2 AÑOS AYUNTAMIENTOS DEL CAMBIO. Deuda, vivienda y remunicipalización: la triada de incumplimientos de los ayuntamientos del cambio

Foto: ID.es

Estas semana se cumplían dos años desde la victoria electoral de las candidaturas “ciudadanas” o del “cambio” en las lecciones municipales. Las nuevas formaciones nacían como fruto de la confluencia entre formaciones de reciente creación, como Barcelona en Comú, Podemos o Ganemos Madrid, y la izquierda reformista tradicional, fundamentalmente IU y en el caso catalán ICV, ambas organizaciones con un pasado de cogobierno municipal con los social-liberales.

La victoria en las principales capitales inauguró el mandato de los conocidos como “ayuntamientos del cambio”. Unos consistorios que asumían con tres grandes promesas el bastón de mando: auditar y restructurar la deuda municipal que se considerara ilegítima, poner fin al drama social de los desahucios y al problema de vivienda y acabar con los grandes negocios de aquellas empresas que se vienen lucrando con la gestión de los servicios públicos externalizados por medio de su remunicipalización.

En el ecuador de su mandato queremos hacer un repaso sobre qué ha quedado de aquellas promesas tomando como ejemplo tres de los principales gobiernos municipales, Madrid, Barcelona y Zaragoza.

Deuda, de la auditoría a los “campeones” del pago.

Hasta la fecha solamente el Ayuntamiento de Madrid ha llevado adelante algo parecido a la prometida auditoría ciudadana. Decimos parecido porque en su realización no ha existido ningún tipo de participación de sindicatos o usuarios tal y como se prometía en campaña. En Zaragoza el equipo municipal quiere llevarla a cabo en una comisión municipal en la que el PP y el PSOE tendrían la mayoría, es decir los dos principales responsables de su vertiginoso aumento por encima de los 1.000 millones en los años previos a la Expo. El caso de Barcelona es un tema del que ni se habla, y es entendible. Los ediles de EUiA y ICV que son parte de Barcelona en Comú tendrían que responder por los gobiernos municipales del PSC de los que fueron parte durante más de tres décadas, los principales responsables de la deuda municipal misma.

La Auditoría de Carmena, publicada en marzo de este año, no reveló ninguna gran novedad reseñable, básicamente que entre 2002 a 2012 la deuda pasó de 1.130 millones a 7.730, algo comprobable con acudir a los Presupuestos municipales publicados año tras año. Las principales novedades fueron algunos indicios de subcontratación inadecuada, el aumento de las externalizaciones y algunas a inversiones no justificadas, nada muy lejos de lo que se viene publicando desde hace años. Pero lo más importante para el objeto de este artículo, medir el cumplimiento de sus promesas, es que ninguno de estos datos ha sido utilizado para fundamentar alguna política que revertiese las consecuencias de la gestión de Gallardón y Botella.

De hecho Manuela Carmena y su equipo vienen presumiendo de ser el gobierno que más deuda ha pagado, es decir, que de no pagar la “ilegítima” ni palabra. Concretamente en los dos años de mandato se han abonado a los acreedores 816 millones en 2015 y 1.074 en 2016. Colau por su parte ha rebajado la deuda municipal en 136 millones en 2015 y no la ha incrementado en 2016, si bien sí que abonó en ese ejercicio 196 millones para el pago de vencimientos e intereses. En el caso de Zaragoza fueron 68 millones en 2015 y 80 en 2016.

La demanda del “no debemos, no pagamos”, que fue una de las principales reivindicaciones del 15M o de las Marchas de la Dignidad de 2014 -y volverá a serlo este sábado en Madrid-, se ha convertido en un “pecado de juventud” para los ayuntamientos del cambio.

Una opción, la de seguir dedicando cientos de millones de euros a pagar a los acreedores de deuda, que explica que los tan prometidos planes de emergencia social sigan a la espera y que, en consecuencia, los datos de pobreza e insuficiencia de servicios públicos en estas grandes ciudades sigan sin resolverse. Sirva como dato que solo en Zaragoza en estos dos años el fenómeno del chabolismo se ha incrementado en un 53% o que, según el mismo Ayuntamiento de Barcelona, los 6 barrios más pobres de la ciudad lo son más en 2016 que un año antes.

Vivienda: desahucios, gentrificación y falta de vivienda pública.

Este es sin duda el punto más sentido y que más ampollas ha levantado entre muchos de los que vivieron con ilusión la llegada de los nuevos ayuntamientos. La vinculación de muchos de los nuevos regidores, y la misma alcaldesa de Barcelona, con movimientos como la PAH, fue vista como una “garantía” de solución al grave problema de la vivienda. Sin embargo la vía propuesta para abordar la cuestión llevaba directamente a la más absoluta de las impotencias: la mediación y negociación con la banca y los grandes propietarios de vivienda.

Ni para terminar con los desahucios, ni mucho menos para ampliar la oferta de vivienda pública, las mesas con estos buitres han dado resultado. En las tres ciudades las cifras de desahucios siguen siendo brutales. En Madrid en torno a 300 al mes, lo que ha llevado a la PAH ha criticar abiertamente al consistorio. En Barcelona son 7 al día y en Zaragoza 396 en 2016. Cifras muy parejas que las existentes antes de mayo de 2015. La banca sigue ganando y hasta el momento no se ha tomado ninguna medida para que deje de hacerlo, ni siquiera en materia de grandes impuestos, tasas o sanciones, exceptuando algunos casos aislados con mucho más bombo mediático que efecto en los balances de las entidades.

