Anunciaron que exigirán una reparación superior a los US$ 35 millones que la empresa dice haber pagado en coimas. La semana pasada había habido cuestionamientos dentro de mismo oficialismo.
Lunes 29 de mayo de 2017 08:42
El escándalo que amenaza con desatar en Argentina la empresa Odebrecht sigue dando tela para cortar. El próximo jueves 1° de junio es la fecha en la que la empresa y la Justicia de Brasil podría empezar a liberar información sobre quienes cobraron sobornos en el país.
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En este contexto, el Gobierno nacional, después de haber abierto una negociación con la empresa, recibió múltiples críticas. Las mismas llegaron incluso desde el interior del mismo oficialismo. Así, durante el fin de semana, el ministro de Energía Juan José Aranguren señaló que deberían suspenderse las contrataciones con el Estado.
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En ese marco de cuestionamientos, el Gobierno pasó a una posición de mayor dureza, por lo menos en términos discursivos. Así, el viernes había trascendido que podría desplazarse de las obras de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento a la empresa, algo que no tuvo más consecuencias por el momento.
Por otro lado, según informa el diario La Nación, el oficialismo nacional exigiría ahora una compensación económica superior a los U$ 35 millones que la empresa de Brasil admitió haber pagado en coimas en la Argentina.
En este cálculo, el encargado de establecer un monto será Bernardo Saravia Frías, recientemente nombrado Procurador del Tesoro de la Nación. Saravia Frías, antes de ingresar a esta función, fue parte de un estudio de abogados que defendía, entre otros, los intereses del Grupo Macri.
El ofrecimiento realizado por la empresa de abonar U$ 35 millones se correspondería con lo que declaró haber pagado en coimas en el país, entre 2007 y 2015. Sin embargo, ese monto aparece como relativamente bajo para asesores consultados por el oficialismo.
Al mismo tiempo, el escándalo mismo pone en discusión el monto a pagar. De hecho, según señala la misma fuente, en Brasil la empresa abonó una cifra casi 10 veces superior a lo que había admitido haber pagado en sobornos.
El oficialismo nacional trabaja contra-reloj para intentar aminorar las consecuencias de un escándalo que podría salpicar tanto a empresarios cercanos al presidente Macri -como su primo Angelo Calcaterra- como a funcionarios de las gestiones kirchneristas.
Queda en evidencia que la corrupción a la hora de hacer negocios con el Estado no reconoce diferencias políticas entre los distintos partidos patronales.
