Juan Melquiades Vergara Fernández fue funcionario del gobierno de Roberto Borge, exmandatario de Quintana Roo ahora detenido. El exsecretario de Finanzas y Planeación está acusado de lavado de dinero proveniente del crimen organizado.
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Sábado 3 de febrero de 2018
El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, fue quien expidió la orden de detención.
Desde septiembre de 2017 inició la investigación a raíz de una denuncia interpuesta por el Servicio de Administración Tributaria por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita ante el Ministerio Público de la Federación.
En la misma, se afirma que trece empresas expidieron facturas de operaciones inexistentes a otra empresa, la cual las declara fiscalmente gastos deducibles. Este fue el mecanismo para llevar a cabo operaciones con otras personas que fueron los receptores finales de los recursos, quienes simularon que se trataba de sueldos derivados de una relación laboral.
Este fraude generó la retención de impuesto sobre la renta por concepto de asimilado a salarios por 261 millones 353 mil 954 pesos, sin concretar el pago y sin tener a sus trabajadores registrados en el IMSS.
Según el subprocurdador, Vergara Fernández fue uno de los beneficiados finales de un esquema de lavado de dinero al recibir en 2015 de una empresa un millón 430 mil 619 pesos y de otra empresa 49 millones 259 mil 351 pesos.
Cabe destacar que Vergara Fernández es precandidato a una diputación federal por el distrito 03 de Cancún por el Partido de la Revolución Democrática.
Se realizará la primera audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México en las próximas horas. Ahí se solicitará la vinculación a proceso por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en la modalidad de adquirir recursos, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita.
Presenciamos otro episodio del desgaste del PRI, ya golpeado por los sucesivos escándalos de corrupción protagonizados por varios gobernadores, como Javier Duarte (Veracruz), Roberto Sandoval (Nayarit), Tomás Yarrington (Tamaulipas) y César Duarte (Chihuahua), y por el propio presidente Peña Nieto y su corte de secretarios.
Los altos funcionarios que saquean las arcas públicas, que recortan presupuesto del gasto social (para salud y educación), que se asocian con el crimen organizado son los que crean y aplican las leyes que benefician a trasnacionales y empresarios como Slim. El caso de Juan Melquiades es un ejemplo más del carácter reaccionario de los partidos que gobiernan al servicio de los empresarios.
Nada pueden esperar los trabajadores y los sectores populares de los partidos al servicio del gran capital. Cada vez es más acuciante poner en pie una herramienta política de la clase trabajadora que enfrente la voracidad capitalista y luche por sus demandas en todos los terrenos.
