PERÚ: CASO ODEBRECHT Y LA JUSTICIA BURGUESA. Despiden a dos funcionarias del gobierno por intereses de PPK

La presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, y la procuradora Ad Hoc, Katherine Ampuero, no seguirán en sus cargos, según anunció anoche la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, en declaraciones al programa de TV Todo se sabe.

Pérez Tello negó que la decisión sea una represalia contra Ampuero, quien en abril pasado denunció ante el Ministerio Público al presidente Pedro Pablo Kuczynski, por una supuesta relación con Odebrecht al haberse descubierto que sucursales de esta constructora depositaron sumas de dinero en sus cuentas personales antes de ser elegido Jefe del Estado.

Por su parte, la ministra oficialista, indicó que había optado por separar a Katherine Ampuero porque había perdido la confianza en ella al haberse negado a cumplir con el decreto de urgencia 003-2017 y exigir que Odebrecht continúe a cargo del proyecto de irrigación e hidroenergético de Olmos, en Lambayeque a través de un túnel trasandino.

Este túnel trasandino de 20 km ideado en 1920, durante el gobierno del presidente Leguía, por el Ing. Charles Sutton, con el objetivo científico de impulsar la irrigación de tierras eriazas y la generación hidroenergética fue y sigue siendo hasta hoy, motivo de negocio usurero y de disputa para las clase dominantes.

El 22 de julio de 2004 el gobierno peruano, a través del gobierno regional de Lambayeque suscribieron el Contrato de Concesión para el componente de Trasvase con la empresa "Concesionaria Trasvase Olmos SA, es decir Odebrecht, quien no sería la excepción.

Precisamente después de enterarse públicamente de la separación de sus cargos, ambas procuradoras, en otros canales de televisión, dijeron haber sido sorprendidas con la determinación de Pérez Tello y aseguraron que es una clara injerencia del Ejecutivo en la labor de la Procuraduría que ve el Caso Lava Jato. Cuando un CEO está en peligro la ley burguesa lo rescata.

El decreto de urgencia 003-2017

"EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO"

“Decreto de Urgencia que asegura la continuidad de Proyectos de Inversión para la prestación de Servicios Públicos y cautela el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción”; así se titula el documento en cuestión que cínicamente ampara y contempla la corrupción del Estado burgués como lo que es dentro del sistema capitalista, algo naturalizado y sistemático.

Mientras en la letra prolija se asegura que “el artículo 58 de la Constitución Política del Perú establece que el Estado actúa, entre otras, en las áreas de los servicios públicos e infraestructura; siendo responsabilidad del Estado garantizar la prestación efectiva de los servicios públicos, dado su carácter prioritario para la satisfacción de las necesidades de la población y del interés público”, esta obra tiene casi un siglo de planificación dejando a la luz la ineptitud de las clases dominantes y el desinterés de éstas por las clases populares, ya que una infraestructura semejante en una economía planificada sembraría cientos de puestos de trabajo y mejoraría la calidad de vida de los habitantes del norte peruano.

Cuando se refiere a la corrupción, el decreto asegura hipócritamente que “los actos de corrupción impactan negativamente en el costo de obras de infraestructura o servicios públicos en desmedro de la ciudadanía, lo cual afecta al interés general que el Estado tiene el deber de resguardar, garantizando tanto la estabilidad socio-económica del país, como la oportuna ejecución de las obras de infraestructura y prestación de los servicios públicos en condiciones de regularidad y continuidad, generando con ello un impacto negativo en la credibilidad de los sistemas de contratación e inversión privada”. Es decir, abren el paraguas por los hipotéticos hechos de corrupción que puedan realizar funcionarios del Estado, declarando obligatorio el acto que luego debe ejecutar el Estado al responder económicamente por los casos de corrupción que hayan actuado en detrimento tanto de la ciudadanía como de la infraestructura. Y así, salvaguardar la imagen del país para las inversiones imperialistas.

En otras palabras los políticos y los empresarios como los de “Odebrecht” hacen negocios administrando a su favor tanto recursos naturales como fondos públicos, dejando inconclusas por décadas las obras públicas, usando nuestras vidas en función de sus ganancias y luego, una vez que ese Estado burgués, corrupto por definición, estafó al pueblo trabajador, pretende que este nuevamente se haga cargo con su trabajo cotidiano en las minas, en los campos, en las fábricas, en los comercios, de una deuda y una crisis que hace más de un siglo vienen produciendo ellos.