También, fueron arrestados un abogado y el hermano de la mujer sospechada de regentear el lugar. Ella se encuentra prófuga junto a otro acusado de explotar al menos a 15 mujeres.
Miércoles 20 de julio de 2016 11:50
El jefe del Comando de Prevención Comunitaria (CPC) de Lanús fue detenido, junto a otros tres efectivos y dos civiles acusados de facilitar la explotación de un prostíbulo de la zona sur del Gran Buenos Aires, el lunes.
Las detenciones se realizaron por pedido de la fiscal María Delia Recalde, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Delitos Sexuales, Informáticos y Conexos a la Trata de Personas de Lomas de Zamora y por orden del juez de Garantías 3 del mismo Departamento Judicial, José Luis Arábito. También participó personal de la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense.
Los policías acusados y detenidos son: el actual jefe del CPC de Lanús, Marcelo Roque Lizzano, otro efectivo del mismo CPC Darío Damián Belcastro; un miembro de la División de Informática de la Policía bonaerense, Roberto Ariel Burgos, y Ariel Hugo Comba, del CPC Quilmes.
Los dos civiles apresados son un abogado dueño de uno de los prostíbulos de Lanús investigados, Daniel Antonio Morales, y Manuel Rubén Contardo , el hermano de la prófuga Yolanda del Carmen Torino, alias “Yamila”, a quien sindican como la "encargada" del prostíbulo.
Mientras los 6 acusados se negaron a declarar, aún queda un segundo prófugo, identificado como David Samuel Moreno, quien también está imputado de regentear los prostíbulos bajo investigación.
En la investigación, que comenzó en 2014, se precisa que “Yamila”, Moreno y Contardo están acusados de promocionar, facilitar y explotar económicamente el ejercicio de la prostitución ajena de al menos 15 mujeres en un local situado en Hipólito Yrigoyen 3070 de Lanús Oeste. A lo que se suma que Morales alquiló el local a los dos primeros a sabiendas de lo que allí sucedía.
Respecto a los policías detenidos, a Lizzano, Belcastro y Burgos se los acusa de no haber comunicado a la fiscalía de la posible existencia de locales ubicados en su jurisdicción donde se explotaba la prostitución. En vez de eso, dieron intervención al juez Correccional 5 de Lomas de Zamora, Rubén Baca, “con la finalidad de brindar impunidad” a “Yamila”, Moreno y Contardo.
Este hecho es una muestra más de la estrecha relación entre policías y prostituyentes cuando se trata de enriquecerse a partir de la explotación sexual de mujeres. Vínculo que no se cierra ahí, sino que involucra a funcionarios y al poder judicial, como se ha visto en reiterados casos.
