OPINIÓN. Después del negacionismo: Cambiemos y una condena hipócrita al 2x1 de la Corte

A Mauricio Macri los desaparecidos y el genocidio nunca parecen haberle importado. Hace algunos años se refirió al “curro de los derechos humanos”. A mediados de 2016, en una entrevista, negó cualquier importancia a la cuestión de si los desaparecidos “fueron 9.000 o 30.000”. En ese mismo encuentro, se refirió a la dictadura como “guerra sucia”, la terminología de los propios genocidas para definir al Proceso.

Nadie debería sorprenderse. El clan Macri debe su poder, en gran parte, a los negocios durante la dictadura. El mismo Mauricio tuvo como “mentores” a figuras como Ricardo Zinn, que revistió en la plana mayor del Ministerio de Economía de Videla.

De allí que el mismo presidente no haya nunca criticado públicamente declaraciones como las del ex carapintada Gómez Centurión o del ex ministro de la CABA Darío Lopérfido. El negacionismo corrió como agua entre los funcionarios oficiales, sin que nadie pusiera un dique de contención.

Paradójicamente, por estas horas, aunque Macri no emita aún palabra alguna, desde la coalición Cambiemos no cesan los repudios al fallo del 2x1 de la Corte Suprema.

El abril “calmo” que se abrió luego del paro nacional del 6 de abril terminó. Esta vez no fue la calle, sino el palacio el que detonó la crisis. No cualquier palacio, sino el de Tribunales. Directo desde la sede de la Corte Suprema salió lanzada una granada que sacudió el tablero político, volviendo a ubicar al oficialismo nacional en un terreno defensivo.

La imagen de enormes movilizaciones contra los eventuales fallos a favor de los genocidas; o la idea de un eventual retorno de los escraches a los domicilios de los represores, configuran un panorama nada halagüeño para el oficialismo.

Mañana miércoles, cuando miles tomen las calles del país para rechazar este fallo, se podrá medir, en parte, hasta donde llega la crisis abierta. El oficialismo no podrá afirmar que hay en curso “un complot”. Los jueces que Macri puso en la Corte son los padres de este retorno a las calles.

Reconciliación e impunidad

El genocidio toca el corazón de la historia nacional de las últimas décadas. Como se señala en otra nota de esta edición, todos los Gobiernos intentaron una política de reconciliación con los genocidas. Fue una política de Estado en el sentido más literal del término, buscando -con matices y diversas construcciones discursivas e ideológicas- re-unir lo que la dictadura había abierto como un quiebre profundo.

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Si Alfonsín hizo de la reconciliación una necesidad de gobernabilidad, el menemismo la convirtió en una suerte de vocación oficial.

El kirchnerismo tuvo, también, su proyecto de reconciliación con las FF.AA. El juzgamiento y castigo a genocidas que ya no revistaban en actividad se combinó con un fuerte ejercicio de construcción discursiva sobre la Memoria, intentando resignificar el papel a las fuerzas Armadas. Solo en ese esquema es posible explicar a César Milani como jefe del Ejército “nacional y popular” por casi 3 años.

El “Gobierno de los derechos humanos” no liquidó la impunidad, a pesar de su discurso. Milani fue, precisamente, la expresión de esa continuidad. No solo él. En el largo ciclo kirchnerista las grandes patronales que pusieron en pie centros clandestinos de detención apenas pisaron los tribunales. Y en la totalidad de los casos quedaron libres. Son apenas una parte de los cómplices civiles.

La continuidad de la impunidad son también los ex agentes de Inteligencia que revistieron, entre otros lugares, en el Batallón 601. Hace pocos meses, fue Mariano Bronenberg quien se hizo conocido por impulsar una campaña gorila contra los docentes. Su historial no lo ubica en un lugar muy lejano del eternamente oficialista dirigente de la Uocra, Gerardo Martínez. Agreguemos, para no ser amarretes, que allí también revistaron César Milani y Sergio Berni.

