En un fallo divido de la Corte, se resolvió no considerar imprescriptibles las demandas económicas contra el Estado por los delitos cometidos por la última dictadura militar.
Miércoles 29 de marzo de 2017 10:14
A pocos días de cumplirse 41 años desde el golpe militar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que los civiles ya no podrán realizar demandas por reparación económica al Estado por los delitos cometidos por la dictadura militar.
En la misma semana de dicho aniversario los legisladores del PRO habían dicho que “los Derechos Humanos no corresponden a un gobierno o partido político, ni deben ser utilizados para realizar negocios personales, sino que son transversales a todos y son de todo el pueblo argentino. Por ello sostenemos que los Derechos Humanos no tienen dueño”.
En tal consonancia, llegaron los votos a favor de esta sentencia por parte de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, mientras que fue rechazado por Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda.
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El fallo surgió a raíz del pedido de reparación económica por daños y perjuicios realizado por Amelia Villamil quién denunció la desaparición de su hijo Jorge Ayastuy y su nuera Marta Elsa Bugnone 1977.
Amelia Villamil había denunciado que "un grupo de personas uniformadas que ’prima facie’ actuaba en ejercicio de alguna forma de autoridad pública". Sin embargo, en primera instancia la demanda fue rechazada ya que al momento de realizarla, en 1998, ya se encontraba prescripta.
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Villamil apeló el fallo y la Cámara de Apelaciones de la Plata revocó la sentencia, al considerar que dicho crimen tiene un carácter permanente ya que la víctima continúa desaparecida. El rechazo definitivo dictado por la Corte Suprema, según explicaron los jueces, definió que la imprescriptibilidad no puede aplicarle también a las demandas económicas, declarando que "en un caso está en juego el interés patrimonial exclusivo de los reclamantes, mientras que en el otro está comprometido el interés de la comunidad internacional de la que Argentina es parte, en que tales delitos no queden impunes".
Con esto queda agotado el acceso a la reparación económica de quiénes no lo hicieron en el "momento correspondiente", mientras que las empresas que fueron parte de la dictadura militar siguen impunes y aprovechando aquellos beneficios obtenidos que hasta el día de hoy le permiten tener ganancias siderales.
