SANIDAD CORONAVIRUS. Despidos y contratos precarios: así paga la comunidad de Madrid a los sanitarios que lucharon contra el coronavirus

Esta infame decisión, que deja en la calle alrededor de 10.000 profesionales (médicos, enfermeros, auxiliares, celadores) que han luchado contra la pandemia, ha sido tomada por el Gobierno del PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid sin tener en cuenta la enorme degradación histórica de la calidad de la sanidad en la Comunidad de Madrid -de la cual el PP es uno de sus principales responsables junto con el PSOE-, ni la posibilidad de un rebrote de la pandemia que haga de nuevo imprescindible este personal.

Los despidos de personal sanitario público en la Comunidad de Madrid se iniciaron cuando se rescindieron contratos en atención primaria en marzo, según denunció CCOO. Continuaron con despidos de técnicos de la Unidad Central de Radiodiagnóstico (UCR) en abril y de trabajadores de urgencias del Hospital San Carlos. A finales de este mes se ha denunciado el despido de un mínimo de diez enfermeros y enfermeras que trabajaban en el Hospital de La Paz desde el mes de marzo. En general y con un goteo constante, se viene prescindiendo de mucho del personal sanitario contratado temporalmente en aluvión y en precario en los primeros momentos de la crisis sanitaria del Covid-19. Para más inri, esos despidos se están produciendo en muchos casos antes de la finalización establecida. Se han agarrado a una cláusula existente, según la cual el contrato se podía extinguir antes de su finalización, siempre que desapareciera “la necesidad de recursos humanos”, antes de la fecha establecida.

Este tipo de cláusulas contractuales y la super reducida duración de muchos de los contratos ofrecidos a los y las sanitarias, de apenas dos meses de duración en muchos casos, implica un grave maltrato laboral a los que el propio Gobierno de la Comunidad han denominado “héroes” públicamente, de manera absolutamente cínica e hipócrita, mientras les precarizaba y machacaba laboralmente sus derechos hasta límites inadmisibles. Incluyendo las penosas condiciones de trabajo sin medios de protección necesarios suficientes que ha provocado muchos contagios y por ello más de 7.400 profesionales actualmente en aislamiento. Y, aunque sabemos qué la práctica de la precariedad laboral es una modalidad habitual de los gobiernos neoliberales del PP y ahora con Ciudadanos, en su política sanitaria de muchos años, resulta más indignante, si cabe, porque se ha aprovechado del estado de necesidad y de la responsabilidad del personal sanitario que no dudó en aceptar sin más exigencias la contratación que se les ofrecía, dada la situación de aguda crisis sanitaria en la que nos encontrábamos.

Enormes recortes en Sanidad

Lo cierto es que tanto los Gobiernos del PP como los del PSOE se han cebado con los recortes en la sanidad, sobre todo tras la crisis de 2008. Así tenemos un gasto sanitario sobre el PIB del 6,4% a escala estatal, cuando la media de los países de la UE supera el 7%, y países como Alemania destinan el 9,5% del PIB, o Francia el 9,4%, por ejemplo. En el Estado español no se ha recuperado el gasto anterior a 2008 y en la Comunidad de Madrid hay 8.000 millones menos del gasto sanitario, según el último informe de CCOO sobre gasto comunitario. Y según los presupuestos se ha ido reduciendo año tras año el presupuesto destinado a sanidad en la Comunidad de Madrid. Por el número de camas la Comunidad de Madrid, según datos de 2017, tenía 2,76 por mil habitantes, cuando en 2004 tenía 3,14 camas, mientras la media de la UE es de 5,1 camas, y el conjunto del Estado español tiene 3 camas por mil habitantes.

Pero han sido muchos más los despidos que se han producido en estas últimas semanas. Agudizándose así la precariedad laboral en la sanidad, también en plena pandemia, que ha supuesto, ya desde hace años, el encadenamiento de contratos temporales de muchos sanitarios, sin conseguir nunca una plaza fija. Y que ha venido elevando la temporalidad en la sanidad madrileña en porcentajes muy superiores a los generales en la economía española, de un 25% para el conjunto de las y los trabajadores del sector privado, frente a un 30% como mínimo en la sanidad.

Ya el pasado viernes 17 el sindicato CCOO denunció que el Gobierno de Ayuso les trasladó a través de la Mesa Sectorial de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que no se iban a renovar los contratos que se había realizado a los más de 10.000 trabajadores contratados para combatir la pandemia, alegando la “imposibilidad presupuestaria” para mantener la contratación más allá del período de establecido en sus contratos.