Esto va ligado al problema de la vivienda pública. El pago de la deuda merma recursos para toda iniciativa ofensiva en este terreno. En Zaragoza no se ha construido ni una sola y en Barcelona 150. En Madrid se han planificado 4.200, que aún siendo cifras elevadas están aún lejos de cubrir si quiera las solicitudes de vivienda de alquiler social, que solo en el caso de la capital superan las 9.000.

Son cifras que contrastan con el abultado parque de vivienda en manos de la banca fruto de las ejecuciones hipotecarias, solamente en Barcelona disponen de más de 2.000 según la PAH. Una gran masa de inmuebles, en su mayoría vacíos. sobre los que en campaña se proponían actuaciones que iban hasta incluso la expropiación. De aquello nada queda, Colau, Carmena y Santiesteve han dejado cualquier coqueteo expropiador y se han limitado a mesas de negociación y en el caso de Zaragoza a un plan de incentivos para promover el alquiler de los pisos de pequeños y medianos propietarios de vivienda.

Con todo esto el problema de la vivienda está muy lejos de mejorar respecto a 2015. De hecho en Madrid y Barcelona viene empeorando sensiblemente a caballo del incremento del mercado de los pisos turísticos. Solo en la capital catalana en los últimos 2 años los precios del alquiler subieron un 28%, con picos del 50 y el 60% en algunos barrios en pleno proceso de gentrificación. Hoy pues, acceder al derecho a la vivienda para los sectores más humildes de la ciudad es todavía más difícil que cuando la portavoz de la PAH asumió el bastón de alcaldesa.

¿Reminicipa... qué?

Pero si hay un apartado del programa que ha quedado incumplido es todo el referido a la lucha contra las grandes empresas y la precariedad laboral. La principal demanda de los trabajadores de servicios como el transporte, la limpieza viaria y servicios y equipamientos municipales es poner fin y revertir toda la oleada de privatizaciones de las últimas décadas. Volver a trabajar para el consistorio, acabar con lo negocios milmillonarios de pulpos como FCC, Acciona o CLESE, conseguir unas condiciones laborales mejores y servicios al servicio de la mayoría social y no los accionista. La consigna de remunicipalización fue también levantada por estas candidaturas en campaña, para quedar después inmediatamente apartada una vez en el poder.

De los tres consistorios podemos contar con los dedos de la mano los casos de remunicipalización. Uno de ellos ha sido de BiciMad, denunciado como un rescate encubierto a la contratista. Ningún ejemplos a imitar.

Los grandes servicios como la limpieza viaria o recogida de basuras, siguen en manos de multinacionales, bien porque se han negado a romper los contratos -a pesar de los incumplimientos- o bien porque al caducar las concesiones se les han renovado o adjudicado a otras empresas. Este último fue el caso de los más de 2.000 trabajadores de atención domiciliaria de Barcelona, que hoy trabajan para entre otras la firma de Florentino Pérez CLECE. En muchos casos, como los socorristas de las playas de esta ciudad, el cambio de contrata vino acompañado de rebajas salariales y de condiciones.

Otras reivindicaciones obreras han quedado también en le estacada. La primera en hacerlo fue Colau con el incumplimiento del “compromiso de las escaleras” y el apoyo, antes de asumir y en plena huelga de Movistar, del Mobile World Congres. Ella también fue pionera en enfrentar, junto a su regidora de transporte Mercedes Vidal, de EUiA, a la huelga del metro, que continua cada lunes, contra la precariedad laboral y por la defensa de un mejor convenio. Por no hablar del mantenimiento en los tres casos de la política de racismo institucional contra el “top manta”, que en el caso de Barcelona ha llegado incluso a mandar a la prisión a un mantero.

¿Del “Sí Se Puede” al “Es lo que hay”? ¡No! ¡Sí hay alternativa!

Seguramente lo expuesto en este artículo no sorprenderá a muchos. Desde los mismos ayuntamientos del cambio se viene desarrollando una activa política de comunicación para justificar su actuación. Desde la minoría en los plenos, el techo de gasto de Montoro, los límites legales a sus competencias o los compromisos previos establecidos antes del 2015. El nuevo reformismo, como el viejo, pretende así inculcar la resignación a un marco que no es el de los trabajadores y sectores populares, a las leyes y normas dictadas por esta democracia para ricos que fue cuestionada por millones con el “no nos representan”.

Sin embargo a 2 años de su llegada al poder, a 3 de la masiva manifestación de las Marchas de la Dignidad y a 6 del 15M, hay que recuperar el “Sí se puede” sacando las lecciones de todo este periodo. Si algo han demostrado quienes prometieron que gestionando las instituciones tal cual son se resolverían los grandes problemas sociales es lo utópico del programa reformista que no quiere tocar los intereses y beneficios de los grandes capitalistas.

No se puede resolver el drama de la vivienda sin expropiar a los grandes especuladores, no se puede combatir la precariedad laboral sin romper con la red de externalizaciones y subrrogando a todas las plantillas... y todo eso implica medidas que tocan sus beneficios, como negarse a seguir pagando la deuda, remunicipalizar todos los servicios públicos y un plan de expropiación y habitación de todo el parque de viviendas en manos de la banca y grandes propietarios urbanos. Medidas que recluidas al marco de la gestión municipal son imposibles, pero que desarrollando la organización y moviliziación social se podrían conquistar, algo a lo que se niegan tajantemente desde la nueva izquierda reformista.

Dos años de gobiernos del cambio dejan una larga lista de promesas incumplidas y desilusiones. Que esto no se transforme en “desencanto”, abono de más retrocesos y fenómenos aberrantes por derecha, depende de si la izquierda que se reivindica anticapitatalista empieza a poner en pie una alternativa anticapitalista, de clase y basada en la movilización social. La manifestación de este sábado en Madrid de las Marchas de la Dignidad será una buena oportunidad en esta dirección.