A pocas semanas de la sentencia contra los líderes soberanistas por el 1-O, la oleada represiva en Catalunya sigue en todo lo alto, no solo contra la dirección procesista, sino contra el movimiento en general y la izquierda independentista en particular.
Arsen Sabaté Barcelona | @ArsenSabate
Viernes 13 de septiembre de 2019
La Diada de este 11 de septiembre volvió a convertirse en una masiva manifestación con 600.000 personas llenando la Plaza Espanya de Barcelona y las cinco avenidas más próximas.
En esta ocasión el eje central de la manifestación fue la respuesta de gran parte de la sociedad catalana y el movimiento independentista a la inminente sentencia a la que se enfrentan los líderes soberanistas presos por los hechos del 1-O y los días previos, así como también por la declaración de independencia del 27-O de 2017.
El juicio farsa celebrado durante la primera mitad de este año, como la sentencia que está por venir en las próximas semanas son el colofón a la ofensiva reaccionaria que desde el bloque españolista se viene levantando para eliminar de raíz y de forma definitiva las aspiraciones democráticas por el derecho a decidir del pueblo catalán.
Sin embargo, es necesario remarcar que la ofensiva reaccionaria desatada tras la aplicación del 155 en Catalunya y el espaldarazo de Felipe VI con el discurso del "A por ellos" dos días después del 1-O supone no solo un grave atentado contra la dirección del procés, sino que pone en la picota las libertades democráticas del pueblo catalán, golpeando con dureza, además, contra la izquierda independentista con el fin de acabar con el movimiento independentista a golpe de represión por parte del Régimen del 78.
Sin ir más lejos, la pasada semana la organización juvenil Arran presentaba un balance represivo en el que documentan que en los últimos tres años su organización ha sufrido más de 40 detenciones y 600 identificaciones; se han abierto 26 causas judiciales y 67 militantes están a día de hoy encausados.
Uno de los casos de represión judicial que más ha impactado entre el movimiento independentista, por ser uno de los últimos pero también por la forma de proceder durante la investigación policial, es el conocido como "Controlades", en el que se pedía a ocho militantes de Arran hasta tres años de prisión por delitos de desordenes públicos y daños. Todo en un proceso más que sospechoso por parte de los Mossos d’Esquadra, puesto que la mayoría de los acusados no tenían antecedentes y no podían figurar en ningún fichero policial.
Pero a día de hoy son innumerables las causas abiertas en todos los ámbitos de la sociedad catalana y contra jóvenes y activistas de la izquierda independentista o los Comités de Defensa de la República (CDR) por acciones como los cortes de carretera durante la huelga del 8N en 2017 o la apertura de los peajes en las protestas por la detención de Carles Puigdemont en abril de 2018.
La detención de Tamara Carrasco y el exilio de Adrià Carrasco, así como las acusaciones de rebelión y terrorismo por estos hechos son, sin duda, la punta del iceberg de la escalada represiva que viene sufriendo el movimiento independentista.
Y, per acabar d’enmerdar-ho tot, coincidiendo con la cada vez más directa política de vuelta al autonomismo por parte de la dirección del bloque soberanista, los Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya vienen avanzando también en un curso reaccionario a las ordenes del Conseller d’Interior, Miquel Buch.
Es el caso, por ejemplo de la represión efectuada durante el primer aniversario del 1-O en 2018 en la que mientras el president Torra animaba a los CDR a seguir presionando, los Mossos d’Esquadra reprimían con cargas policiales a centenares de personas que se manifestaban ante el Parlament de Catalunya.
Y ni que decir de un sinfín de causas abiertas contra miembros de la izquierda independentista, ordenadas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y en las que son los propios Mossos los que ejecutan las detenciones.
Ante todo ello y para oponer resistencia a la ofensiva represiva que se está viviendo en Catalunya es necesario levantar un movimiento anti represivo que pueda coordinar todos los casos y luche por la libertad de todos los presos políticos y acabe con las leyes represivas del Régimen del 78, tal y como manifestaba nuestra compañera Verónica Landa desde la manifestación de la Diada de este año, la cual ha sido objeto también de un caso de represión contra la libertad de expresión.
Y es que la oleada represiva contra el pueblo catalán es también la antesala para la regresión de los derechos y libertades democráticas a nivel general en todo el Estado. Porque si llamar a la calma a las masas movilizadas, tal y como hicieron Jordi Sànchez y Jordi Cuixart el 20S de 2017, sienta precedente como delito de rebelión o de sedición, o peor aún, si levantar las barreras de los peajes como acción no violenta puede ser interpretada como delito de terrorismo, ¿que no les puede pasar a los pensionistas, al movimiento feminista o a la juventud precarizada cuando se manifiesten en las calles?
Por todo ello, solo retomando el camino de la movilización social, independiente de los partidos de la burguesía y la pequeña burguesía catalana y en conjunto con los demás sectores oprimidos del Estado se podrá poner freno a la represión y los ataques a las libertades democráticas, así como retomar la lucha por el derecho a la autodeterminación.
