidades, el silencio y la desidia del gobierno peruano
Durante los últimos días ha aumentado la molestia y preocupación de los habitantes de las zonas afectadas. Asimismo el gobierno ha mantenido una postura condescendiente con la empresa, ocultando lo ocurrido o entregando información parcial del derrame y sus consecuencias en los distintos ecosistemas y dejando en claro que no tomarán ninguna sanción contra Repsol.
Luego de días, la premier Mirtha Vázquez junto a congresistas afines al gobierno, se apersonaron el día jueves 20 de enero en la zona siniestrada para decirles a los pobladores y a los pescadores afectados que “el gobierno estaba en conversaciones con la empresa Repsol” y que les ofrecían, como “medida de compensación”, canastas de víveres y trabajo en la zona del derrame, este hecho hizo que los asistentes abuchearan y cuestionaran duramente al presidente de la República y a su comitiva, mostrando que esa no era ninguna solución real a la situación que estaban viviendo.
El ecocidio que se produjo en Ventanilla por el derrame de petróleo de Repsol revela los peligros vinculados a la política extractivista que han avalado los gobiernos neoliberales, así como las exenciones tributarias que gozan estas corporaciones y las eternas concesiones que les permite consolidarse como monopolios.
Los últimos sucesos del ecocidio en Perú:
El panorama durante estos últimos días ha ido empeorando a pesar de lo comunicado por Repsol e instituciones como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), quienes dieron a conocer que el impacto del derrame petrolífero alcanza actualmente casi 3 millones de metros cuadrados de playa y mar, reportando daños desde Ventanilla hasta las playas Pasamayo, Chacra y Mar y Peralvillo, ubicadas en Huaral, a una distancia de 40 kilómetros del origen del derrame con la posibilidad de que el daño se extienda hacia el norte del país.
A la fecha, la población de la zona afectada, en conjunto con los pescadores se han organizado para mostrar la rabia que tienen y la preocupación hacia el daño a las aves y animales marinos que habitan en las costas, el efecto que tiene el derrame hacia los ecosistemas y el daño económico que irá aumentando han generado diversas protestas para exigir que la empresa sea sancionada y que asuma la responsabilidad integral en la limpieza de las playas, así mismo se exige la atención inmediata de las aves que sobrevivieron al derrame del petróleo y que los pescadores artesanales sean indemnizados por estos daños, que no solo afectan sus actividades económicas básicas, sino también su salud y la de sus familias.
