Libertades Democráticas. Desde Esquel, junto a la APDH y la comunidad mapuche por Santiago Maldonado

Soy hija de desaparecidos y desde el lunes estoy en Esquel (Chubut) en representación del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH). Apenas llegamos nos pusimos a disposición tanto de la comunidad mapuche como de la familia de Santiago Maldonado y de los organismos de derechos humanos locales, como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Allí nos encontramos con Sergio Maldonado, hermano de Santiago. Con él tuvimos un acercamiento especial, ya que compartimos una historia común. Él hoy sufre la desaparición de su hermano y hace cuarenta años mis viejos desparecieron a manos de las fuerzas represivas del Estado.

Luego fuimos al penal de Esquel a visitar a Facundo Jones Huala, detenido injusta e ilegalmente desde hace casi dos meses y llevando ya quince días de huelga de hambre. Su estado de salud es complicado y por eso los organismos de derechos humanos le estamos pidiendo que levante esa medida. No sólo vemos peligrar su salud sino que consideramos muy importante que él esté bien para poder continuar esta lucha junto a su comunidad.

Afuera del penal nos encontramos con Fernando Jones Huala, hermano de Facundo, y su compañera Andrea. De ellos escuchamos el difícil contexto en el que se da la desaparición de Santiago, que tiene que ver con una criminalización, hostigamiento y represión constante al pueblo mapuche de la región.

También nos cercamos al juzgado de Guido Otranto, donde pedimos una audiencia para manifestar personalmente nuestra preocupación por este hecho grave.

No hay dudas, es una desaparición forzada

Los testimonios recolectados en los lugares que tienen que ver con los hechos que rodean a la desaparición de Santiago no hacen más que confirmar lo que venimos denunciando desde el primer día: que la de Santiago es una desaparición forzada en manos de la Gendarmería.

En ese sentido, las regionales de la APDH de Esquel y de la Comarca están cumpliendo un rol muy importante, acompañando a la comunidad mapuche y dando la pelea por la aparición con vida de Santiago. Su presentación como querellantes aportó, entre otras cosas, el acercamiento de los testigos a declarar en el expediente. Testimonios que no dejan lugar a dudas sobre que a Santiago lo detuvo y se lo llevó en una camioneta la Gendarmería Nacional.

Un dato nada menor es que la ciudad de Esquel está profundamente militarizada. Allí operan con gran presencia y cotidianamente varias fuerzas represivas del Estado como el Ejército, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía de Chubut. La pelea por Santiago, en este contexto, cuenta con un ingrediente que la hace más compleja. Por eso nuestra presencia y la de tantos otros organismos de derechos humanos buscar rodear de solidaridad y protección a las compañeras y compañeros que luchan en el terreno.

Esa militarización, de hecho, pudimos comprobarla personalmente en la tarde del martes, cuando caminando por la calle con Fernando Jones Huala fuimos seguidos de forma constante por una camioneta por varias cuadras, intentado amedrentarnos.

Rastrillaje con un ejército de ocupación

Este miércoles nos preparábamos para acompañar a uno de los compañeros querellantes de la APDH que iba a declarar a la Fiscalía en el marco de la causa. Pero a eso de las 7:30 de la mañana recibimos una llamada avisando que una importante dotación de la Policía Federal había llegado a la ciudad y se dirigía al lugar de la represión y desaparición de Santiago. Iban a hacer un rastrillaje, dijeron.

El aviso llegó desde el propio Juzgado a la APDH y a la Comisión Provincial por la Memoria (que está instalada en Esquel). Pero lo hicieron con la suficiente demora como para que la delegación que se dirigiera a la zona llegara tarde (desde la ciudad hay una hora de viaje).

Eso es muy grave porque los organismos cumplen un rol central tanto en hacer que se respeten las garantías democráticas de la comunidad, donde viven muchas mujeres y niños, como en impedir que se realice cualquier tipo de maniobras o plantación de pruebas que sirvan para desviar la atención.

Enseguida partimos hacia allá con Norma Ríos, presidente de la APDH nacional que también está presente estos días en Esquel, con Julio Saquero de la APDH de Esquel (miembro también de la mesa nacional de la APDH), Mabel Sánches de la APDH del noroeste del Chubut, Guillermo Anderson de la Comisión por la Memoria y los compañeros Fernando y Andrea de la comunidad.

Poco antes de llegar al lugar fuimos interceptados por un retén de la Policía Federal. Allí había medios de comunicación a los que tampoco se los dejó avanzar. Quienes fueron autorizados a pasar como veedores fueron Norma, Mabel, Julio y Guillermo, logrando acceder al lugar para estar junto a la comunidad durante el procedimiento. Que los compañeros pudieran ingresar nos dio cierta tranquilidad entre tanta tensión.