Descontando la minoría social que apoya efectivamente a los genocidas, para una fracción de la sociedad, la pelea del kirchnerismo contra la impunidad pasó a ser simplemente parte del relato. El mismo que venía a justificar todas las políticas en curso. Desde ese punto de vista, las políticas de reconciliación surtieron un efecto parcial.

En ese marco, las llamadas políticas de la Memoria, llevadas a cabo sin garantizar el fin de la impunidad, sirvieron para hacer crecer la prepotencia de los genocidas y sus defensores. Eso allanó el camino al negacionismo de Cambiemos. Un Milani impune y ejerciendo funciones no podía ser más que una señal de que la impunidad era posible. La restauración conservadora que denuncian con persistencia la expresidenta y los periodistas e intelectuales afines, empezó durante el ciclo kirchnerista.

Una Corte y una quebrada

En junio de 2003, a escasos meses haber asumido el Gobierno, Néstor Kirchner inició la avanzada contra la Corte Suprema de Justicia, aquella que contaba en su seno con la llamada “mayoría automática menemista”. Se trataba de una institución ya brutalmente desprestigiada por su activa colaboración en hundir a la nación trabajadora en la pobreza y la desocupación extremas.

La ofensiva del kirchnerismo tuvo por finalidad recomponer el maltrecho régimen político argentino, golpeado por la crisis del 2001, la misma que finalizó en la caída revolucionaria de De la Rúa.

El régimen burgués argentino sobrevivió a esa crisis. El kirchnerismo tuvo la inteligencia para leer la verdadera relación de fuerzas y saber reorientar la política general de la clase capitalista. Tuvo a su favor tendencias económicas internacionales más que favorables al país agroexportador.

En el caso del Partido Judicial, a pesar de la retórica, el kirchnerismo cimentó su política sobre la base de pactos, aunque eso no impidió conflictos de baja intensidad. Privilegios como el carácter vitalicio de los cargos o la intangibilidad de los (escalofriantemente altos) ingresos no estuvieron nunca en cuestión.

Ahora, en el llano de la oposición, el kirchnerismo sufre ataques judiciales constantes y sonantes. Ya lo dice el refrán, cría cuervos…

El macrismo tuvo que reconstruir la máxima institución judicial a partir de una “Corte mínima”, donde solo habían quedado tres integrantes. Lo hizo con un discurso de ferviente republicanismo” que, en el tercio que lleva de gestión, ha sido definitivamente enterrado.

Luego de la intentona decisionista que implicaba prescindir del Senado, el oficialismo se vio obligado a reconocer su carácter de minoría parlamentaria y pactar con esa fracción del peronismo que pivotea entre la Cámara Alta y las provincias. Así, a cambio del reconocimiento de esa relación de fuerzas institucional, fue el encargado de habilitar la votación de los pliegos de Rosatti, Rosenkrantz.

A modo de digresión señalemos que la hipocresía kirchnerista intenta descargar la responsabilidad solo en un sector de ese bloque. Pero hasta el momento nadie ha roto ni formado su propia bancada en el Senado; nadie ha sido expulsado; nadie conformó otra fuerza. La retórica que despotrica furiosamente contra Pichetto no tiene consecuencia. Los “traidores”, pese a haber garantizado impunidad a los genocidas, siguen siendo aliados electorales futuros.

A pocos meses de haber nacido, la Corte macrista ya está herida de muerte. La “nueva mayoría” orquestada alrededor de Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco parió un falló profundamente auto-condenatorio. Una decisión oprobiosa que los ubica en el bando de torturadores y secuestradores.

La cuestión no resulta menor desde el punto de vista del régimen político. La Corte Suprema puede jugar un papel de árbitro ante crisis sociales y políticas. Lo ha evidenciado en la historia nacional y también en la latinoamericana. No en vano, los golpes de Estado en el siglo XX -y en lo que va del XXI- han mostrado un fuerte protagonismo de los titulares de ese organismo.

Una Corte herida de muerte es, entonces, un límite a la gobernabilidad capitalista en su conjunto. La institucionalidad macrista, cruzada por las necesidades del ajuste, ya tiene otra pata floja.