Los manifestantes declararon que «a los ojos de ese tribunal de excepción, las militantes vascas siempre seremos culpables, más allá de la falta de pruebas o las acusaciones desmedidas y sin sentido».
Alex León @A10Leon
Lunes 2 de octubre de 2023
Cientos de manifestantes recorrieron las calles de Gasteiz en protesta por la orden de encarcelamiento de los jóvenes Aitor Zelaia y Galder Barbado. Estos dos jóvenes aparecieron por sorpresa en un balcón del Gobierno Militar de Vitoria momentos previos a la manifestación, donde permanecieron durante 90 minutos hasta su detención. Los arrestados fueron despedidos entre aplausos por los manifestantes convocados por la plataforma ANkerkeriari Stop en solidaridad con Zelaia y Barbado.
Estos dos jóvenes fueron condenados a cuatro años de prisión por tenencia de depósito de armas y municiones vinculados con el hallazgo un año antes de un bidón con materiales explosivos en la localidad de Durana, en Arrazua-Ubarrundia.
Los jóvenes manifestantes defendían que «a los ojos de ese tribunal de excepción, las militantes vascas siempre seremos culpables, más allá de la falta de pruebas o las acusaciones desmedidas y sin sentido».
El juicio contra ellos se celebró en enero de 2021 en la Audiencia Nacional. Ambos fueron condenados a 4 años de prisión, un año de libertad vigilada y 10 años de inhabilitación. Ante ello, recurrieron la sentencia y el Tribunal Supremo confirmó dicha condena hasta que el pasado 25 de septiembre expiró el plazo para entrar voluntariamente en prisión. Desde entonces, ha habido varios actos de protesta por la condena. En junio se registró una manifestación masiva de solidaridad en Amurrio y en las últimas semanas se han sucedido varios actos de protesta.
El hallazgo de un bidón con objetos que la Ertzaintza vinculó con la elaboración de artefactos usados en actos de sabotaje de entidades bancarias en distintas localidades puso en marcha en 2019 proceso judicial contra estos dos jóvenes militantes. La inconsistencia de las pruebas no han impedido las penas fijadas, que han acabado en una condena de cuatro años de cárcel, un año de libertad vigilada y diez años de inhabilitación.
El material hallado en los registros de los domicilios se ligó, asimismo, a actos de sabotaje, como una mochila presentada como «de kale borroka», que contenía material empleado en un turno de seguridad del Hatortxu Rock a finales de 2018. En aquella mochila había bridas para atar vallas, guantes, talkies, teléfonos móviles o cinta americana, entre otros objetos.
De la crónica del juicio resalta, asimismo, que quien halló el bidón apuntó que podía llevar allí 25 años. Las huellas aparecidas en bolsas de plástico fueron prueba «suficiente» para su condena pese que sus defensas advirtieron de que podían haber sido transportadas allí desde otro lugar.
Ambos jóvenes manifestaron su adhesión a la estrategia de la izquierda abertzale en su apuesta exclusiva por las vías pacíficas. Desde su inicio, la detención y los cargos que se les imputaban se interpretó como un castigo a su militancia política.
En esto y otros casos se pone de manifiesto como el Estado actúa más duramente contra quienes protestan y se organizan y atacan a la propiedad privada de los grandes capitalistas en cualquier de sus formas que cuando mueren obreros en accidentes laborales por no cumplir con la seguridad o cuando se asesina en la valla de Melilla.
Este no es el único caso de ataque a la organización. La represión en el Estado español es parte indiscutible del mismo Régimen que detiene en sus casas a quienes pelean por el derecho de autodeterminación en Catalunya o Euskadi con miles de encausados, a los huelguistas del metal en Cádiz, o a quienes protestan contra los desahucios o la represión, entre otros casos.
Todo esto podría ser parte de la política represiva de la derecha, que se lanza en campaña contra cualquier amnistía, pero lleva la firma de un gobierno que estos años se ha erigido como progresista. Que ha utilizado las herramientas represivas del Estado contra movilizaciones y huelgas, que infiltra policía en el movimiento de autodeterminación y en otros movimientos sociales y que equipara la libertad de quienes fueron reprimidos por manifestarse con la de quienes les reprimieron violentamente ante la más mínima idea de amnistía respecto al procés.
Frente a estos ataques, montajes y persecución, es necesario poner en pie una movilización social independiente de la izquierda política, la izquierda sindical y los movimientos sociales que ponga sobre la mesa la necesidad de una amnistía total para luchadores y migrantes, desde Euskal Herria, hasta los CIEs, pasando por los miles de procesos en Catalunya, la plantilla con causas de las luchas del metal en Tubacex o en Cádiz, las activistas LGBTI que hicieron frente al bus de Hazte Oír en Sevilla o los 6 de Zaragoza por protestar contra la extrema derecha.
Una amnistía que hoy, con los debates de investidura, está siendo duramente atacada por la derecha y enormemente recortada por el “progresismo”, que busca un pacto parcial y por arriba para excarcelar a los políticos independentistas y enterrar el derecho a la autodeterminación bajo tierra, pero que no pone sobre la mesa la amnistía para el resto de luchadores. Eso sí, mientras, Sumar pide la amnistía para los policías que reprimieron el 1-O. Toda una hipocresía.
De esta manera, la lucha por la amnistía total para todos los luchadores y luchadoras no solo es una cuestión democrática elemental que cualquiera que tenga un sentido democrático debería defender: creemos que está íntimamente ligada a nuestros objetivos por construir una sociedad socialista libre de toda explotación y opresión. Por eso la pelea contra la represión no puede detenerse ahí, sino también tratar de apuntar al derecho de autodeterminación en Euskadi, Catalunya y otros territorios, el fin de la represión e infiltraciones policiales, el cuestionamiento a la Corona; otro de los pilares de ese mismo Régimen y el fin de la persecución a las personas migrantes, a la juventud, a las huelgas y a quienes se movilizan.
