Guillo Pistonesi Dirigente nacional del PTS. Miembro de la Mesa Nacional del FIT | @GuilloPistonesi
Lunes 4 de abril de 2016 08:49
El martes 29 de marzo, a 48 horas de la visita de todas las alas de la burocracia sindical a la Cámara de Diputados, Néstor Pitrola firmó como "coautor" un proyecto de ley impulsado por Facundo Moyano que sostiene la "prohibición de despidos" por seis meses, pero los habilita siempre y cuando se pague una doble indemnización o, de lo contrario, el trabajador deberá ir a un juicio de reinstalación como los que ya existen actualmente (ver ACÁ). En la actividad privada, el proyecto solo "ampara" a los trabajadores registrados (en blanco) y efectivos, dejando afuera a más del 35 % de los trabajadores no registrados (en negro) y a los millones que tienen distintos contratos "a término", que se constituyen en un fraude laboral.
En mayo de 2014 Nicolás del Caño fue autor de un proyecto que establecía la "prohibición por veinticuatro (24) meses, tanto en el ámbito público como privado o empresas autárquicas, de despedir sin justa causa o suspender a cualquier trabajador en relación de dependencia. Esta prohibición se aplicará sobre todos los trabajadores registrados, no registrados o registrados irregularmente, sean contratados, becarios o monotributistas, cualquiera fuera su forma contractual. Todo contrato laboral de cualquier carácter se prorrogará por el plazo establecido por este artículo". Este proyecto sostenía que, en caso de incumplimiento del empleador, el Ministerio de Trabajo estaba obligado a poner la fuerza del Estado para la reincorporación del trabajador despedido "a sus tareas normales y habituales" y, en caso de que el empleador siguiera negándose, un juez le debe aplicar una condena de pago diario por incumplimiento (no inferior a un mes de salario por día a partir del despido). El proyecto también plantea medidas contra los "preventivos de crisis" y los despidos masivos, llegando incluso al planteo de la estatización de la empresa que incumpla con la norma despidiendo masivamente, además de la conformación de "Comisiones de Control Obrero" (ver ACÁ). Los diputados del PO extrañamente se negaron a firmar este proyecto y, un año y medio después, en diciembre de 2015, presentan uno con exactamente el mismo contenido (ver ACÁ).
Pero lo más inexplicable es la firma ahora del proyecto de Facundo Moyano, que cuenta también con las de los kirchneristas Héctor Recalde y Edgardo Depetri y de Alicia Ciciciliani del PS (que viene de intervenir y votar afirmativamente por la ‘ley Griesa’), un proyecto que emula a aquel que se votó en enero de 2002 a instancias del PJ y que estuvo algunos años vigente. La firma de Pitrola no cambia sustancialmente nada desde el punto de vista práctico o legal, por lo que es un apoyo político en estado puro a un proyecto muy distinto al que presentaron los diputados del Frente de Izquierda.
El massismo (del cual Facundo Moyano es parte), consecuente con su postura de apoyo crítico al Gobierno ajustador y entreguista de Macri, está evitando que se convoque a una sesión especial para tratar los proyectos que hubiera contra los despidos, una forma de "autoconvocatoria" de la Cámara de Diputados en la que habría quórum para sancionar leyes aun sin los diputados de Cambiemos. "Yo aspiro a que las leyes salgan con el mayor consenso posible. No hay que exponerse al veto presidencial ni pulsear donde puede haber acuerdo", sostiene Massa para evitar una sesión especial sin Cambiemos, lo que sería un durísimo golpe político para el Gobierno. El lider del Frente Renovador reiteró que “los debates deben llegar al recinto antes del 30 de junio" (Clarín 3/4/16), es decir que, teniendo los números para convocar a una sesión especial ya, en pos del "consenso" le da al Gobierno tres meses más, evitando lo que significaría un duro golpe a este, mientras los despidos continúan e ineludiblemente se profundizarán en todo el país.
El rol de los parlamentarios revolucionarios debe servir para agitar nuestro programa anticapitalista y socialista, promover la movilización extraparlamentaria de los explotados y oprimidos, defender las libertades democráticas del pueblo trabajador y desenmascarar los movimientos demagógicos de las fuerzas políticas patronales. No desconocemos que nuestros proyectos, como el de prohibición de despidos, no serían votados ni siquiera en comisión por ninguna de las fuerzas de la "oposición", ya que afectan en forma directa la lógica y los intereses capitalistas. Pero eso no significa que tenemos que borrar nuestros propios proyectos sin al menos exponerlos en comisiones y en las sesiones como parte de una agitación de masas. Claro está que si lo único que podemos hacer en una eventual sesión es votar a favor o en contra de un proyecto de estas características, votaríamos a favor (como hemos hecho con los compañeros del PO decenas de veces), pero siempre manteniendo nuestra independencia y programa. Lejos está de esa eventualidad una firma por parte de Pitrola como "coautor" de un proyecto como el de Facundo Moyano.
