Obreras de limpieza son detenidas arbitrariamente por protestar contra las iniciativas del Alcalde Jorge Muñoz de la Municipalidad de Lima, quien, a partir de un fraudulento concurso publico busca despedir a las actuales trabajadoras y contratar nuevo personal bajo el nefasto régimen de tercerización heredado del fujimorismo.
Miércoles 1ro de julio de 2020
Foto: Luis Javier Maguiña
El pasado lunes 29 de junio, cientos de trabajadoras de limpieza de la Municipalidad de Lima fueron brutalmente reprimidas por la policía nacional cuando estas protestaban contra la negativa del alcalde Muñoz a aceptar un fallo judicial que permite que las trabajadoras sean nombradas en sus puestos de trabajo después de 20 años de servicios.
Como consecuencia del accionar represivo de la policía nacional, 46 obreras de limpieza fueron detenidas y posteriormente liberadas en la madrugada del miércoles 1 de julio. A las trabajadoras detenidas se les imputo el supuesto delito de resistencia a la autoridad, sin embargo, nunca se dijo por qué motivo las obreras tendrían que obedecer el mandato de detención.
Cabe mencionar, que el artículo 366 del Código Penal evocado por la policía para detener a las obreras, señala que los sujetos detenidos por este delito deben “impedir o trabar la ejecución de un acto propio (del agente policial) de legítimo ejercicio de sus funciones”, sin embargo, las obreras cuando salieron a protestar no hicieron otra cosa que ejercer su derecho democrático a la protesta, el cual incluso es reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas (artículo 21) que el Perú ha suscrito y que de ninguna manera, el actual estado de emergencia podría suspender, sin violentar los derechos humanos fundamentales.
La lucha de las obreras de limpieza, organizadas en el sindicato SITOBUR, se da porque el actual alcalde de Lima Jorge Muñoz, así como en su momento lo hizo Luis Castañeda Lossio, no quiere acatar la Casación Laboral 13749-2017-Lima que la Segunda Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema emitió a favor de las trabajadoras de limpieza declarando su condición de trabajadoras estables y, por tanto, facultaba su permanencia en sus puestos de trabajo de la Municipalidad de Lima.
La Sala Suprema en cuestión, consideró que el contrato que las obreras tienen con la empresa tercerizadora Innova Ambiental S.A., antes RELIMA, se ha desnaturalizado pues no corresponde subcontratar todo el trabajo de limpieza de la municipalidad, tales como el trabajo de choferes, mecánicos, barrenderos, entre otros. El alcalde Muñoz, quien se mostró favorable al cumplimiento de esta sentencia en su campaña electoral, ahora quiere desconocerla y prefiere iniciar un concurso público en beneficio de las empresas de tercerización en medio de la emergencia sanitaria, despidiendo a las obreras con una historia laboral de 20 años.
Recordemos que la ley de tercerización laboral 29245 fue promulgada por el congreso fujimorista durante el segundo mandato de Alan García. Esta ley permite la tercerización laboral incluso en el sector público, en el que se regirá por la norma de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo 1017, en cada concurso público que fomente la participación de empresas tercerizadoras. Las empresas contratistas bajo el esquema de tercerización son empresas que legalmente pueden disminuir sus obligaciones laborales y tributarias, sin embargo, ante cualquier accidente el responsable será el Estado de forma solidaria, siendo ésta una pésima gestión en desmedro del presupuesto municipal y en perjuicio de los derechos laborales del personal de limpieza, quienes en la presente coyuntura se convierten en trabajadores esenciales debido a la emergencia sanitaria provocada por la propagación del Covid-19.
Precisamente por eso, la ley de tercerización laboral debe eliminarse, pues viene precarizando en la práctica el 100% de los procesos laborales en todas las industrias, tales como la minería y metalmecánica, además de afectar gravemente el sector público, precarizando así el trabajo de los obreros en el Estado. Esta ley fue producto de la política neoliberal y explotadora que impuso Fujimori en el Perú y que priorizó las ganancias privadas en desmedro de los derechos laborales de millones de trabajadores. Los demás gobiernos, nacionales y subnacionales, han continuado fielmente con la implementación de esta iniciativa, demostrando así su estrecha relación con el empresariado.
Por esa razón, municipios como el de Lima Metropolitana, por ejemplo, arrastran carencias presupuestales y décadas de corrupción institucionalizada que terminan beneficiando a alcaldes lumpenes como Luis Castañeda Lossio, y arbitrajes privados millonarios en los que la municipalidad ha perdido cuantiosas sumas de dinero que terminaron en los bolsillos de los empresarios.
En ese entender, nos solidarizamos con la lucha que vienen llevando adelante las trabajadoras de limpieza pública de la municipalidad de Lima y hacemos un llamado a organizar, junto a ellas y al conjunto de las y los trabajadores de diferentes sectores productivos y de servicios, un espacio para pelear, con los métodos propios de la clase trabajadora, por la derogación de la legislación pro patronal que promueve la tercerización laboral.
