El medio Contralínea difundió el desvío de recursos dentro del IISUE justificados en una investigación sobre las condiciones laborales de la policía en México. ¿Por qué el IISUE realizó dicha investigación fuera de su área? ¿Quién decide cómo se usa el presupuesto?
Viernes 24 de junio de 2022
En el artículo de Contralínea firmado por Zósimo Camacho y publicado el pasado 15 de junio, se documentan dos auditorías realizadas al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) por parte de la Contraloría de la UNAM, en las cuales se registra presupuesto destinado a “investigaciones que no se encuentran y pagos de viáticos sin justificar, para trabajos de campo no autorizados y de los que no hay informes de resultados”, esta resulta apenas la primer anomalía.
Luego del escándalo revelado también por este medio, sobre botes de basura de 24 mil pesos y ceniceros de 57 mil pesos adquiridos por la universidad, el desvió de recursos dentro de la UNAM es algo que ya no sorprende a su comunidad.
Sin embargo, tal como cuestiona Camacho, este caso abre un debate interesante, más allá del ya polémico uso del presupuesto dentro de la universidad ¿qué hace el IISUE una institución que tiene como misión “generar y difundir conocimientos originales sobre la universidad y la educación en todas sus modalidades y niveles”, realizando un “Estudio sobre la Situación de los Derechos Humanos en la Policía Federal”?
¿Quién y porqué autorizó esta investigación? ¿Cuáles fueron realmente los objetivos? Vamos por partes.
Desvío de recursos y violación de normatividad
Las investigaciones en las que se registran anomalías resultan estar relacionadas con una serie de convenios firmados por Luis Raúl González Pérez, semanas antes de dejar su cargo como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a propósito de una investigación nombrada “Estudio sobre la Situación de los Derechos Humanos en la Policía Federal”. Los convenios se realizaron del 24 de septiembre al 30 de octubre de ese mismo año.
Las inconsistencias son múltiples y da cuenta de ellas la auditoría interna número A029/2018-AR-B3. El gasto de 1 millón 720 mil 800 pesos fue justificado bajo el argumento de que la universidad realizó servicios a terceros, “un total de 989 mil 300 pesos correspondieron a trabajos de campo , servicios profesionales independientes y honorarios de apoyo académico.” Además destacan el caso de “394 mil pesos que se pagaron bajo contrato por concepto de trabajos de campo para el estudio sobre la situación de los derechos humanos en la Policía Federal”.
La irregularidad en este caso consiste en no haber actuado de acuerdo a la normativa, la cual dicta que debieron existir una serie de procesos para garantizar las mejores condiciones para la inversión de dicho presupuesto proveniente de la UNAM. Mismo caso, lo reportado en la auditoría número A029/2019-AR-B3, del periodo del 1 de junio de 2018 al 30 de junio de 2019, en donde se registra la compra de 4 boletos de avión de la aerolínea Aeroméxico, en los cuales se invirtieron 188 mil 600 pesos.
Investigaciones con fines políticos: lavar la cara de una institución represiva
Además de una larga lista de violaciones a las normativas, viáticos e investigaciones cuyos gastos se registraron sin que existiera un producto documentado y una larga lista de anomalías como el gasto de 6 mil pesos en “productos de uso personal, las auditorías documentan 243 mil pesos que fueron gastados en “honorarios adicionales” de los cuales 114 mil 400 fueron entregados a personal entrevistado, es decir que la universidad le pagó miles de pesos a la Policía Federal por realizar las encuestas.
Los periodistas de Contralínea comentan en su artículo que buscaron entrevistarse con el director del instituto, Hugo Casanova Cardiel, sin recibir respuesta. Por su parte, pocos días después, Casanova otorgó una entrevista a La Jornada en la cual argumenta que la auditoría fue solicitada por la propia institución y que a pesar de que las malversaciones tuvieron su origen en la gestión anterior fueron atendidas, sobre todo en el tema de los viáticos “los que fueron aclarados y sustentados”.
Más adelante, el titular del instituto puntualizó que la vigencia de los convenios fue prorrogado para fines de la investigación y que el producto fue un libro publicado en 2019 por la CNDH con el nombre de la investigación (el cual se encuentra disponible en línea).
Llama la atención que en la presentación de dicho material, se explica que la justificación de la investigación es contribuir a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República (ENSPGR) (de la cual forma parte la Guardia Nacional) y que tuvo su origen en “la presentación de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador denominó inicialmente (14 de noviembre de 2018) como Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024”. Así el objetivo de esta investigación es contribuir a relegitimar las fuerzas armadas profundamente deslegitimizadas en los sexenios anteriores, uno de los pilares en la estrategia de gobierno de la 4T.
El escándalo dentro del IISUE reabre el debate siempre latente dentro de la UNAM, sobre quienes gestionan la universidad y bajo qué intereses. Hoy el problema no es únicamente la ya conocida mal versación de fondos, que tiene como consecuencia que año con año la casta que dirige la UNAM gaste millones de pesos en viajes, viáticos e inmobiliario, para fines por mucho alejados de los intreses de su comunidad, mientras el derecho a la educación sigue siendo un derecho que se niega a miles de jóvenes por falta de infraestructura, becas y presupuesto para dignificar la labor docente y aumentar la planilla.
Por otro lado, esta investigación es tan sólo un pequeño ejemplo de que quienes dirigen la universidad utilizan los restringidos centros de investigación de acuerdo a los cotos de poder político que se mueven dentro. Los institutos no deberían ser edificios con decenas de salones destinados a investigaciones discrecionales.
Esto sería distinto si la universidad fuera gestionada por un gobierno tripartito (de trabajadores y docentes, con mayoría estudiantil). Si fuera la comunidad que a diario le da vida quien decidiera en que se utiliza el presupuesto, pero también al servicio de que se pone el conocimiento que se produce, es decir, el diseño de los planes de estudio, el fin de las investigaciones, etc.
Bajo esa perspectiva nos organizamos en la Agrupación Juvenil Anticapitalista, para construir la universidad que necesita el pueblo pobre y trabajador. Te invitamos a conocernos.
Mariel Ochoa
Estudiante de la FCPyS
