Según un nuevo informe, de 174 casos de acoso sexual y laboral desde 2004, 110 causas fueron archivadas y 24 fueron no condenatorias. Expertos aseguran que las cifras son en realidad muy superiores.
Lunes 9 de enero de 2017
Imagen: Twitter
La salida a la luz de un informe sobre acoso laboral y sexual en el Ejército vuelve a poner la cuestión de los casos silenciados en el punto de mira. Según este informe existen 174 denuncias sobre acoso sexual entre 2004 y 2015, de las cuales 110 se archivaron antes de llegar a juicio al considerar que los hecho no eran constitutivos de un delito, 7 se delegaron a “autoridades disciplinarias” y 11 a “otros organismos”.
El informe destaca por su opacidad, habitual en las Fuerzas Armadas, ya que no especifica como se resolvieron estos casos, ni cuáles son los “otros organismos” a los que el texto se refiere. Las autoridades disciplinarias que menciona se trataría de las jerarquías inmediatamente superiores.
Sin embargo para que exista una sanción, estas sólo pueden ser impuestas desde el Ministerio de Defensa, del cual ostenta la cartera el magnate del comercio de armas Pedro Morenés; el Estado Mayor de la Defensa, organismo dirigido por Fernando García y heredero del Alto Estado Mayor franquista, los responsables de las distintas ramas del Ejército, y algunos generales. Esta legislación, unida al encubrimiento entre la oficialía que caracteriza a la Justicia Militar, dificulta enormemente la denuncia de casos de acoso.
De los 46 casos en los que sí que hubo juicio, el informe apunta sin dar más información que 24 no obtuvieron condena y 22 sí, ocultando qué 22 condenas y qué supuestos para la absolución de los 24 acusados se dieron. ¿Quién realiza este informe? Corre a cargo del Observatorio de la Vida Militar, que nació en 2014 como un organismo dependiente del Ministerio de Defensa que evalúa distintos aspectos de las propias Fuerzas Armadas, por lo que su independencia está descartada.
Esta es una de las razones que están detrás de lo que algunos expertos, como el especialista en derecho penal y militar Antonio Suárez-Valdés, califican como un informe “maquillado”. Una de las explicaciones de la baja fiabilidad de este informe para conocer la realidad del acoso es que el protocolo contra el acoso se aprobó a finales de 2015, último año que cubre el informe, el cual se estima que deja fuera más del 80% de las denuncias, puesto que no prosperan debido a que esta decisión es tomada por los mandos militares que controlan las investigaciones.
A esto se añade el hecho de que hasta la aprobación del protocolo contra el acoso, si este se producía por parte de un superior, debía ser denunciado al mismo, que además podía llegar a estar en el tribunal que decide el destino de la víctima. Defensa no ha destinado ningún presupuesto al cumplimiento de este protocolo, lo cual unido a la situación anteriormente descrita hace a las Fuerzas Armadas un ámbito cercano a un “punto ciego” para el acoso impune desde una jerarquía superior.
El acoso en el Ejército silenciado apareció en los medios con los casos de Zaida Cantera (a quien el coronel acusado le reclamaba 30.000€) y Cristina Gago en 2015, quienes habían sido expulsadas del ejército tras denunciar casos de abusos sexuales, siéndoles denegadas las entrevistas que solicitaron con el Ministerio de Defensa.
Mientras que el acoso laboral aumenta su abundancia e impunidad al calor de la crisis capitalista, así lo hace también el acoso sexual, que más allá de las mujeres que integran el Ejército u otras fuerzas de represión del estado, lo sufren también cada vez más trabajadoras, que encuentran sus procesos desestimados la mayoría de las veces antes de llegar a juicio, junto con la posibilidad de perder el puesto de trabajo.
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Jorge Remacha
Nació en Zaragoza en 1996. Historiador y docente de Educación Secundaria. Milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.
