El gobierno busca de esta forma proteger las ganancias de los empresarios nacionales y transnacionales del transporte público.
Martes 5 de junio de 2018
Luego de la primera cuenta pública de este segundo gobierno de Sebastián Piñera, que buscaba poner en el centro la invitación al dialogo y a los consensos, desde este 5 de junio comenzará a regir la cuestionada iniciativa, que busca seguir haciendo caer sobre los hombres de la clase trabajadora el problema de los precios en el transporte público.
La legislación, que lleva por nombre “Registro de Evasores” del Transantiago, dista mucho de una solución en torno a la demagogia piñerista del “dialogo” y los “acuerdos” con las y los trabajadores del país, los principales usuarios de este medio de transporte.
La medida, buscará penalizar con la no entrega de documentos, como la licencia de conducir, el permiso de circulación y la devolución del IVA a quienes no paguen los pasajes adeudados en el Transporte. Además, las multas en dinero ascenderán a 1,5 unidades de tributarias mensuales (UTM), es decir, sobre los $70 mil pesos.
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Durante la cuenta pública Piñera no hizo alusión concreta a como pretende mejorar la calidad de vida del conjunto de la población, esto, ya que se limitó a decir en torno al sueldo mínimo que este “mejorará”, y que los empleos también se sostendrán en el tiempo. Pero claramente fortaleciendo la inversión de los privados, que fue y es la hoja de ruta de la derecha en complicidad con la ex Nueva mayoría, queda claro que la realidad de las y los trabajadores en Chile no mejora.
Los acuerdos son, pero entre el gobierno y los empresarios
No puede ser de otra forma, para sacar adelante el programa de leyes que pretenden encubrir el saqueo empresarial al bolsillo de la mayoría trabajadora del país, Piñera debe abordarlo de manera estratégica en torno a discursos populistas sobre el dialogo y el desarrollo del país.
Pero es justamente la entrada en vigencia de estas leyes, como la de evasión al Transantiago la que nos demuestra que el gobierno está en la vereda de enfrente en torno al problema del transporte; plantean seguir poniendo el foco del problema en quienes “evaden”, es decir, en esas personas que viven con el sueldo mínimo y no les alcanza para pagar el costoso pasaje diario de los trayectos casa/trabajo/casa. Que tienen que hacinarse en las micros y el metro para poder llegar a tiempo a trabajar o descansar y que son quienes, finalmente, generan las grandes riquezas a costa de su sudor para un puñado de ricos empresarios (y que por lo demás jamás han pisado ni pisarán la locomoción colectiva).
Por un sistema estatal de transportes, administrado por sus trabajadores y usuarios
Para acabar con el negocio de las grandes empresas nacionales y transnacionales que se quedan con los miles de millones en ganancias gracias al negocio que mantienen en el Transantiago amparado por el Estado, deben ser los propios trabajadores quienes en conjunto con las personas usuarias administren el Transporte público, estatizando sin indemnizar a los privados y con tarifas gratuitas para asegurar el acceso a toda la población.
