El responsable de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona ha manifestado esta semana que los “retornos asistidos” de los menores extranjeros podría ser la solución al conflicto con los Menas. Se profundiza el racismo institucional de BComú de la mano del PSC y Valls.
Arsen Sabaté Barcelona | @ArsenSabate
Jueves 25 de julio de 2019
“Un niño siempre estará mejor con su familia, por muy problemática que sea, que viviendo en los jardines de Sant Pau”. Así, con esta sentencia Albert Batlle, el flamante nuevo teniente de alcaldía de Seguridad de Barcelona, daba a conocer su política en torno a uno de los problemas más acuciantes de un tiempo a esta parte durante una entrevista radiofónica: la situación social de los menores extranjeros no acompañados bajo la excusa de acabar con la delincuencia de la ciudad.
Y es que, para el nuevo responsable de Seguridad de la ciudad, ex director de los Mossos d’Esquadra y, nada más y nada menos que, antiguo Secretario de Servicios Penitenciarios y Justicia Juvenil hasta 2011, la solución al problema de la situación de los Menas pasa por el “retorno asistido” de los adolescentes a sus países de origen.
Pese a que, durante la entrevista, el propio Batlle argumentó que “expulsión o expatriación, no forma parte de mi vocabulario. Hablo de retornos asistidos, de programas de acompañamiento. No es lo mismo coger un avión y mandarlos y la otra que este retorno, sea un retorno acompañado", el planteamiento del teniente de alcaldía no es otro que la ejecución de un plan institucional para la deportación de menores y la correspondiente resolución de un conflicto que lleva tiempo alejado de las preocupaciones del Ayuntamiento de BComú o de la Generalitat de Catalunya.
Una vía, además, la que propone el responsable de seguridad del Ayuntamiento de BComú sobre la de la deportación de menores, y que contempla la Ley de extranjería en su artículo 195, que no se diferencia en nada a las propuestas del partido de ultra derecha Vox. Todo ello, claro está, si pasamos por alto que el gobierno municipal del Barcelona está dirigido por la izquierda neorreformista de Ada Colau.
En el mismo sentido, cabe recordar que el partido de la que hasta hace poco fuera la “alcaldesa del cambio”, BComú, ha conseguido revalidar el mandato municipal de Barcelona a costa de la formación de un gobierno municipal paritario entre BComú y el PSC, un partido que, históricamente y con el objetivo de impulsar la marca Barcelona, no ha escatimado en esfuerzos durante sus décadas al frente del Ayuntamiento de la ciudad para perseguir a inmigrantes sin papeles.
Por si fuera poco, para la revalidación del mandato de Ada Colau como alcaldesa, se contó también con los votos del partido de Manuel Valls, famoso por ser el "campeón" en la expulsión de inmigrantes en Francia.
Sin duda, se entiende ahora con toda su magnitud que ya en la presentación del acuerdo para la formación del gobierno municipal entre BComú y PSC, no hace ni dos semanas, se destacara el peso que tendrían las competencias en seguridad, creando una nueva tenencia de alcaldía para tales efectos represivos.
Por su parte, ante la declaración de intenciones de Batlle, la plataforma de Exmenas denunció al responsable de seguridad de “irresponsable” por sus declaraciones sobre el planteamiento de un “retorno asistido” y sentenciaba que esta solución no haría más que “intensificar la vulnerabilidad de los menores que viven en Barcelona”.
No obstante, ya durante el primer mandato de Ada Colau, BComú no ofreció ninguna solución efectiva para resolver la situación de los MENAS, uno de los sectores más desprotegidos, sino que ya hizo gala de un fuerte cinismo con un discurso de creación de referentes educativos para este colectivo, pero en la práctica, la alcaldesa delegó en todo momento en la Guàrdia Urbana para las tareas de reubicar e ingresar a los menores en centros, la misma que acosa de forma sistemática con medidas de persecución a este colectivo.
El mismo proceder, sin duda, que tuvo Ada Colau y su equipo de gobierno con el colectivo de vendedores ambulantes desde el minuto cero de su entrada al Ayuntamiento. La política de gestos del neorreformismo llevó a que mientras BComú levantaba la bandera de ser una ciudad de acogida y opuesta a las políticas migratorias reaccionarias de la UE, intensificaran a la vez la persecución hacia el colectivo de “manteros”. Y es que mientras con una mano se les ha estado ofreciendo mesas de negociación y la posibilidad de entrar en una bolsa de trabajo, con la otra se les está persiguiendo a golpe de porra por no tener papeles.
Sin ir más lejos, durante la misma entrevista, el propio Albert Batlle manifestó que desde el Ayuntamiento "Estamos obligados a combatir una actividad ilegal como es la venta ambulante", y que “hay una gran sintonía con la alcaldesa respecto a estos temas”.
Queda claro entonces que, lejos de resolver las urgentes necesidades de estos sectores, el racismo institucional no hará más que profundizarse durante estos próximos cuatro años.