Tras la denuncia de CCOO, ante el posible escándalo político, parece que se produjo una cierta marcha atrás por parte de la Consejería de Hacienda al tomar la decisión de “no limitar los presupuestos para renovaciones de contratos en el ámbito sanitario”. Sin embargo, esto no ha sido así como lo demuestran las múltiples denuncias producidas en los medios de comunicación por los propios sanitarios en las últimas semanas. Demostrando que no han dejado de producirse despidos para una larga lista de trabajadores sanitarios y no sanitarios, aunque todos trabajando en el ámbito de la sanidad. Los y las trabajadoras han sido engañadas en muchos casos, cambiándoles las fechas de finalización de los contratos sobre la marcha, dado que en muchos casos y por la premura de la situación aceptaron ponerse a trabajar sin firmar ni poder leer el correspondiente contrato y, ahora se encuentran con que la fecha de finalización no es la misma que les dijeron verbalmente.

El Gobierno neoliberal de Ayuso se ha apoyado en la situación vivida en los hospitales, en las últimas semanas, de una relativa menor incidencia tanto en el número de ingresados en urgencias, como en planta, o de ingresados en UCI, para tomar la decisión de rescindir los contratos de los y las sanitarias. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, todavía el número de ingresados en los hospitales y en las UCI sigue siendo muy alto y, por lo tanto, sigue siendo necesario mucho personal sanitario. La Comunidad de Madrid continúa siendo el epicentro de la pandemia con nada menos que 59.784 casos confirmados y 8.048 fallecidos. A lo que habría que añadir el profundo agotamiento físico y psicológico de los y las profesionales sanitarias por las elevadas jornadas de trabajo de estas semanas, así como la enorme pérdida de efectivos sufrida por contagios y la necesidad de comenzar a normalizar el sistema sanitario -pasando a atender progresivamente de manera urgente a los casos que no son Covid-19 y que han visto aplazados sus tratamientos, operaciones o consultas en general-.

En este sentido, hasta el Ministerio de Sanidad ha insistido en la necesidad de disponer de recursos sanitarios suficientes para atender los riesgos de la desescalada, convirtiéndose ésta en una condición directamente relacionada con la propia posibilidad de llevarla a cabo. Pero esto no implica ninguna medida eficiente por parte del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos para garantizarlo en todo el Estado.

La burocracia sindical deja pasa el ataque: hay que imponer medidas de lucha

Ante esta situación, la burocracia sindical de CCOO y UGT ha hecho declaraciones, pero no ha impulsado ninguna media de lucha por la defensa de los puestos de trabajo y los derechos laborales del personal sanitario, empezando por el mantenimiento del personal contratado.

Los sindicatos burocratizados han venido siendo cómplices de la situación de precariedad laboral en la sanidad desde los recortes de 2008 por no plantear ninguna convocatoria de huelga ni de lucha unitaria por la defensa de la sanidad pública que hubiera impedido los recortes o al menos haber dado la batalla que recayó en su totalidad sobre la denominada “Marea Blanca”. Igual que ahora, en plena pandemia se encuentran firmando multitud de ERTEs, en beneficio de la patronal y se encuentran desaparecidos en el combate por garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas para miles de trabajadores que sin ser de servicios esenciales se ven obligados a trabajar sin los equipos de protección necesarios, por ejemplo.

Las reclamaciones sindicales de salón no harán que el PP y Ciudadanos den marcha atrás en su política de privatizaciones y desmantelamiento de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid, con Covid-19 o sin Covid-19. La única manera de pararles los pies es impulsando medidas de lucha, imponiendo a los sindicatos un plan de lucha sostenido, organizado desde abajo mediante comités de defensa de la sanidad pública en los centros sanitarios conformados por personal sanitario y usuarios y puestos en conexión con los vecinos y centros de trabajo y de enseñanza de su ámbito de atención médica para plantear una lucha unitaria y decidida en defensa de una sanidad pública y de calidad que impida la menor privatización o degradación asistencial, planteando a la ofensiva un incremento del gasto sanitario por habitante para equipararlo a los niveles de Francia o Alemania.

Y es esta misma lucha la que pude imponer las medidas necesarias para que no falten ni EPIs, ni UCIS, ni personal sanitario: un programa anticapitalista para derrotar la pandemia y enfrentar la catástrofe económica que viene.

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