El economista, docente e investigador de la UBA opina sobre el proyecto impulsado por el gobierno nacional.
Sábado 11 de junio de 2016
Como anunciara el actual gobierno la ley de blanqueo serviría para realizar una reparación histórica con un sector sensible de la sociedad, los jubilados.
Ahora dicho de esta forma nadie podría estar en contra. Como comentó un periodista de Clarín “la mayoría de los juicios son por reajustes de los haberes luego de la crisis de 2001-2002. Luego crecieron cuando la Corte Suprema dictó varios fallos favorables a las demandas de los jubilados, como el caso Badaro o Eliff por la falta de actualización de los haberes entre 2002 y 2006 y de los sueldos que sirven como referencia para el cálculo de las jubilaciones”.
La pregunta sería y ¿los jubilados que cobran la mínima? ¿No se merecen una reparación histórica? La jubilación mínima es de $4.969, casi lo mismo que lo que van a cobrar los trabajadores que ingresen a McDonald’s, acuerdo que firmó el gobierno con dicha empresa, con subsidio del Estado.
Mientras que del total del REPRO solicitados en este año, solo el 12% tuvo ejecución. El universo de jubilaciones y pensiones mínimas son de 3 millones de personas. Para esta reparación se busca este blanqueo que tiene particularidades: no se va poder pedir información de lo declarado, no se tuvo en cuenta a los familiares de funcionarios, y van estar exentos de penalidades tributarias. El blanqueo de 2013 proponía un esquema, por lo menos, de moratoria.
Si bien el gobierno dijo que en el 2017 la AFIP va poder acceder a información de países de la OCDE y otros, la realidad es que se supo que Estados Unidos y Suiza no ingresaron en ese acuerdo, dos países que concentran los mayores paraísos fiscales. El éxito del blanqueo es como el anuncio del diciembre del ministro de Hacienda que decía que iban a llegar una lluvia de inversiones en las primeras cuatro semanas, eso no ocurrió.
El objetivo, y que por ahora tiene algunos obstáculos, es iniciar el proceso de privatización de los pocos activos que tiene el Estado, generando las condiciones para ingresar al área de libre comercio.
