Lejos de representar un avance sustancial contra el deterioro de la educación pública, el proyecto de Desmunicipalización de Bachelet, que descansa hace ya más de un año en el parlamento, no representa una disolución efectiva de la figura del sostenedor, impidiendo el traspaso efectivo de la administración desde los municipios hacia el Estado.
Patricia Romo Profesora del Liceo Domingo Herrera B-13. Integrante de la Agrupación Nuestra Clase Antofagasta.
Domingo 4 de junio de 2017
Hace ya un año y medio que el proyecto de Nueva Educación Pública o desmunicipalización está en el Senado. Una de las grandes promesas de Bachelet en materia educativa y que a simple vista pretende solucionar una de las demandas más sentidas de los movimientos sociales: la desmunicipalización o el traspaso de liceos y escuelas desde el Municipio al Estado.
Sin embargo el proyecto está lejos de garantizar un regreso efectivo de los colegios al Estado, esto porque mantiene la figura de sostenedor municipal, y los Servicios Locales de Educación (SLE), nuevos organismos que “representarían al Estado” asegurando infraestructura, planes de desarrollo y administración de los recursos, terminarían entregando los recursos a los sostenedores (figuras que no se eliminan en la nueva ley), mediante convenios de gestión.
Esto supone también la imposibilidad por parte de los profesores de volver a la figura de trabajador público, en tanto nuestra relación contractual directa seguirá siendo con los sostenedores. La nueva ley tampoco contempla una subvención basal, demanda histórica que busca garantizar recursos permanentes a la educación pública, sino que mantiene la figura de la subvención por asistencia.
En definitiva, la ley de “desmunicipalización” representa sólo un cambio en materia institucional, pero que deja intactos los mecanismos de precarización tanto de la educación como de aspecto laboral con los trabajadores.
Otra ley que pretende con miserables modificaciones, hacerse cargo de exigencias centrales de la lucha de estudiantes y trabajadores de la educación por conquistar una verdadera educación pública y gratuita.
Por eso se hace hoy más que nunca, en un contexto de deuda hacia los profesores por parte de variados municipios (26.000 millones de pesos les deben los municipios a los profesores), la necesidad de una desmunicipalización y traspaso efectivo de los liceos al Estado, para que así la función centralizada, garantice los presupuestos para mejorar los distintos ámbitos de la escuela que la municipalización arrebató y destrozó de la educación pública.
La manera para lograr nuestra demanda en materia de Estatización de la educación es la exigencia y lucha por la renacionalización del Cobre y de los recursos naturales, esto, teniendo en cuenta las cifras: 40.000 millones de dólares tributan las empresas extranjeras del cobre, dinero que de quedarse en Chile, se necesitarían sólo 4.000 millones de dólares para solventar el costo de la gratuidad universal, y sólo 26.000 millones de pesos para el pago íntegro de los municipios a los profesores, quedando de sobra para solventar, el pago completo de la deuda histórica, una salud y pensiones dignas, entre muchas otras materias de primera necesidad.
