La población del territorio mexicano enfrenta una dura escasez de agua y la necesidad de organizarse comienza a ser cada vez más evidente como lo muestran las recientes movilizaciones.
Maestra Teresa Aguilar Maestra de secundaria, Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase
Jueves 25 de marzo de 2021
Desde hace más de dos décadas, el territorio mexicano enfrenta un grave problema de sequía, actualmente se reporta más del 66 %. Esto ha significado recortes y suspensiones del abasto de agua a las comunidades, sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sigue otorgando concesiones a empresas privadas para que utilicen el agua indiscriminadamente y en detrimento de las comunidades.
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Con la crisis económica actual, que arrastramos desde 2008 y que se profundizó con la pandemia, se ha demostrado que cada vez más familias trabajadoras no pueden acceder al agua siendo el derecho humano que es, sino que padecen su escasez y la pésima calidad del líquido por falta de recursos para comprarla.
Es así que en el marco del día mundial del agua, el pasado 22 de marzo, se hizo escuchar la voz de manifestantes por falta de este recurso vital en los estados de Jalisco, Morelos y Chiapas, así como en San Luis Potosí.
Por el agua y contra “El Zapotillo” en Guadalajara
En Guadalajara se reunieron manifestantes y organizaciones como: El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y El Territorio, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, el Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario y el Colectivo de Abogadxs, etc.; en las oficinas del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) para exigir una auditoría a la dependencia, pues la calidad del agua que distribuye no es apta para el consumo humano. Además de que diversas regiones del municipio de Zapopan y unas 2 mil colonias del norte y poniente de la ciudad, llevan hasta 40 días sin acceso a este recurso que, al parecer, en las zonas residenciales se ha distribuido sin problemas, mientras los trabajadores pagan hasta 2 mil 500 pesos por una pipa de agua.
Los manifestantes exigieron que se les involucre en las políticas del suministro y control del agua con la posibilidad de conformar una Contraloría Social del Agua para monitorear y auditar las políticas, programas y proyectos hídricos para lograr un equilibrio en la distribución justa, equitativa y sustentable del vital líquido.
A su vez, las y los empleados del Siapa denunciaron la falta de herramientas, equipo, vehículos e infraestructura del organismo; y que las plazas de las personas que se jubilan, renuncian o despiden no son cubiertas nuevamente. Denunciaron también que el recorte del servicio se trata de un “pretexto” del gobierno estatal que encabeza Enrique Alfaro para que se reanude la construcción de la presa de “El Zapotillo”.
Contra la reapertura de la construcción de dicha presa, que ha significado 15 años de lucha para las poblaciones de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo; también se manifestaron miembros especialistas del Observatorio Ciudadano del Agua. Se trata de un megaproyecto en el que el gobierno ha invertido más de 500 millones de pesos y donde las comunidades están bajo amenaza de ser desplazadas por la inundación que implica la construcción y el funcionamiento de la presa.
Contra el PIM en Morelos
En Morelos, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, organización en la que participa la activista presa política Kenia Hernández, protestaron en las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y bloquearon las avenidas Nueva Bélgica y Vicente Guerrero en Cuernavaca para exigir que la Comisión Federal de Electricidad no les quite el agua con que riegan sus cultivos, de los cuales se alimentan ellos y sus familias, debido al Proyecto Integral Morelos (PIM).
No podemos olvidar el violento desalojo que vivieron las y los ejidatarios que mantenían un plantón en contra del PIM desde 2016 y que fue perpetrado por la Guardia Nacional a finales de noviembre del año pasado. Tampoco olvidemos el caso del asesinato del ambientalista Samir Flores Soberanes, que a dos años continúa sin ser esclarecido.
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Por los humedales en Chiapas
En Chiapas, decenas de habitantes de colonias del sur de San Cristóbal de Las Casas, impidieron el paso de camiones cargados con materiales para “rellenar y destruir” los humedales de Montaña María Eugenia, como informaron los integrantes de la Red Ambiental Valle de Jovel. Los humedales proveen del líquido a numerosos usuarios y a pesar de estar declarados como territorios protegidos, han sufrido intentos de privatización durante varios años.
Estas no son las únicas protestas que han habido debido a la falta del vital recurso, sino que se suman a muchas otras que se han dado a raíz de los cortes y por la construcción de megaproyectos, de manera local y aislada entre ellas, como la lucha contra la construcción de una planta cervecera en Baja California, o por el agua en Chihuahua, donde elementos de la Guardia Nacional asesinaron a dos ambientalistas.
Urge unir esfuerzos de manera independiente de cualquier partido político del régimen, necesitamos organizarnos para que la gestión y el uso del agua estén en manos de las y los trabajadores y campesinos pobres, de los pueblos originarios, para que se priorice el acceso a este recurso que es un derecho humano y que deje de estar en manos de los intereses privados.
