¿"ESFUERZO COMPARTIDO"? Despidos: que la “crisis” no sea de los trabajadores y la “oportunidad” de los empresarios

Un proverbio chino enuncia que “crisis es oportunidad”. Y los empresarios lo tomaron muy en serio. Pero con una “pequeña” disociación: pretenden que la crisis sea para los trabajadores y que de allí brote la “oportunidad” de negocios para ellos mismos.

¿No hay otra salida que esperar, mientras avanzan sin pausa con más ataques? ¿Por qué no prohibir ya mismo los despidos y suspensiones y que toda fábrica que diga tener pérdidas sea puesta a producir por sus trabajadores?

Hace menos de una semana, la cadena de ventas de electrodomésticos Frávega anunciaba el cierre de una sucursal en uno de los barrios con mayor poder adquisitivo de Capital Federal, como supuesta respuesta al problema de la caída del consumo y de las ventas. Sin embargo, todos sus empleados fueron reubicados con excepción de cuatro: “casualmente”, los delegados que tienen actividad sindical.

La empresa adujo que el dueño del local les cobraba un precio muy alto por renovar el alquiler y que “afrontan pérdidas por la caída en las ventas registrada en los últimos dos años, sin perspectivas de una mejora en el corto plazo”, según explicaron trabajadores a la agencia NA. En 2018 la cadena de electrodomésticos cerró seis locales y está en riesgo de cerrar otros dos. En total, tiene más de cien sucursales en todo el país y contrata alrededor de 5.600 empleados.

Este anuncio se dio precisamente en la semana en que el Gobierno presentó una renovación del Plan Ahora 3, 6, 9, 12 y 18 de consumo en cuotas con la tasa de interés del 20 % anual, para sostener cierto nivel de demanda hasta las elecciones y que no se exprese lo peor de la crisis.

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"Ayer a las cinco de la tarde estábamos en una reunión y de repente llegó el director regional, el jefe de RRHH y un escribano. Después de despedirme, a las 18 ya estaban bajando la persiana. Fue así de simple para ellos”, afirmó Cristian Rey a El Destape, uno de los delegados despedidos de la planta de Belgrano.

El costo del alquiler ascendía a $ 28.000 y la empresa afirmaba que no lo podía afrontar. ¿Pero cuál es el nivel de beneficios de la cadena de electrodomésticos más grande del país? No existe ninguna exigencia de su facturación ni de sus ganancias, simplemente toman una fría decisión de un momento a otro.

No hay ningún “esfuerzo” de los empresarios, este es enteramente descargado sobre los empleados y sus familias, que deben afrontar la difícil situación amenazante de perder sus fuentes de ingresos, en un contexto en el que la desocupación ya se acerca a los dos dígitos.

Otra firma de electrodomésticos, Ribeiro, solicitó un procedimiento preventivo de crisis (PPC) en la Secretaría de Trabajo. La particularidad es que admite no tener crisis. ¿Entonces, el motivo? "Adecuar y reestructurar las diferentes estructuras internas de la empresa de manera racional, ordenada y planificada optimizando sus recursos y reduciendo los costos" afirmaron, nuevamente aduciendo desde la empresa una caída del consumo y las ventas.

En otras palabras, se encuentran negociando el procedimiento con los gremios de Camioneros y de Comercio. Aunque no se detalla el contenido de las tratativas, según se desprende de las declaraciones de la empresa se trataría de un tipo de traspaso de estructuras a las ventas por comercio electrónico, sin aclarar las consecuencias sobre los empleados y sus condiciones. Pero el PPC busca también algunas dádivas del gobierno para lograr la reducción de contribuciones patronales durante un período de entre 5 y 6 meses.

"La situación no es alarmante y tiene más que ver con repactar algunos temas con los gremios. El sector del comercio minorista fue muy golpeado en los últimos 12 meses", señaló Dan Attie, director comercial de la empresa, que cuenta con unos 1.550 empleados y 85 sucursales.

Sin pan, pero con circo

Pero para los políticos tradicionales la realidad tiene otros ritmos, menos vertiginosos que los que sufren día a día los trabajadores. Si desde el Ejecutivo la única respuesta a la recesión es un plan de consumo en cuotas con un 20 % de interés anual, al tiempo que por otra parte limita las paritarias, el Congreso se digna a sesionar de vez en cuando, casi cerrado a causa de que los parlamentarios están ocupados porque es “un año electoral”. Mientras, los diputados cobran dietas superiores a los $ 150.000 mensuales, con excepción de Nicolás del Caño y Myriam Bregman (como el resto de los legisladores y diputados del PTS-FIT) quienes asumieron el compromiso de cobrar como un docente y donar el resto a las luchas populares.

Y cuando hay alguna sesión, el oficialismo y la oposición peronista se encargan de tratar temas que poco tienen que ver con las necesidades urgentes de las mayorías sociales, sino para sus propios intereses, como la ley de financiamiento a los partidos políticos.

