Una decisión rápida y sorpresiva que beneficia al gobernador en su disputa con Alperovich, que se juega a ser “el candidato” de Cristina Kirchner. Un nuevo capítulo de un régimen fraudulento para pocos.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Lunes 7 de enero de 2019 10:00
Sin distinguir entre crédulos y cautos, el Día de los Inocentes alteró la arena política tucumana en el fin de año. El 28 de diciembre, horas antes de comenzar la feria judicial, se conoció la sentencia de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que habilitaba la posibilidad de adelantar las elecciones provinciales y desdoblarlas respecto de los comicios nacionales, como ya se decidió en siete provincias.. Los jueces Juan Ricardo Acosta y Horacio Ricardo Castellanos consideraron inconstitucional el inciso 6 del artículo 43 de la Constitución Provincial, mediante el cual se establecía la obligatoriedad de realizar las elecciones dos meses antes de la finalización de los mandatos en octubre.
La decisión de la Sala I fue expeditiva y con un timing ideal para el gobierno provincial. En 15 días, Acosta y Castellanos resolvieron sobre el amparo presentado por el “Partido Frente Renovador Auténtico”, los massistas aliados al gobernador Juan Manzur, quien comparte afinidades con Sergio Massa en el espacio nacional Alternativa Federal. Para los massistas locales, dejó de ser oportuno competir provincialmente dos semanas después de las PASO nacionales. Ahora, la sentencia posibilita que el oficialismo decida celebrar los comicios provinciales antes de agosto (como se hizo en 2007, 2011 y 2015). En esa sincronía de intereses, la decisión judicial motivada por el reclamo massista termina beneficiando al oficialismo. La visita de Massa a Tucumán a fines de noviembre y su respaldo a Manzur confirman aquello de que en política las casualidades no existen.
La sentencia de Acosta y Castellanos —el primero que “asumió como camarista en septiembre” y el segundo “un juez con la jubilación del 82% en el bolsillo”, como los definió la periodista Irene Benito— fue realizada con tanta premura que los magistrados pasaron por alto el artículo 100, que sostiene el plazo de los dos meses que la sentencia quiso tirar abajo. De todas maneras, lo relevante de esta “joyita” jurídica, que declara inconstitucional un artículo de una constitución, es su sentido político. Manzur cuenta con una nueva herramienta para su estrategia electoral en donde se enfrentará con la oposición de Cambiemos y también contra su mentor José Alperovich, quien presume ser ungido por Cristina Kirchner.
Decidido a competir, Alperovich apela a la imagen de la ex presidenta y difunde encuestas que lo dan como el próximo gobernador. Por eso una intención del oficialismo es reducir la capacidad de daño del alperovichismo evitando el “efecto arrastre” de Cristina Kirchner, donde además tampoco se puede evitar un triunfo de la ex presidenta en la provincia. Por eso, mientras más separadas estén las elecciones provinciales y nacionales, mejor. Previamente, con la intención de evitar sobresaltos electorales camino a la reelección, la fórmula de Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo no escatimó en medidas y demostraciones para alinear y disciplinar a la tropa dentro de la maquinaria del poder Ejecutivo y Legislativo. La jura permanente de lealtades busca evitar fisuras en la estructura territorial por donde el alperovichismo pueda meter la cola.
Pero un adelantamiento de las elecciones -para fines de mayo o mediados de junio, plazo que baraja el oficialismo- también acelera las decisiones en Cambiemos, donde no hay un liderazgo claro. El radical José Cano, cuya candidatura años atrás era indiscutible, no asoma con autoridad, desgastado por la fallida gestión frente al Plan Belgrano. La otra pata fuerte, el peronista Germán Alfaro, se juega a sostenerse en la Capital. Luego surgen otras figuras, como la antiderechos Silvia Elías de Pérez y el oligarca Alfonso Prat Gay, que muestran la dispersión del espacio. De todas maneras, y más allá de los liderazgos y con la cercanía o no de las elecciones nacionales, la coalición carga con el salvavidas de plomo de tener que defender y justificar el ajuste macrista.
