Desde el año 2007 México ha registrado importantes repuntes sobre el desplazamiento forzado al interior del país, siendo estados como Sinaloa, Chihuahua y Guerrero donde se expresa esta problemática bajo la mirada apática del gobierno mexicano.
Lunes 16 de mayo de 2016
Por lo menos dos sexenios presidenciales han transcurrido junto al problema de la violencia generada por la llamada “guerra contra el narco”, desatando el problema del desplazamiento forzado de miles de familias.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha presentado diferentes informes sobre esta problemática nacional, revelando que desde el 2007 por lo menos 35.433 personas has abandonado el lugar en donde vivía, de los cuales 9 de cada 10 casos estaban relacionados por la violencia entre carteles del narcotráfico.
Mientras esta cifra ha ido aumentando al paso de los años, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido incapaz de revertir este problema cada vez más profundo de inseguridad en todo el país.
“Se advierte violaciones a los derechos humanos de estos grupos que por omisión de las autoridades de gobierno; ejecutivo, legislativo y judicial no han realizado acciones de prevención y control de las causas que generan movilidad forzada. Aunado a ello, la atención a las necesidades que se provee a las víctimas de desplazamiento es escasa o nula en la mayoría de las veces”, resalta el documento de la CNDH.
El problema está directamente relacionado con el enfrentamiento abierto entre carteles por el control de campos de producción y de transporte de droga, donde la vulnerabilidad de las comunidades está cada vez más amenazada. Así, diversos sectores de la población se ven obligados a elegir entre la colaboración con actos ilícitos o a tener que abandonar su lugar de residencia para la protección de sus familias.
En meses recientes la iniciativa de varias organizaciones sociales y de derechos humanos emprendió la denuncia internacional sobre este problema como un elemento que distingue principalmente a países centroamericanos y México. La Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia recorrió miles de kilómetros hasta Estados Unidos para llevar el reclamo de esas familias, mientras el gobierno de Barack Obama ha recrudecido su política de migración y aumentan exponencialmente el número de deportados del país vecino.
El problema del desplazamiento forzado al interior de esos países, camina junto a las cifras de desapariciones y el trabajo forzado a manos de los principales carteles de la droga, pero también en colusión con el ejército y paramilitares. Los agravios son interminables: secuestran, extorsionan, desaparecen y asesinan a familias enteras. Sus mecanismos son el cobro de piso, rentas sin importar el oficio de las personas, se hacen de los cultivos, ganados y extensiones de tierras.
Para frenar esta situación es necesario retomar el camino de la movilización contra la militarización y la violencia que azota a mujeres, jóvenes, campesinos, trabajadores y sectores en lucha que han resistido esta situación durante años.
Los sindicatos, junto a organizaciones populares, campesinas e indígenas tienen que poner toda su voluntad y fuerza política para impulsar de manera coordinada un gran movimiento contra la militarización, el despojo y la entrega de recursos. Sólo con la unidad de todos estos sectores a lado de la fuerza de las mujeres y la juventud, podremos poner una “hasta aquí” a la omisión y ataques