El resto debimos quedarnos allí, comprobando lo que tantas veces denuncia la comunidad mapuche respecto al hostigamiento y la criminalización.

Allí, esperando, pudimos comprobar la corta distancia que hay entre la zona donde vive la comunidad y el ingreso al casco de la estancia de Benetton, lugar desde el jefe de Gabinete Pablo Noceti condujo y coordinó el operativo represivo.

El operativo de la Federal fue descomunal, con unos 400 efectivos desplegados en una enorme cantidad de camionetas, móviles de inteligencia y comunicaciones, autos de civil, botes, helicópteros y drones. Parecía un verdadero ejército de ocupación.

Lo de los drones es muy peligroso para la comunidad mapuche, y ellos lo saben muy bien, ya que es la forma que utiliza el Estado para “marcar” el territorio donde viven. El objetivo era, directamente, atemorizar a la población del lugar y seguir la pista que están planteando desde el Gobierno, que no es otra que criminalizar a los mapuches y al propio Santiago, intimidar con operativos como éste a la comunidad, mostrando la impunidad del Estado represor.

Como vienen denunciando los organismos de Esquel, realizan toda esta puesta en escena cuando en verdad se tendría que estar allanando hasta el último rincón donde opera la Gendarmería en la región. Pero no. Apenas se allanaron algunos destacamentos, varios días después de los hechos, y montan este operativo monumental en la zona de donde se lo llevaron a Santiago como si lo fueran a encontrar acá.

Eso ya lo vivimos hace once años alrededor del caso del compañero Jorge Julio López, cuando se dejaron pasar días claves para encontrarlo vivo mientras se investigaba su entorno y no a quienes directamente eran acusados por las querellas, en aquel caso la Policía Bonaerense.

Hay que decir claramente que, contra todas las mentiras y falacias de la ministra Patricia Bullrich y a pesar de este ejército de ocupación que se monta sobre ellos, la comunidad mapuche siempre colaboró para que se sepa la verdad y se pueda encontrar a Santiago. Siempre permitieron que se ingrese al lugar y se hagan los rastrillajes. Es que son los más interesados en que se sepa realmente qué pasó con Santiago Maldonado y que se castigue a los culpables.

Acompañando a la familia de Santiago, luego de la enorme movilización nacional del viernes pasado, con la concentración masiva en Plaza de Mayo exigiéndole a Macri, Bullrich y Noceti que encuentren con vida al joven, tenemos que volver a decir que Santiago es un desaparecido después de una represión. Esto tiene que ser un antes y un después. No se puede permitir que este caso quede impune. Por eso la movilización popular se tiene que incrementar.

Después del rastrillaje la compañera Norma Ríos informó que uno de los perros adiestrados se dirigió directamente a un lugar donde se halló un collar. Eso lo dejó asentado una secretaria del juzgado de Guido Otranto, quien ante los mismos veedores no ahorró calificativos abiertamente antimapuches.

Obviamente no puede deteminarse aún a quién pertenece el collar. Lo que sí es un hecho es que los veedores denunciaron y dejaron constancia de que no se realizó ningún análisis de la tierra y el agua que tomó contacto con ese elemento. Es decir que no se puede determinar si el collar realmente estaba ahí desde hacía más de quince días o si fue “plantado” con posterioridad.

“Preguntamos cómo podía ser que en el rastrillaje anterior ese collar no se haya encontrado”, nos dijo Norma. Y le respondieron que fue la comunidad mapuche la que se había opuesto a que se rastrillara, lo que es totalmente falso.

Sobre el anochecer del miércoles nos llegó un mensaje de audio de Whatsapp. Era Sergio Maldonado, quien en nombre de la familia de Santiago denunció a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien horas antes había declarado durante tres horas en el Senado de la Nación por el caso de su hermano.

“Niega la desaparición forzada de Santiago y niega dar la información sobre el operativo que llevó adelante la fuerza de seguridad a su cargo. Esta falta de reconocimiento genera en la familia indignación e impotencia de conocer el paradero de Santiago y la verdad de los hechos y sus responsables. La sospecha sobre Santiago y su entorno lo revictimiza, como también a nuestra familia. Van más de quince días y las autoridades judiciales y políticas siguen desviando el foco y continúan garantizando impunidad a la fuerza de seguridad y miedo a toda la sociedad. Exigimos aparición con vida de Santiago y la inmediata investigación”, dice Sergio en su audio. El CeProDH suscribe esas palabras.