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Red Internacional
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DERECHOS HUMANOS. Detenciones ilegales y desapariciones forzadas en México

Hay más de 35 denuncias contra el gobernador de Jalisco por su represión de las manifestaciones por #JusticiaparaGiovanni. Mientras, López Obrados criminaliza a los manifestantes en la Ciudad de México.

Pablo Oprinari

Pablo Oprinari Ciudad de México / @POprinari

Martes 9 de junio de 2020 22:21

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), a través de su primer visitador Eduardo Sosa Marquez, afirmó que han recibido más de 35 denuncias referentes a detenciones ilegales, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad, perpetrados por las fuerzas policiales. Asimismo, que hay denuncias documentadas de desaparición forzada. Los funcionarios afirmaron que ese número de denuncias va en aumento. Esto mientras el titular de la Fiscalía -Gerardo Octavio Solís- es señalado como responsable; Solís tiene un largo historial represor en la entidad, y en el año 2004, siendo procurador del estado de Jalisco, fue quien estuvo detrás de los casos de tortura contra activistas altermundistas.

Los dichos de la CEDHJ simplemente constatan lo que ha despertado la indignación popular en Jalisco y en el país: la violencia por parte de la policía, que además es señalada por sus vínculos con el narco y el llamado "crimen organizado". Y lo que han denunciado cientos de personas en redes sociales, en torno a la brutalidad de la cuerpos de seguridad contra los manifestantes, de lo cual es responsable el gobierno de Enrique Alfaro y las instituciones del estado.

Un movimiento que cuestiona la violencia policial

El artero asesinato de Giovanni Lopez a manos de la policía municipal, que lo detuvo arbitrariamente el 4 de mayo, despertó un movimiento de protesta y repudio en Jalisco. Éste fue potenciado por el impacto que provocaron -a nivel mundial y en México mismo- las movilizaciones contra el racismo policial en EE. UU., como testimonian las decenas de pancartas que se mostraron en las calles de Guadalajara, hermanando la lucha por justicia para George Floyd y Giovanni Lopez.

La respuesta del gobierno de Enrique Alfaro fue la misma que ya mostró en el pasado: represión y violencia policial, utilizando -a pocos días de un nuevo aniversario del "halconazo"- los peores métodos que caracterizaron a los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante décadas.

Ante esto, el movimiento puso en cuestión la violencia policial, despertó simpatía popular, y apoyo democrático de organismos de derechos humanos, periodistas y organizaciones sociales. Así como movilizaciones de apoyo en la Ciudad de México. Eso puso un límite al represor Alfaro, ante lo cual éste intentó maniobrar, descargando la “culpa” en los mandos policiales y en el gobierno nacional.

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El gobierno federal, por su parte, se unió al discurso criminalizador y propuso la creación de “grupos de paz” para controlar las manifestaciones. Pero son los cuerpos represivos los que responden brutalmente contra los manifestantes que denuncian los crímenes de la policía. Son ellos quienes reprimen y detienen, como ocurrió el viernes en la Ciudad de México, cuando una joven de 16 años fue detenida y brutalmente golpeada por la policía.

Ante eso, solo la organización los trabajadores y el pueblo pobre podrán poner un alto a la brutalidad policial, sacar a la policía de nuestros barrios y luchar por el juicio y castigo a los responsables intelectuales y materiales de la represión y por justicia por Giovanni López.


Pablo Oprinari

Sociólogo y latinoamericanista (UNAM), coordinador de México en Llamas. Interpretaciones marxistas de la revolución y coautor de Juventud en las calles. Coordinador de Ideas de Izquierda México, columnista en La Izquierda Diario Mx e integrante del Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas.

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