Un nuevo capítulo de un régimen fraudulento para pocos
Desde el oficialismo afirman que esperan que Manzur vuelva de sus vacaciones para recién comenzar a evaluar la posibilidad de desdoblar las elecciones. De todas maneras, la última decisión de la casta judicial ya inauguró un nuevo capítulo de un régimen fraudulento.
La crisis política abierta por las elecciones provinciales en 2015 no fue un rayo que cayó en cielo sereno. Precisamente, la Constitución que ahora se cuestiona parcialmente es una herencia de los primeros años del alperovichismo que reorganizó al mecanismo electoral fraudulento. En 2006, la reforma constitucional consagró al sistema de acoples, como reemplazo de la ya desgastada ley de lemas. Hecha la ley, hecha la trampa, el sistema de acoples permitía “alianzas” de “distintos partidos políticos” para apoyar al cargo ejecutivo de la gobernación y las intendencias. Como resultado, el sistema de punteros se alineó en cientos de partidos-sellos (solo en las elecciones de 2015 se inscribieron 503 partidos, dando una proporción de 1 candidato cada 44 electores).
Todos los partidos del régimen, se trate del PJ o de la UCR-Cambiemos, han recurrido a los acoples en cada elección. Esto se traduce en un despliegue de punteros a nivel territorial, cada uno motivado por un interés propio en “trabajar” las elecciones. Este ejército de punteros es sostenido por las partidas estatales, las jugosas dietas de funcionarios y el financiamiento privado. Se vio con el peronismo y los fondos discrecionales y los contratos en la Legislatura o como hizo recientemente el intendente macrista Germán Alfaro, quien repartió con punteros las cajas navideñas que envió el Ministerio de Desarrollo Social junto a una fotografía suya junto a su esposa, la diputada Beatriz Ávila.
Así como la burocracia sindical controla en las fábricas que la bronca obrera no se desencadene, los punteros sirven al poder político como control y contención en los barrios obreros y populares. A los tarifazos, la inflación y los despidos se suman los “clásicos” índices de trabajo en negro que rondan al 50% de los trabajadores, de sueldos bajos y trabajo temporario, a que 1 de cada 4 tucumanos esté en la pobreza de manera estructural. Estas condiciones de vida degradadas para el pueblo trabajador son las que posibilitan las extraordinarias ganancias de un puñado de empresarios, lo que en última instancia el régimen político fraudulento defiende en cada elección.
“Especulan con la fecha de las elecciones pero sostienen a los acoples”
Desde el PTS y el Frente de Izquierda se refirieron a las repercusiones tras el fallo de la Sala I. “Especulan con la fecha de las elecciones por ambiciones personales mientras le dan la espalda a los reclamos del pueblo trabajador, que no para de recibir ataques con los tarifazos y la inflación. Se discute el desdoblamiento de las elecciones pero sostienen el sistema de los acoples. Es un acuerdo tácito entre el peronismo y Cambiemos, ya que ambos van a recurrir nuevamente a los acoples. Ahí está el germen de las maniobras fraudulentas y antidemocráticas que ya vimos en 2015, donde también buscan evitar que la izquierda ingrese en los órganos legislativos”, sostuvo Alejandra Arreguez.
“Manzur anunció una reforma política que solo fue un maquillaje a los acoples, mientras que Alperovich se hace el espantado cuando él fue el artífice de la reforma de la Constitución. En Cambiemos se presentaron como ‘la nueva política’ y ahí vemos a los punteros de Alfaro haciendo proselitismo con fondos nacionales. Todas estas fuerzas respaldan que en la provincia se sigan enriqueciendo una minoría mientras quienes se ajusta es el pueblo trabajador. Por eso desde el PTS y el Frente de Izquierda remarcamos la necesidad de fortalecer una alternativa política para los trabajadores, las mujeres y la juventud”, agregó Arreguez.
