Los trabajadores de CREAD Galvarino (dependencia del SENAME) exigen mejoras en las condiciones de trabajo y habitabilidad y dignidad de los niños, niñas y jóvenes.
Sábado 9 de septiembre de 2017
Después de 9 días se depuso la toma de funcionarios de las residencias de menores de administración directa del SENAME. Los trabajadores de CREAD Galvarino exigían mejoras en las condiciones de trabajo y habitabilidad para la dignidad de los niños, niñas y jóvenes.
La Asociación Nacional de Trabajadores del SENAME manifestó la falta que comete el Estado con la protección de la niñez y la juventud, y reconocen que la toma del establecimiento CREAD Galvarino fue para evidenciar las precarias condiciones en infraestructura (baños); hacinamiento en dormitorios y piezas; inexistencia de espacios de juego; bajo aporte de menaje y ropa de cama; baja contratación de profesionales en particular especialistas de salud (enfermeros y enfermeras, médicos psiquiatras) para los diagnósticos y tratamiento; pocos cuidadores y personal de trato directo con los niños y niñas y jóvenes (la relación de funcionario por cantidad de usuario del centro residencial son 16 por cada atendido).
El conflicto en el CREAD evidencia la falta de responsabilidad estatal en el cuidado de los 70 niños, niñas y jóvenes. La movilización dio a conocer las enormes dificultades que enfrentan en los acompañamientos especializados para las situaciones críticas, como además la necesidad de la actualización y revisión de los protocolos de salud e intervención psicosociales en situaciones de crisis.
Vulneración y riesgo, así lo denominó el INDH en relación no sólo al deterioro de la infraestructura del CREAD Galvarino, sino también por la baja mantención del sistema eléctrico. El INDH ofició a Tribunales de Familia sobre hechos observados al interior de las residencias activando recursos de intermediación judicial.
La toma de CREAD Galvarino evidencia que la protección social de los niños, niñas y jóvenes, todavía no supera su reduccionismo sociojudicial, y no avanza a comprender la necesidad de una política social de centros de hogares y centros estatales que sean financiados por medio de impuestos a las grandes fortunas, y también con la obtención de recursos en base a la renacionalización del cobre y los recursos naturales, para poder brindar un servicio público en red articulado, que permita el acceso a una protección especializada y personalizada de acompañamiento multiprofesional en áreas de la educación, la salud, y de la psicología infantojuvenil terapéutica.
Los centros residenciales deben ser ambientes acogedores, aseguradores de protección, no centros de atropello y muerte, como lo sucedió en el caso de la muerte de Lissette Villa en abril de 2016.
Los trabajadores de protección de la infancia y la juventud, debemos estar conscientes de que la desintegración de las familias en contexto de pobreza es consecuencia del neoliberalismo y la sociedad capitalista. De allí también proviene la exposición a la violencia de los niños, niñas y jóvenes.
Una política real de protección debe, por sobre todo, apartar de la protección de la infancia y la juventud, la injerencia de Carabineros de Chile y Gendarmería, pues con la represión sólo se empeora la condición de recuperación y reparación. Más bien hay que buscar el apoyo de Universidades y profesionales, en el que su enfoque sea el bienestar de los niños, niñas y jóvenes vulnerados.