Sólo en los primeros tres meses del año hubieron 11.587 despidos y 8.295 suspensiones, según contabilizó el centro CEPA, aumentando 41 % respecto del primer trimestre de 2018. La industria es el sector más afectado.

La prohibición de despidos y suspensiones, mediante un decreto o mediante una ley (como el proyecto que presentó la izquierda en el Congreso Nacional) es una medida no sólo urgente y necesaria, sino también perfectamente realizable. Ni siquiera eso mueve a las conducciones sindicales a salir de sus zonas de confort.

Ante la profundización de la crisis luego del pacto que puso al FMI al mando de la economía del pais, se trata de aplicar una solución que esté a la medida de este avance del capital sobre la única clase productora de nuestra sociedad, los trabajadores. Así, se propone prohibir por veinticuatro (24) meses, tanto en el ámbito público como privado o empresas autárquicas, los despidos sin justa causa o las suspensiones a cualquier trabajador en relación de dependencia, sean trabajadores registrados, no registrados o registrados irregularmente, contratados, becarios o monotributistas, cualquiera fuera su forma contractual.

Para aquellas empresas que se vean afectadas por caída de ventas o producción, o que hayan iniciado un procedimiento preventivo de crisis, la propuesta es la conformación de comisiones de gestión dirigidas por los propios empleados. Ello permitiría que tengan a disposición toda la información contable y jurídica de la empresa, de sus ingresos, egresos y de las pérdidas que dicen presentar, de manera de tomar las decisiones que crean convenientes para preservar los puestos de trabajo que los directivos y los dueños no pudieron garantizar.

Si proyectos como estos duermen en un cajón de los despachos legislativos sólo se explica por la desidia y el desprecio de los políticos del régimen a los trabajadores que día a día enfrentan los ataques patronales, así como a la complicidad de las burocracias sindicales que se sientan a “negociar” a espaldas de los trabajadores como si fuesen prendas de cambio.

Frente a ello, los trabajadores muestran una enorme voluntad de lucha para enfrentar los despidos y las maniobras de las patronales para avanzar sobre sus derechos. Así se ve en conflictos como los de Alba, Electrolux, Loma Negra, Télam, entre otros. Así también, los ceramistas de Neuquén, que defienden las gestiones obreras como muestra de que puede producirse sin patrones, pero el propio gobierno pretende derribar recortando el suministro de gas, y poniendo así en peligro los ingresos de 400 familias.

¿Cuál es el “esfuerzo” de empresas trasnacionales como General Motors?

Pero también otra respuesta escuchada frente a los despidos es la que esgrime la oposición peronista, que comienza a definirse más claramente en torno a la fórmula Fernández-Fernández.

En un reciente spot de Unidad Ciudadana, difundido desde las redes sociales de Cristina Fernández, se asume que el clima de recesión impacta a todos por igual (tanto empresas como trabajadores) y que el “esfuerzo” para superar la crisis debe ser conjunto. Como alternativa al modelo “meritocrático” representado por el gobierno actual, se propone que “solos no se puede” sino que la salida es “entre todas y todos”, en un nuevo llamado indirecto al pacto social o “consenso social” entre trabajadores y empresarios, mediado por un Estado que aparece en ese álgebra como una institución neutra.

Pacto social al que acuden gustosas las burocracias sindicales, quienes tampoco son quienes realizan el "esfuerzo" al que convocan soportar a sus representados. Ya desde el armado de las listas electorales muestran su apoyo a las variantes políticas que plantean dicho acuerdo de ajuste, como dio muestras hoy la reunión de los Moyano (camioneros) y Palazzo (bancarios) junto a Magario y Kicillof.

Como ejemplo del "esfuerzo compartido" entre trabajadores y empresarios se toma el caso de General Motors, quien actualmente en medio de los anuncios oficiales de un Plan para subsidiar la compra de autos 0 km, decidió suspender a 1.500 trabajadores y paralizar la producción por un mes, en un acuerdo con el gremio SMATA. Como modelo “opuesto”, Cristina postula el préstamo que dio el estado por U$S 70 millones en el año 2009, que de acuerdo al spot es lo que habría permitido continuar la producción y evitar el despido de sus operarios.

Ahora bien, ¿cuál era la pérdida que afrontaba la empresa trasnacional General Motors? ¿Por qué, teniendo el enorme respaldo financiero de su casa matriz, incluso en medio de la crisis mundial, es el gobierno nacional quien debe salir a “socorrerla”? ¿Cuál fue el esfuerzo que hizo la patronal, en comparación con el de sus empleados, que debieron sufrir la amenaza constante de perder sus fuentes de trabajo y de aceptar condiciones impuestas con el argumento de la crisis? ¿Cuál fue la ganancia de la empresa desde el 2009 a la actualidad y cuánto se llevaron de salario sus trabajadores?

Preguntas que, desde el punto de vista del “pacto social”, mejor no formular. Pero desde el punto de vista de los intereses inmediatos de los trabajadores, y de debatir cómo superar la crisis con una alternativa que no sea el “ajuste” sobre sus cuerpos y sobre sus vidas, son fundamentales y no pueden esperar.

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