Mientras el Senado discute una avanzada punitiva contra las libertades democráticas, miles de personas privadas de su libertad hacen huelga de hambre y exigen debatir en serio la problemática carcelaria.
Daniel Satur @saturnetroc
Viernes 21 de abril de 2017
Penal de Olmos
Ayer en el plenario de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara de Senadores de la Nación se realizó una audiencia “pública” (en verdad no mucho, ya que la ministra Patricia Bullrich no dejó entrar durante su exposición a varios organismos de derechos humanos que entienden en la materia), donde los legisladores escucharon los argumentos a favor y en contra del proyecto del macrismo para reformar la Ley 24.660.
Una reforma a todas luces tendiente a abarrotar las cárceles cada vez más de presos sin resolver ni un ápice (y hasta agravándolos) los problemas profundos que subyacen a la criminalidad urbana y los “delitos”.
Sabiendo de lo contracorriente que es (pese a ser muy valiosa) la intervención de los organismos de derechos humanos y la acción de sus familiares extramuros, miles de personas privadas de su libertad que pueblan los penales federales y de los servicios penitenciarios de las provincias decidieron hace rato hacerse escuchar con sus verdades incontrastables a cuesta.
Con motivo de la realización de la audiencia de ayer de la comisión de senadores, desde diferentes penales hicieron público su rechazo a la reforma propuesta por el macrismo pero a su vez plantearon la necesidad de abordar la temática de fondo y no con salidas espasmódica y mucho menos guiadas por el deseo frenético pequeñoburgués de venganza personal y segregación social.
“ciudadanos” versus “delincuentes”
Desde la Unidad 31 de Florencio Varela el denominado Colectivo de Personas Privadas de Libertad Ambulatoria en el Servicio Penitenciario provincial, junto a familiares de detenidos, emitieron un comunicado en el que fundamentan su rechazo a las modificaciones a la ley 24.660, a pesar incluso de comprender “la inminente necesidad de brindar un verdadero tratamiento a los problemas que vienen presentando las organizaciones representantes de las víctimas en hechos delictivos. No obstante, es preciso que tal situación sea abordada desde una perspectiva global sobre el asunto y no -como se pretende- adoptar una medida ligera y que ninguna tranquilidad nos trae respecto a los conflictos que como sociedad estamos atravesando”.
En ese sentido recuerdan que “la actual situación de las personas privadas de la libertad en nuestro país, indica desde el llano que con la ley actual no sale casi nadie”, acusando entonces de “acto demagógico innecesario” el del oficialismo al intentar justificar las reformas.
Y a la demagogia oficial suman las “decenas de micrófonos” que con una total abordan los problemas de la criminalidad, del delito y la violencia, de las fuerzas de seguridad y de la justicia con total “falta de responsabilidad”.
“También observamos que desde ese mismo escenario en vez de llevar los chicos a la escuela discutimos cómo bajar la edad de imputabilidad. En consecuencia, se delimita un mapa social en el que se configuran dos posiciones diferenciadas de sujeto: el ciudadano que se constituye en el mismo reclamo de seguridad y el delincuente, un ’otro radicalmente peligroso’”, sentencian desde la cárcel de Florencio Varela.
De allí que deduzcan que “la promesa de seguridad a través de la mano dura es incumplible porque es básicamente falsa. Lo estrictamente cierto y comprobable es que las múltiples violaciones a los derechos humanos que produce forman parte de un dispositivo de gobierno de territorios cuyos conflictos no podrán nunca abordarse sólo desde el sistema penal, o sea, a través de la represión”.
Finalmente desde el penal del sur de gran Buenos Aires alertan sobre el hecho de que si no se parte de “un diálogo sincero, explorando soluciones concretas” será muy difícil evitar “la desgraciada posibilidad de que frente a la desidia de nuestros actores político-institucionales, desencadene una serie de motines con las consecuencias gravísimas que lamentablemente ello trae”. Y terminan planteando que “los suscriptos, junto a los familiares y organizaciones no gubernamentales, han venido haciendo un gran esfuerzo por contener a los detenidos y no llegar a romper el diálogo cuya consecuencia nos veremos obligados a lamentar”.
Huelga de hambre y llamado de atención
Las consideraciones de estos detenidos y sus familiares son compartidas por cientos de internos e internas de otras unidades. Desde Los Hornos (La Plata), las presas del Centro de Estudiantes Universitarias Juana Azurduy, funcionando dentro de la Unidad 8 de esa cárcel, comparten el diagnóstico y fueron un paso más allá. Reunidas en asamblea decidieron declararse en huelga de hambre y paro de actividades “en repudio a este proyecto que viola flagrantemente el principio de progresividad de pena y atenuación de encierro que preveen de normativas de ejecución de pena”.
Mediante un comunicado de prensa las internas alojadas en la unidad 8 del SPB de Los Hornos rechazaron así “la inminente reforma de la Ley de Ejecución de Penas que rige a nivel nacional, la cual en su proyecto con media sanción de diputados, claramente violan garantías constitucionales expresamente reconocidas en nuestra carta magna”.
Lo propio hicieron desde Olmos los internos del Centro Universitario, quienes exigen que se escuche “una versión diferente a la que están tratando de implantar desde el oficialismo sobre la opinión pública, la cual no está debidamente informada sobre la problemática de las personas privadas de la libertad y, en particular sobre las reformas arbitrarias que se pretenden llevar a cabo desde el gobierno nacional y provincial, y sobre las nefastas consecuencias que las mismas producirían en la sociedad en general”.
Los presos de esa Unidad 1 del SPB, haciendo una definición estructural de problemática, afirman que “la delincuencia juvenil es la consecuencia de generaciones de desocupados. Chicos que crecieron con sus padres sin trabajo, y sin la posibilidad de tener lo básico para poder sobrevivir y ser feliz. A esto se le suma una cultura consumista que se nos refriega a través de los medios de comunicación en donde para pertenecer tienes que tener determinadas cosas. Te crean la necesidad y el deseo pero no te dan la oportunidad de poder tener lo que te venden”.
Allí también se declararon en huelga de hambre, “con el fin de que dicha reforma de ley no sea aprobada, ya que la misma es inconstitucional”.
Daniel Satur
Nació en La Plata en 1975. Trabajó en diferentes oficios (tornero, librero, técnico de TV por cable, tapicero y vendedor de varias cosas, desde planes de salud a pastelitos calientes). Estudió periodismo en la UNLP. Ejerce el violento oficio como editor y cronista de La Izquierda Diario. Milita hace más de dos décadas en el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS).