La detención de Santiago Uribe, hermano de Álvaro Uribe, por sus lazos con el paramilitarismo bajo la acusación de “homicidio agravado y concierto para delinquir”, ha sacudido la escena política colombiana.
Viernes 4 de marzo de 2016
El detenido está denunciado por sus vínculos con la organización paramilitar de “Los apóstoles”, de la que habría sido uno de sus jefes bajo el seudónimo de “El Abuelo” Esta banda asoló el departamento de Antioquia, del que fue gobernador Álvaro Uribe antes de acceder a la presidencia, mientras su hermano Santiago se dedicaba a dirigir las propiedades de la familia, como las haciendas de Guarachacas y La Carolina.
Según el abogado Daniel Prado, de la Comisión de Justicia y Paz: “Llevábamos años esperando para que la Fiscalía tomara esta decisión soportada sobre un sin número de pruebas”. Un testimonio importante habría sido el de un extrabajador de la hacienda La Carolina, Eunicio Pineda, actualmente asilado en Europa tras recibir amenazas de muerte por sus declaraciones a la justicia. Se acusa a Santiago Uribe de haber participado en al menos 33 casos de torturas y asesinatos adjudicados a “los 12 apóstoles”. Otro, el de dos de los autores confesos de la ejecución de un chofer de autobús en 1994, que aseguran que fue él quien les dio la orden.
Bajo los dos mandatos de Uribe, entre 2002 y 2010, el paramilitarismo actuó a sus anchas, multiplicó sus fuerzas y realizó miles de asesinatos. El terror llevó a millones de campesinos y pobladores de las áreas rurales a huir, engrosando las filas de los “desplazados”. Entre tanto, por esos mismo años, el Ejército cometió entre 4 y 5 mil asesinatos de civiles disimulándolos como si fueran bajas guerrilleras, son los llamados “falsos positivos”.
Posteriormente, con su ex ministro de defensa por esos mismos años en la presidencia -el actual presidente Juan Manuel Santos-, se inició una operación de “lavado de cara” del régimen, que mientras mantiene la impunidad para el conjunto de las fuerzas represivas, los terratenientes y el empresariado cómplices de innumerables crímenes, desmovilizó parcialmente a los paramilitares (parte de los que siguen operando como “Bacrim” - bandas criminales), y con anuencia del imperialismo encausó a los elementos y camarillas más escandalosamente ligadas al narcotráfico y el paramilitarismo, como forma de hacer más creíble ese lavado ante los ojos populares.
El entorno de Uribe y su partido -actualmente Centro Democrático- han sido golpeados por las acciones judiciales, incluyendo a otros familiares y colaboradores directos. Decenas de ex parlamentarios fueron condenados como parte de la “narcopolítica” y la “parapolítica”, la mayoría de ellos, uribistas. También han sido procesados algunos ex mandos militares.
Sin embargo, esas limitadas y tardías acciones judiciales –que recién avanzaron largos años después de innumerables denuncias y lucha de los movimientos por los derechos humanos, verdad y justicia-, ni han desmantelado la impunidad militar y empresarial, ni han puesto fin el terror paraestatal y estatal. Siguen siendo frecuentes asesinatos de líderes campesinos e indígenas, dirigentes sindicales, activistas de derechos humanos, etc., en la mayor impunidad.
Uribe está agriamente enfrentado al gobierno de Santos, cuestionando aspectos de la negociación “de paz” con las FARC que está llegando a sus fases finales en La Habana. La detención de su hermano añade tensión a la coyuntura y pone al rojo vivo el enfrentamiento entre el ex mandatario y el gobierno de Santos.
Eduardo Molina
Nació en Temperley en 1955. Militante del PTS e integrante de su Comisión Internacional, es columnista de la sección Internacional de La Izquierda Diario.
