El plan de mejoramiento educativo (PME) de los establecimientos educacionales no solos ha sido objeto de desvíos de recursos por parte de Municipalidades y Corporaciones Municipales, sino también de precarización y desocupación de millones de docentes y asistente de educación.
Martes 8 de diciembre de 2015
La Subvención Escolar Preferencial (SEP) según declara el MINEDUC son recursos económicos destinados para mejorar la calidad de los establecimientos educacionales. Este financiamiento, se destina principalmente en la contratación de profesionales y asistentes de la educación, docentes, educadoras diferenciales, psicopedagogos, entre otros, junto a otros gastos destinamos a un plan de mejoramiento educativo (PME), todo con el fin de otorgar más herramientas para ayudar y estimular los aprendizajes de estudiantes desde pre-kinder hasta 8° básico. Más del 85% de las escuelas y liceos de enseñanza regular diurna (el total de municipales y 2 de cada 3 particulares subvencionados) reciben está subvención especial de parte del Estado.
Los estudiantes “prioritarios” son los beneficiarios directos de la Ley SEP, y se determinan anualmente de acuerdo con los criterios establecidos en esta ley.a) Pertenecer al Sistema de Protección Social Chile Solidario. b) Estar dentro del tercio más vulnerable según la Ficha de Protección Social (FPS). c) Estar clasificado en el tramo A del Fondo Nacional de Salud (FONASA). d) Otros criterios: ingresos familiares, escolaridad de los padres, ruralidad y pobreza de la comuna.
Municipios y Corporaciones Municipales desviando recursos SEP
Un informe de la contraloría ya en el año 2012 desviste cómo municipios y corporaciones municipales han derrochado, mal usado y perdido miles de millones destinados a entregar igualdad de oportunidades a los niños que más lo necesitaban. Entre esos montos destacan $25.559 millones que desaparecieron en lo que reportajes han denunciado cómo un “nuevo foco de corrupción”.[1]
La irregularidad más grave detectada en la fiscalización de la contraloría fue que en 37 municipios se detectó que $13.740 millones correspondientes a saldo sin ejecutar de los recursos SEP no estaban en las cuentas corrientes ni tampoco registrados en el “libro banco”. Esto quiere decir que se ocuparon en fines distintos a los previstos por concepto de subvención SEP. Entre los municipios donde los recursos no se gastaron en la mejorar la calidad de la educación de los niños vulnerables, está Copiapó ($1.120 millones), Ovalle ($2.281 millones), Coquimbo ($2,276 millones), Cauquenes ($1.004 millones), Valdivia ($1.203 millones), La Pintana ($467 millones), Angol ($544 millones), Puerto Montt ($544 millones).
En 15 corporaciones municipales de educación también se comprobó la existencia de un saldo sin ejecutar de los recursos SEP, dineros que se habrían usado en fines distintos a los contemplados en la ley. Ese monto asciende a $11.819 millones. Esto ocurrió en las corporaciones de Iquique ($1.181millones), La Serena ($1.158 millones), Valparaíso ($1.561 millones), Cerro Navia ($1.688 millones), Conchalí ($1.555 millones) y San Fernando ($1.098 millones).
En el 2014 la Contraloría hizo la denuncia en el Ministerio Público y entregó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), lo que hasta septiembre de este año había originado 32 procesos judiciales. Pero las causas están prácticamente paralizadas y probablemente se cerrarán sin sanciones, debido a que el Congreso Nacional despachó una ley que brindó un “perdonazo” a los municipios y alcaldes infractores. Una fórmula que fue considerada como una puñalada por la espalda según los funcionarios de Contraloría, porque los legisladores les quitaron el piso y los convirtieron en un león sin dientes ante los departamentos y corporaciones de educación municipales. (http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/contraloria_nominacompleta.pdf)
Fin a la externalización y el subcontrato; que todos los trabajadores de la educación tengan contrato de funcionario público
Dentro de la contratación por ley SEP, vemos como mucho municipios y corporaciones municipales no solo desvían recursos destinados a “mejorar la calidad de los establecimientos educacionales”, también la mayoría de los trabajadores de la educación que son prestadores de servicios, no poseen una relación contractual regular y estable, no poseen contrato de trabajo y son despedidos al cierre de año, sin derecho a acceder a los beneficios del estatuto docente, ni estatuto administrativo, reajustes salariales, bonificaciones (proporcionales, reconocimiento profesional), quedando en un escenario de precariedad e incertidumbre. Esta situación es desfavorable para los trabajadores y profesionales de la educación. El MINEDUC señala que solo está permitido un 15% de trabajadores a honoraros, sin embargo, esto no se cumple. Los problemas relacionados al financiamiento vía subvenciones y las condiciones de trabajadores y profesionales de la educación tampoco están siendo abordados dentro del actual proyecto de “desmuniciálización” o “nueva educación pública” del gobierno de la Nueva Mayoría. La creación de Servicios Locales de Educación no implican cambios en la situación contractual, cómo la condición mínima de traspasar a todos los trabajadores y profesionales a contrato de funcionario público.
Nuestra Clase, diciembre de 2015
Nuestra Clase
Somos la agrupación de trabajadores de la educación Nuestra Clase, de Chile. Quienes conformamos esta agrupación somos compañeras y compañeros independientes y militantes del PTR
