Las patronales no esperaron en descargar los costos de la crisis producida por el coronavirus sobre la espalda de las y los trabajadores.
Martes 7 de julio de 2020 19:32
El Presidente Alberto Fernández dispuso el 31 de marzo a través del Decreto 329/2020 la prohibición por sesenta días de "los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”, y el 18 de mayo a través del Decreto 487/2020 una prórroga por sesenta días más de esta medida que lejos estuvo de cumplirse. En Santa Fe los despidos se dieron en diversas áreas: comercio, construcción, gastronómicos, metalúrgicos y hasta estatales de la Municipalidad de Villa Constitución. Recientemente la UOCRA informó al menos 15.000 despidos en la construcción producto de las medidas de aislamiento y el freno en la obra pública.
Hay que tener en cuenta que el empleo no registrado, cercano al 40%, es el sector más afectado por estas medidas aunque en la mayoría de los casos, justamente por su informalidad, no se encuentran datos certeros.
Suspensiones: la “santa alianza” entre patronal, gobiernos y sindicatos lo hizo de nuevo
Los Decretos de Necesidad y Urgencia citados en el apartado anterior no sólo establecen la prohibición de los despidos, sino también de las suspensiones. Pero si los despidos se realizaron igual, las suspensiones fueron directamente la regla.
El 28 de abril, la Confederación General del Trabajo y la Unión Industrial Argentina establecieron en un acuerdo marco (homologado inmediatamente por el Ministerio de Trabajo) la rebaja salarial del 25% para las y los trabajadores que sean suspendidos por el cierre de empresas debido al aislamiento obligatorio. Si bien algunos gremios como la UOM ya estaban consensuando rebajas con sus respectivas cámaras empresariales, rápidamente este acuerdo se extendió a la mayoría de los sectores, incluyendo infinidad de establecimientos que no estaban afectados por la cuarentena. En Santa Fe, las rebajas pegaron duro y alcanzaron a más de 200.000 trabajadores y trabajadoras. Nuevamente empleados de comercio, metalúrgicos y gastronómicos figuran entre los sectores más afectados.
Pero hay “trabajadores escenciales” que no frenaron su actividad y aún así están sufriendo ataques a sus salarios. Los choferes de colectivos nucleados en UTA junto con personal administrativo y mecánicos de este rubro vienen padeciendo que sistemáticamente se les adeude parte del salario, y lo que le pagan, lo hacen en cómodas cuotas. Son alrededor de 2.800 sólo en el Gran Rosario. Si, los empresarios del transporte público a quienes todos los gobiernos colman de subsidios y brindan un servicio deficiente para la población, juegan con la comida de miles de familias.
Cifras poco alentadoras
Basándose en la Encuesta Permanente de Hogares, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) elaboró un informe sobre los principales indicadores de los grandes aglomerados urbanos durante el primer trimestre de 2020, en el cual aclara que "el impacto de las restricciones impuestas en el marco de la pandemia de la COVID-19 fueron incipientes en la dinámica del mercado laboral". Pero si esto es incipiente, qué viene después? El Gran Rosario, una vez más, se encuentra entre las regiones con mayor desocupación del país: un 12,9%, la segunda después del Gran Tucumán-Tafí Viejo, y cuenta con un 37,6% de asalariados sin descuento jubilatorio, es decir, un enorme porcentaje de precarización laboral.
Estos números son alarmantes, pero más alarmante aún es que en esta región, en toda la provincia y el país, solamente un porcentaje muy bajo de todas estas personas accedieron a cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), de unos insuficientes $10.000 (que dejará de pagarse en Santa Fe), por lo que la degradación de las condiciones de vida también están a la orden del día.
